El Senado argentino debatirá este jueves el proyecto de “inviolabilidad de la propiedad privada”, impulsado por el Gobierno de Javier Milei. La iniciativa busca reducir restricciones sobre la propiedad, modificar los procedimientos de desalojo y expropiación y ofrecer mayor seguridad jurídica para atraer inversiones. Si obtiene la aprobación, pasará a la Cámara de Diputados.
El punto más controvertido es la reforma de la ley de tierras rurales, que ampliaría el acceso de personas y empresas extranjeras a la compra de terrenos. El texto original eliminaba el límite vigente del 15% para la propiedad extranjera a escala nacional, provincial y municipal. Ante el rechazo opositor y la amenaza de una derrota parlamentaria, el Ejecutivo modificó su propuesta y elevó el máximo permitido al 25%, una concesión que no desactiva el conflicto.
Una disputa que excede el porcentaje
Organizaciones sociales, sindicales, ambientales, universitarias y partidos opositores marcharán frente al Congreso bajo el lema “La patria no se vende”. El Observatorio de Tierras de la Universidad de Buenos Aires sostiene que el proyecto expone bienes comunes a una lógica de mercado sin salvaguardas suficientes y advierte sobre la falta de límites específicos en zonas fronterizas, ribereñas o con recursos hídricos.
El debate no se reduce al tope nacional. Según el Observatorio, 13,2 millones de hectáreas ya están en manos extranjeras, una superficie comparable a la de Grecia o Nicaragua. Aunque los límites nacionales y provinciales no superarían actualmente el 15%, existen 36 jurisdicciones municipales o departamentales que sí exceden ese porcentaje. Esa disparidad revela un problema de control territorial que el nuevo proyecto, según sus críticos, podría profundizar en lugar de resolver.
La modificación oficial muestra que el Gobierno necesita votos para avanzar con una reforma central de su agenda económica. Pero también desplaza la discusión desde la seguridad jurídica hacia la soberanía sobre la tierra: mientras el Ejecutivo la presenta como una vía para atraer capital, sus detractores temen que facilite una concentración extranjera difícil de revertir.
