El anuncio de revisiones anuales al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá generó preocupación inmediata entre el sector empresarial. El vicepresidente ejecutivo de la American Chamber of Commerce of Mexico, Pedro Casas Alatriste, advirtió que la falta de reglas precisas sobre el alcance de estas revisiones podría elevar la incertidumbre para las empresas que operan en la región, aun cuando el tratado ya cuenta con una extensión hasta 2036.
La declaración se produjo durante una videoconferencia en la que Casas Alatriste subrayó la necesidad de establecer límites claros antes de que comience el primer ciclo de revisiones. Según el directivo, si cada revisión anual se convierte en un debate abierto sobre el contenido del acuerdo, la estabilidad jurídica que requiere la planeación de inversiones a largo plazo se vería comprometida.
Contexto de la extensión del tratado
El T-MEC fue renegociado entre 2017 y 2019 y entró en vigor el 1 de julio de 2020. Su cláusula de revisión original preveía una primera evaluación integral en 2026. Sin embargo, las partes acordaron recientemente que el tratado permanecerá vigente hasta 2036, lo que proporciona un horizonte de diez años para proyectos de inversión. Esta extensión fue vista inicialmente como un factor de certidumbre, pero el anuncio simultáneo de revisiones anuales modificó esa percepción.
La periodicidad anual introduce un elemento nuevo en la arquitectura del tratado. A diferencia de la revisión de 2026, que estaba prevista como un ejercicio único, las revisiones anuales carecen por ahora de un mandato específico sobre qué aspectos pueden modificarse y cuáles permanecen fuera de discusión. Esta ambigüedad es la que Amcham busca resolver con la mayor rapidez posible.
Propuestas para limitar la incertidumbre
Casas Alatriste planteó cuatro elementos que deberían definirse antes del inicio del primer ciclo de revisiones: el objetivo principal de cada revisión, el procedimiento concreto que se seguirá, los plazos exactos y el mecanismo mediante el cual se implementarían eventuales cambios. El directivo estimó que, mientras más pronto se aclaren estos puntos, menor será el impacto en las decisiones de inversión.
Una de las sugerencias centrales es que las revisiones se centren exclusivamente en la implementación del acuerdo y no en la renegociación de sus términos. Casas Alatriste señaló que una renegociación anual equivaldría a cambiar las reglas del juego cada año, lo que generaría un escenario que calificó de catastrófico para la planeación empresarial. En contraste, una revisión limitada a verificar el cumplimiento de las obligaciones ya pactadas mantendría la estabilidad que el sector privado requiere.
Enfoque en industrias estratégicas
Otra recomendación consiste en acotar desde el principio las industrias estratégicas que podrían ser objeto de atención durante las revisiones anuales. Al definir de antemano qué sectores serán revisados, se reduciría el riesgo de que cualquier industria quede expuesta a cambios inesperados. Esta delimitación también permitiría concentrar recursos técnicos y diplomáticos en los temas de mayor relevancia para la competitividad regional.
El planteamiento de Amcham coincide con la postura expresada por el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, quien ha señalado que el éxito económico de cada país contribuye al éxito de los demás. Esta visión de beneficio mutuo ofrece un margen para construir acuerdos que preserven el marco jurídico actual mientras se atienden temas específicos de implementación.
Implicaciones para la inversión regional
La certidumbre jurídica es un factor determinante en las decisiones de inversión de mediano y largo plazo. Empresas que contemplan proyectos de infraestructura, expansión de plantas o desarrollo de cadenas de suministro necesitan saber que las condiciones regulatorias no cambiarán abruptamente. El marco de diez años hasta 2036 proporciona esa visibilidad, pero solo si las revisiones anuales no se convierten en vehículos para modificar sustancialmente el tratado.
La experiencia de la renegociación original del T-MEC demostró que los periodos prolongados de incertidumbre pueden retrasar o cancelar proyectos. En esa ocasión, la negociación duró más de dos años y generó múltiples rondas de ajustes en las cadenas de valor. Una dinámica similar repetida anualmente tendría efectos acumulativos más severos sobre la competitividad de América del Norte frente a otras regiones.
La propuesta de Amcham busca precisamente evitar esa repetición. Al establecer reglas claras y limitar el alcance de las revisiones a la verificación de implementación, el tratado mantendría su carácter de instrumento estable sin sacrificar la posibilidad de ajustar aspectos operativos cuando sea necesario.
