El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, adelantó que las reglas de operación del programa Obra Comunitaria serán modificadas este mismo año para permitir que los recursos estatales se destinen a la reparación de patrullas, ambulancias y otros equipos de seguridad pública en municipios y localidades rurales. El anuncio se realizó durante la entrega de apoyos del programa Seguridad para el Campo Poblano en el municipio de Chignahuapan, donde el mandatario estatal explicó que la normatividad vigente actualmente impide este tipo de inversiones.
Armenta sostuvo que la iniciativa surge tras conversaciones con el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, el vicealmirante Francisco Sánchez González, y responde a la necesidad de atender vehículos que permanecen fuera de servicio en distintas comunidades. El esquema de Obra Comunitaria, que ya permite a los habitantes definir las obras prioritarias, ampliará así su alcance sin alterar el principio de que sean las propias localidades las que identifiquen sus necesidades.
El programa Obra Comunitaria ha funcionado en Puebla como un mecanismo de asignación directa de recursos estatales a proyectos seleccionados por las comunidades, desde infraestructura básica hasta iniciativas de turismo rural. Hasta ahora, las reglas operativas excluían expresamente gastos relacionados con equipamiento policial o vehículos de emergencia, una limitación que el gobierno estatal busca eliminar para responder a demandas locales recurrentes.
Detalles de las modificaciones previstas
Según lo expuesto por el gobernador, las nuevas disposiciones permitirán rehabilitar patrullas que se encuentren abandonadas en ejidos, comisariados, inspectorías o rancherías. También se contempla la reparación de ambulancias, la instalación de cámaras de videovigilancia, el equipamiento de módulos policiales y la rehabilitación de oficinas de seguridad. Armenta enfatizó que cualquier patrulla que “se desveló y está tirada por ahí” podrá ser puesta en condiciones óptimas con recursos del programa.
El mandatario reconoció que legalmente estas responsabilidades corresponden a los ayuntamientos, pero señaló que el gobierno estatal brindará apoyo complementario para fortalecer las capacidades municipales en materia de seguridad. Esta postura busca evitar que la falta de recursos locales impida mantener en operación equipamiento esencial para la prevención del delito en zonas rurales.
Contexto del programa y proyecciones presupuestales
Obra Comunitaria ha mantenido un enfoque de participación ciudadana desde su implementación, con el Estado aportando el financiamiento mientras las comunidades definen las prioridades. El gobernador informó que el programa mantendrá su línea de apoyo al turismo comunitario y que para el próximo año se prevé una bolsa de dos mil millones de pesos. Las comunidades interesadas deberán preparar sus propuestas una vez que entren en vigor las nuevas reglas de operación.
La decisión de ampliar el programa coincide con un periodo en el que varios municipios poblanos han reportado dificultades para mantener sus flotas vehiculares debido a la falta de mantenimiento o recursos limitados. Al permitir que los propios habitantes soliciten la reparación de patrullas o ambulancias, el gobierno estatal busca reducir tiempos de respuesta y mejorar la presencia policial en localidades alejadas de las cabeceras municipales.
Reacciones y consideraciones operativas
Hasta el momento, el anuncio no ha generado posturas públicas contrarias por parte de organizaciones municipales o de la oposición. Sin embargo, especialistas en administración pública local han señalado que será necesario establecer mecanismos claros de supervisión para evitar que los recursos se concentren únicamente en la reparación de vehículos y se mantenga el equilibrio con otras necesidades comunitarias como caminos, agua o espacios públicos.
El vicealmirante Francisco Sánchez González participó en las pláticas iniciales sobre el tema, lo que indica coordinación entre la Secretaría de Seguridad Pública y la administración estatal para definir los criterios técnicos que regirán las solicitudes de reparación. Se espera que las modificaciones normativas se publiquen en las próximas semanas para que las comunidades puedan presentar proyectos antes de que concluya el año.
El esquema propuesto mantiene el principio de que las decisiones finales sobre el uso de los recursos recaigan en las asambleas comunitarias, lo que podría facilitar la identificación de necesidades reales en cada localidad. Al mismo tiempo, el aumento presupuestal proyectado para 2027 representa un reto logístico para la ejecución oportuna de las obras y la rendición de cuentas sobre los fondos asignados.
La medida refleja una tendencia en varios estados mexicanos a flexibilizar programas de participación ciudadana para atender temas de seguridad que tradicionalmente han quedado fuera del alcance de este tipo de esquemas. En el caso de Puebla, la combinación de recursos estatales con decisiones locales busca responder de manera más ágil a problemas concretos como la inmovilización de patrullas por falta de refacciones o mantenimiento.
