El almacenamiento estratégico de gas natural ha regresado a la agenda energética mexicana con mayor fuerza. El Programa Sectorial de Energía 2025-2030 contempla acciones concretas para desarrollar infraestructura de este tipo, mientras que el Programa Institucional 2026-2030 de CENAGAS prevé evaluar proyectos que permitan constituir inventarios gestionados por el Estado. Esta necesidad no surge de manera repentina: ya en 2018 se fijó la meta de alcanzar cinco días de almacenamiento, objetivo que ahora se actualiza ante el crecimiento de la infraestructura de gasoductos y el posicionamiento de México como plataforma de comercio de gas natural licuado.
De 2,5 a 10 días de reservas
El Plan Quinquenal de CENAGAS, presentado en noviembre de 2025, busca elevar las reservas desde aproximadamente 2,5 días hasta al menos 10 días. Este salto requiere tanto infraestructura estratégica como inversión mixta. El contexto actual, marcado por la ampliación de la red de gasoductos hacia 2030, hace más evidente la ausencia de capacidad de almacenamiento interno que permita responder a interrupciones de suministro o picos de demanda sin depender exclusivamente del flujo diario.
La relevancia del gas natural en la generación eléctrica, los procesos industriales y los servicios estratégicos otorga al almacenamiento un papel de respaldo sistémico. Sin inventarios adecuados, cualquier interrupción en los ductos o variación brusca de precios puede traducirse en costos elevados para la industria y en riesgos para la confiabilidad del sistema eléctrico.
Costos según tecnología
El rango de inversión sigue siendo el estimado por el Instituto Mexicano para la Competitividad en ejercicios previos: entre 428,3 y 2.594,9 millones de dólares, según se utilicen yacimientos agotados, cavernas salinas o acuíferos confinados. David E. Rosales, socio director de Elevation Ideas, señala que los yacimientos agotados ofrecen mejores economías de escala para proyectos grandes, mientras que las cavernas salinas resultan más eficientes en desarrollos de menor tamaño. Estos montos deben considerarse como referencia histórica, pues los proyectos que CENAGAS evalúa hacia 2030 requerirán actualizaciones técnicas y presupuestales específicas.
¿Quién paga la infraestructura?
El financiamiento plantea una pregunta central. Rosales propone que el almacenamiento se entienda como un bien público del sistema: CENAGAS licitaría los proyectos y la autoridad reguladora autorizaría la recuperación gradual de recursos a través de tarifas aplicadas a todos los usuarios. Este esquema evitaría que el costo recaiga exclusivamente sobre el Estado o sobre un solo segmento de la cadena, distribuyendo la carga entre generadores, industriales y consumidores finales.
La analogía de Rosales resulta útil: el almacenamiento opera como un seguro energético del que México carece casi por completo. Sin esa protección, la expansión de gasoductos y la mayor dependencia del gas natural para generación eléctrica quedan expuestas a eventos de oferta o demanda imprevistos.
Seguridad energética y competitividad
Miriam Grunstein, socia fundadora de Brilliant Energy Consulting, considera que ha llegado el momento de priorizar el almacenamiento estratégico. Su urgencia deriva de la necesidad de amortiguar interrupciones, programar mantenimientos sin afectar el suministro y responder con flexibilidad a variaciones del mercado internacional. En un país donde el gas natural representa una porción creciente de la matriz energética, la falta de reservas internas limita la capacidad de negociación y aumenta la vulnerabilidad ante choques externos.
El desarrollo de esta infraestructura no puede verse de forma aislada. Forma parte de una estrategia integral que vincula la ampliación de ductos, el impulso al gas natural licuado y la confiabilidad del sistema eléctrico. Avanzar simultáneamente en almacenamiento permitiría que las inversiones en transporte rindan mayor beneficio al reducir riesgos operativos y mejorar la resiliencia regional.
El almacenamiento estratégico constituye, por tanto, el eslabón que falta para consolidar un sistema energético capaz de sostener la competitividad industrial y el desarrollo regional con mayor estabilidad frente a contingencias.
