El gobierno argentino implementó desde el 1 de julio un esquema de reducción progresiva de los derechos de exportación que afecta a cerca de mil productos manufacturados. La medida elimina de inmediato la alícuota para acero, aluminio, cobre, zinc, estaño y parte de la producción automotriz, mientras que para otros bienes como benceno, tolueno, metanol, polietileno, polipropileno y PVC se inicia una disminución gradual. Esta decisión marca un cambio concreto en la carga tributaria que hasta ahora oscilaba entre el 3 % y el 4,5 % para estas actividades.
Alcance inmediato sobre metales y cadena automotriz
La eliminación total de los derechos para productos químicos, metales industriales y componentes automotrices responde a la necesidad de mejorar la competitividad de sectores que enfrentan precios internacionales volátiles. Al reducir a cero la alícuota, los exportadores reciben un precio neto superior sin necesidad de esperar ajustes posteriores. Esta modificación afecta directamente a empresas que integran la cadena de valor del acero y el aluminio, así como a fabricantes de carrocerías, camiones y ómnibus. El efecto esperado es una mayor capacidad para reinvertir márgenes en tecnología y ampliación de capacidad instalada.
Reducción de productos gravados de 17.229 a 143
En 2025 ya se había eliminado el derecho de exportación para el 88 % de los bienes industriales. Con el nuevo calendario, para junio de 2027 solo 143 productos mantendrán algún tipo de gravamen, frente a los 17.229 que tributaban a fines de 2023. El cronograma establece que el 99 % de los aranceles desaparecerá en ese plazo. Esta progresión cuantificable permite a las empresas planificar inversiones con mayor certidumbre, ya que conocen de antemano el momento en que dejarán de pagar estos tributos. La reducción sostenida de la base imponible también simplifica la administración aduanera y reduce costos de cumplimiento para las firmas exportadoras.
Impacto en precios, inversión y empleo
Al mejorar los precios netos recibidos por los exportadores, la medida busca incentivar nuevas inversiones en sectores con potencial de crecimiento exportador. Históricamente, la carga tributaria elevada limitaba la rentabilidad de proyectos de expansión en petroquímica y fertilizantes. Con la reducción gradual, las empresas pueden destinar recursos adicionales a modernización de plantas y contratación de personal calificado. El gobierno vincula esta política con las negociaciones internacionales en curso para abrir mercados, de modo que la menor tributación interna se complemente con mayor acceso externo. Los resultados dependerán de la evolución de la demanda global y de la capacidad de las firmas para traducir el alivio fiscal en mejoras de productividad.
La secuencia de eliminaciones iniciada en 2025 y profundizada en 2026 refleja una estrategia de apertura comercial que prioriza la reducción de distorsiones tributarias sobre las exportaciones industriales. El número reducido de productos que quedarán gravados en 2027 indica que el foco se desplaza hacia un régimen más selectivo, concentrado en bienes que el Ejecutivo considera estratégicos o con menor exposición internacional. Esta transición gradual permite evaluar efectos sectoriales antes de completar la eliminación total.
