Prórroga y choque político
La extensión hasta 2030 de la central de Almaraz ha reactivado de lleno el debate sobre el cierre nuclear en España. La decisión del Gobierno, impulsada por Transición Ecológica, altera el calendario pactado en 2019 y reabre una discusión que ya no es solo energética: también compromete la cohesión de la coalición y el cumplimiento del plan de descarbonización.
Sumar y los ecologistas ven la prórroga como un error estratégico que retrasa la transición renovable. En cambio, el sector eléctrico, el PP y Vox la presentan como una rectificación necesaria para asegurar suministro y evitar más tensión en el sistema. El fondo del conflicto es claro: España mantiene siete reactores que aportan cerca del 20 % de la electricidad, y cualquier cambio en su cierre impacta en precios, seguridad y autonomía energética.
El choque de posiciones deja una conclusión incómoda para el Ejecutivo: Almaraz ya no es solo una planta, sino la prueba de hasta dónde puede sostenerse el calendario nuclear sin romper el equilibrio entre política climática, estabilidad eléctrica y alianzas parlamentarias.
