CIUDAD DE MÉXICO.-Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, senador y dirigente nacional del PRI, sigue sujeto a un procedimiento legislativo derivado de una solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Campeche. El expediente se vincula con un presunto desvío de 83 millones 508 mil pesos durante su administración como gobernador del estado, entre 2015 y 2019, y mantiene abierto un frente político y judicial que no ha sido resuelto en definitiva.
La petición fue presentada el 23 de julio de 2025 y acusa presuntos delitos de peculado y uso indebido de atribuciones. Según la información conocida del expediente, las indagatorias se apoyan en cuatro carpetas relacionadas con contrataciones y pagos que, presuntamente, no contaron con respaldo documental o material suficiente. Esa circunstancia explica la relevancia del caso, pero no sustituye una resolución judicial: por ahora se trata de señalamientos en revisión, no de una sentencia ni de una declaración de responsabilidad penal.
Una ruta legislativa aún abierta
El procedimiento permanece en análisis de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, que aún no emite una resolución definitiva sobre la petición vigente. De acuerdo con información publicada este 14 de agosto, el órgano legislativo había solicitado documentación adicional a las autoridades de Campeche, lo que mantiene el expediente pendiente de resolución. En términos prácticos, eso significa que el caso no ha agotado su trámite y que el eventual retiro del fuero depende todavía de una decisión política-jurídica dentro del Congreso.
Moreno ha rechazado de forma reiterada los señalamientos y sostiene que las investigaciones impulsadas desde Campeche forman parte de una persecución política. También ha dicho que cuenta con resoluciones judiciales favorables en procedimientos previos. Esa defensa es relevante porque el caso no se define solo en el terreno penal, sino también en el de la disputa pública: cada avance procesal reordena la discusión sobre el alcance de las investigaciones locales y sobre el papel del fuero constitucional en casos de alta exposición.
La solicitud de 2025 y el antecedente de 2022
La petición actual no debe confundirse con la primera solicitud de declaración de procedencia presentada en 2022 por la misma fiscalía anticorrupción de Campeche. El informe de actividades de la Comisión Jurisdiccional de la Cámara de Diputados establece que el 1 de agosto de 2025 los integrantes de la Sección Instructora aprobaron por unanimidad declarar sin materia aquella primera solicitud, decisión que después fue publicada en la Gaceta Parlamentaria. El expediente vigente responde a una ruta distinta y se centra específicamente en el presunto manejo irregular de 83.5 millones de pesos.
La distinción es importante porque evita mezclar procedimientos con origen, alcance y estatus diferente. La primera solicitud quedó archivada, pero eso no cerró el asunto de fondo; la nueva petición reactivó la discusión bajo otro expediente y sobre otros elementos probatorios. En este punto, el caso muestra cómo una misma figura política puede enfrentar varios frentes simultáneos, con cronologías separadas y efectos procesales distintos.
El fuero, la FGR y lo que falta por resolver
Parte de la confusión pública proviene de que en 2022 también se reportó una investigación de la Fiscalía General de la República relacionada con Moreno, en la que se mencionaron posibles delitos como tráfico de influencias, desvío de fondos federales, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y fraude fiscal. Sin embargo, esa indagatoria federal debe diferenciarse de la solicitud de desafuero por 83.5 millones de pesos promovida por la fiscalía de Campeche. La presidenta Claudia Sheinbaum ubicó el 13 de agosto de 2026 el procedimiento actualmente discutido en el ámbito de esa fiscalía y del Congreso, por lo que no es correcto atribuirlo directamente a la FGR.
La secuencia jurídica también importa. Primero, la fiscalía reúne y presenta elementos de investigación; después, la Cámara de Diputados decide si procede retirar la inmunidad procesal; finalmente, si el fuero se levanta, correspondería a las autoridades judiciales determinar responsabilidades. Ninguno de esos pasos equivale por sí mismo a una culpabilidad, y menos aún a una sanción definitiva. Por ahora, lo único establecido es que la solicitud vigente sigue en análisis y que el desenlace depende de la continuidad del procedimiento legislativo.
El caso volvió a cobrar visibilidad tras detenciones recientes de personas vinculadas con el entorno político y administrativo de Moreno durante su periodo como gobernador, entre ellas Luis Antonio Espinosa Campos, relacionado profesionalmente con Emigdio Gabriel Moreno Cárdenas, hermano del dirigente priista, y Carlos Alberto Medina Hernández, exfuncionario de Comunicación Social del gobierno de Campeche. Ambos aparecen en investigaciones estatales por presuntos desvíos de recursos, pero su situación debe ser determinada por las autoridades competentes. En ese contexto, la presión sobre Moreno crece no por una resolución cerrada, sino porque el expediente sigue vivo y el Congreso aún debe definir si el fuero permanece intacto o no.
