La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) ha pedido a los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá que actúen con rapidez para asegurar la extensión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). El llamado surge tras el anuncio estadounidense de no renovar el acuerdo en su forma actual, lo que genera incertidumbre en un sector que depende de la estabilidad comercial trilateral construida durante más de tres décadas.
Antecedentes de la integración económica regional
El origen de esta integración se remonta al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) firmado en 1994. Aquel acuerdo transformó la industria automotriz al permitir que las cadenas de valor se extendieran sin barreras arancelarias significativas entre los tres países. Empresas como General Motors, Ford y Volkswagen establecieron plantas de ensamblaje en México que complementan la producción en Michigan o Ontario. Esta estructura permitió que un vehículo pudiera cruzar varias fronteras durante su fabricación, reduciendo costos y elevando la competitividad frente a Asia.
En 2020, el T-MEC sustituyó al TLCAN e introdujo reglas de origen más estrictas para el sector automotriz, exigiendo que el 75 % del valor de un vehículo provenga de la región. Aunque estas disposiciones buscaban fortalecer el empleo en Estados Unidos, también consolidaron la interdependencia existente. La industria mexicana exportó en 2024 más de 3.2 millones de vehículos ligeros, de los cuales aproximadamente el 80 % tuvo como destino el mercado estadounidense.
El peso de los aranceles Section 232 y la pérdida de certidumbre
El anuncio estadounidense coincide con la vigencia de aranceles bajo la Sección 232, que gravan importaciones de acero y aluminio. México ha quedado en desventaja frente a otros proveedores que lograron exenciones o cuotas. Esta situación encarece los componentes que llegan a las plantas mexicanas y reduce el margen de maniobra de los fabricantes establecidos en el país. La AMIA advierte que la falta de claridad sobre el futuro del tratado amplifica estos efectos, pues las empresas postergan decisiones de inversión hasta contar con reglas claras.
Históricamente, cada periodo de renegociación ha provocado una contracción temporal en la producción. Durante las pláticas de 2017-2018, varias armadoras retrasaron expansiones en Aguascalientes y Guanajuato. Un escenario similar podría repetirse si los gobiernos no activan pronto los mecanismos de revisión previstos en el propio T-MEC o crean mesas de negociación paralelas.
Impactos en el empleo y las cadenas de suministro
El sector automotriz mexicano genera alrededor de 1.1 millones de empleos directos e indirectos. Una interrupción prolongada de la certidumbre comercial afectaría no solo a los trabajadores de las plantas de ensamblaje, sino también a proveedores de primer y segundo nivel en estados como Coahuila, Nuevo León y Puebla. La experiencia de 2008-2009 demostró que una caída en la demanda estadounidense puede reducir la producción mexicana hasta en un 30 % en pocos meses.
Además, la integración regional ha permitido que empresas canadienses suministren componentes especializados mientras México aporta ensamblaje de alto volumen. Romper esta cadena obligaría a las firmas a reconfigurar proveedores, elevando costos logísticos y tiempos de entrega. Algunos analistas estiman que un retorno a aranceles pre-TLCAN podría incrementar el precio final de un vehículo compacto en el mercado estadounidense entre 800 y 1 200 dólares.
Consecuencias a largo plazo para la competitividad regional
La falta de continuidad del T-MEC podría acelerar la relocalización de inversiones hacia Asia o Europa del Este, donde los costos laborales siguen siendo competitivos y los acuerdos comerciales con Estados Unidos presentan menos fricciones políticas. Países como Vietnam han captado ya parte de la producción de componentes electrónicos que antes se fabricaban en la región de América del Norte.
Por otro lado, un proceso de renegociación bien conducido podría modernizar el tratado en temas pendientes como comercio digital, propiedad intelectual y estándares ambientales. La AMIA ha expresado su disposición a colaborar con el gobierno mexicano en la búsqueda de soluciones que satisfagan las preocupaciones estadounidenses sin sacrificar la integración productiva. Los mecanismos de solución de controversias ya existentes en el tratado ofrecen una vía institucional para resolver desacuerdos sin llegar a la suspensión del acuerdo.
El desenlace de este episodio definirá no solo el futuro inmediato de la industria automotriz, sino también la capacidad de América del Norte para mantener una plataforma manufacturera integrada frente a competidores globales. La rapidez con la que los tres gobiernos activen el diálogo determinará si la región conserva su posición o cede terreno en la cadena de valor mundial del automóvil.
