La niña venezolana Amaia Landaeta Machado, de seis años, fue localizada sin vida el 3 de julio en la morgue provisional instalada en los silos del puerto de La Guaira. Su familia la buscó durante ocho días en hospitales y refugios tras los terremotos del 24 de junio. Gonzalo Himiob, defensor de derechos humanos, confirmó el hallazgo y señaló que los familiares mismos dieron con el cuerpo.
Según el relato de su madre, Ana Cecilia Machado, Amaia fue rescatada en Punta de Mulatos y derivada al Hospital de Pariata, pero su rastro desapareció de los registros. El caso revela una brecha crítica: la ausencia de protocolos de identificación que permitan seguir el trayecto de un menor desde el punto de rescate hasta el depósito de cadáveres.
El descontrol en los traslados
El gobierno elevó a 2.645 los fallecidos y 12.666 los heridos. UNICEF calcula que 680.000 niños requieren asistencia inmediata. La falta de un sistema unificado de registro permitió que el cuerpo de Amaia permaneciera sin vincular durante más de una semana, pese a las búsquedas activas de su familia. Este vacío no es solo administrativo: deja expuesta la vulnerabilidad de los menores cuando los adultos que los acompañan mueren o quedan incomunicados.
Lo que aún falta aclarar
No existe informe oficial sobre la causa de la muerte ni sobre quién recibió a la niña tras el rescate. La familia recorrió centros de Catia La Mar y Maiquetía sin éxito. Mientras UNICEF amplía su respuesta con suministros médicos y planes de reunificación familiar, el caso de Amaia demuestra que la cadena de custodia de información sigue siendo el eslabón más débil de la emergencia.
