Las tarifas de electricidad en Nicaragua han subido de forma sostenida y ya están alterando decisiones básicas de consumo e inversión en hogares y pequeños negocios. En Managua, familias que operan pulperías desde sus casas han optado por limitar su oferta para evitar más equipos de refrigeración y contener una factura que, en algunos casos, pasó de 1,200 córdobas a más de 2,000 al mes, según datos citados por Confidencial.digital.
El caso refleja un efecto más amplio: el encarecimiento del servicio no solo presiona el gasto mensual, sino que modifica la estructura misma de los negocios, al volver menos rentable ampliar inventarios o incorporar productos perecederos. En vez de crecer, varios emprendedores están ajustando horarios, reduciendo la variedad de mercancías o priorizando artículos que demandan menos energía.
Menos productos, menos riesgo
Sergio, quien vive con su familia en un barrio oriental de la capital, administra una pulpería dentro de su vivienda. Su gasto energético se concentra en la refrigeradora familiar y en una mantenedora pequeña, indispensables para bebidas y algunos productos básicos. Para sostener el negocio, la familia redujo el uso doméstico del equipo principal y lo reservó casi por completo para la venta.
La lógica comercial es estricta. Vender carne, queso u otros perecederos implicaría comprar un tercer equipo de refrigeración y absorber una factura aún mayor. Sergio explicó que la electricidad se ha convertido en una variable decisiva para no escalar: el negocio se mantiene en un tamaño que pueda soportar sus costos fijos, aun si eso limita la demanda de los clientes y frena nuevas líneas de producto.
La familia, integrada por tres generaciones, incluso distribuye internamente el costo del recibo, con un subsidio parcial desde los ingresos de Sergio. Ese arreglo doméstico ilustra cómo el alza tarifaria se traslada del plano empresarial al familiar, mezclando gasto del hogar y gasto productivo en operaciones muy pequeñas, donde la frontera entre ambas cosas suele ser difusa.
Un sistema con costos acumulados
El economista Marco Aurelio Peña atribuye parte del problema a la estructura del mercado eléctrico, en la que el Estado tiene alta participación en las comercializadoras Disnorte y Dissur. A su juicio, la burocracia interna encarece la operación y termina afectando al usuario final. Además, los pequeños emprendedores enfrentan al mismo tiempo impuestos, tasas de interés elevadas y una tarifa que no incentiva la expansión.
Juan Sebastián Chamorro añade otro elemento: la obsolescencia de la red de alto y bajo voltaje. Según su análisis, el sistema nicaragüense registra fugas y pérdidas técnicas que superan en varias veces las de Costa Rica y el resto de Centroamérica. Esa ineficiencia, unida a un pliego tarifario diseñado en una etapa de escasez de generación, ayuda a explicar por qué el mayor consumo paga más caro por kWh.
También influye la política de remunerar la potencia instalada de las generadoras aunque no estén produciendo, un esquema que traslada costos al recibo final. En la práctica, el usuario paga por una infraestructura que no siempre opera al máximo y por pérdidas que no controla. Para los negocios de menor escala, el resultado es un techo más bajo para crecer.
Ajustes en restaurantes y mercado informal
El impacto no se limita a las pulperías. Guillermo, dueño de un restaurante, reporta pagos mensuales de entre 25,000 y 35,000 córdobas, aun sin usar aire acondicionado y dependiendo de terrazas y abanicos de techo para refrescar el ambiente. Su mayor consumo proviene de exhibidores, congeladores y otros equipos eléctricos de cocina, una carga que condiciona el menú y la estrategia de ventas.
Por eso instruye a su personal a impulsar comida, vino y licores, pero no cerveza, que se vende con mayor facilidad y deja menos margen. La decisión combina cálculo comercial y ahorro energético: algunos productos atraen clientes, pero requieren más refrigeración o reducen la rentabilidad. Guillermo describe el precio de la electricidad como “un abuso extremo”, aunque descarta conectarse de manera ilegal.
Chamorro respalda esa posición y advierte que el fraude energético tampoco resuelve el problema de fondo. El consumo no registrado, señala, termina distribuyéndose entre los usuarios que sí pagan, sin reducir el costo estructural del servicio. En ese contexto, el aumento de la tarifa no solo encarece la operación: está reordenando la forma en que una parte de la economía informal y de la pequeña empresa decide qué vender, cuánto invertir y hasta dónde crecer.
