La primera licitación de espectro industrial diseñada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones nace con una paradoja de fondo: busca abrir un mercado nuevo para la conectividad productiva, pero lo hace con reglas que, según las principales organizaciones del sector, pueden dejar fuera a quienes mejor podrían operarlo. La discusión no es menor. En juego está la banda de 2.3 GHz, un recurso que puede servir tanto para redes dedicadas en fábricas, minas, puertos y corredores logísticos, como para reforzar capacidades en redes móviles públicas. El modo en que la CRT trace esa frontera definirá si México construye un ecosistema amplio de conectividad industrial o un esquema restringido, con riesgo de subasignación y poca competencia real.
El reclamo de ASIET, GSMA y Canieti llega en un momento sensible para la política de espectro. Tras años de debates sobre cobertura, inversión y calidad de servicio, el regulador intenta usar una licitación para acelerar la digitalización de sectores productivos que dependen cada vez más de latencia baja, continuidad operativa y control fino de procesos. La ambición es comprensible: manufactura avanzada, minería conectada, agroindustria y logística no sólo necesitan más datos, sino redes confiables y flexibles. El problema es que la herramienta elegida parece combinar objetivos distintos sin resolver del todo sus tensiones. Por un lado, busca impulsar conectividad industrial; por otro, impone topes y condiciones que podrían desalentar a los operadores con más infraestructura y experiencia.
El punto más delicado es el límite de acumulación de espectro de 20%. En teoría, esa regla pretende evitar concentración excesiva y abrir espacio a nuevos participantes. En la práctica, según los cálculos citados por ASIET, Telcel y AT&T quedarían excluidos de facto por su tenencia agregada en las bandas consideradas por la CRT. Más allá del caso concreto, el efecto regulatorio sería más profundo: una subasta que nace para ampliar opciones terminaría reduciendo el universo de postores con músculo técnico y financiero suficiente para desplegar infraestructura a escala. Cuando el diseño excluye a los actores con mayor capacidad, el mercado no se vuelve necesariamente más competitivo; a menudo sólo se vuelve más frágil.
La objeción de ASIET sobre la metodología también toca un aspecto decisivo para cualquier licitación bien construida: la unidad de análisis. Medir tenencia nacional puede ser útil para evitar posiciones dominantes a nivel país, pero no siempre refleja la disponibilidad real en una zona industrial específica. Un operador puede superar un umbral agregado y, aun así, no tener capacidad efectiva en un polígono concreto donde una planta requiere conectividad. En ese sentido, el argumento de evaluar la tenencia regional o por polígono tiene lógica económica: la escasez relevante no siempre es nacional, sino local. Ignorar esa diferencia puede producir una asignación menos eficiente y, en casos extremos, dejar frecuencias sin adjudicar donde sí hay demanda real.
GSMA lleva la crítica un paso más allá al advertir sobre una reserva de facto de espectro. Su posición parte de una premisa conocida en otros mercados: no toda conectividad industrial exige una red privada cerrada. En muchos casos, las soluciones más viables combinan redes móviles existentes, servicios administrados, arquitectura híbrida o network slicing. Esa diversidad importa porque las industrias no se mueven al mismo ritmo ni tienen la misma escala. Una planta automotriz con múltiples líneas de ensamblaje no enfrenta las mismas necesidades que un parque agroindustrial o un puerto seco. Si la regulación privilegia de manera rígida un solo modelo, puede reducir el espacio de innovación comercial y tecnológica justo cuando la digitalización requiere opciones, no un molde único.
El precedente regional refuerza esa lectura. ASIET cita experiencias como Brasil, Perú, Colombia y Costa Rica para mostrar que la conectividad industrial puede impulsarse sin separar de forma tajante el espectro “público” del “privado”. En Brasil, la banda de 2.3 GHz se asignó a operadores con compromisos de cobertura dentro de la gran subasta 5G de 2021, mientras que las redes privadas siguieron su propio régimen. Costa Rica, por su parte, apostó en 2025 por transformar gran parte del valor adjudicado en compromisos de despliegue de radiobases. Ese dato es revelador: cuando la prioridad pública es ampliar infraestructura, la regulación tiende a premiar inversión y cobertura por encima de la mera extracción recaudatoria. México parece moverse en esa dirección, pero todavía no resuelve si su diseño de subasta incentiva despliegue o sólo complejiza la entrada.
Canieti introduce un ángulo distinto y, en cierta medida, complementario. Sus observaciones no cuestionan sólo el modelo de mercado, sino la mecánica misma del concurso. La garantía de seriedad de al menos 50% de la oferta, en una subasta de reloj donde el precio puede subir ronda tras ronda, eleva el costo de participación desde el arranque. Eso puede actuar como barrera artificial, sobre todo para empresas medianas o nuevos entrantes con menor capacidad de inmovilizar capital. A eso se suma la restricción que impediría pedir en una ronda más bloques que los solicitados en la anterior, una regla que podría volver rígido un proceso que por naturaleza debería revelar demanda de manera progresiva. Si el objetivo es asignar espectro al mejor uso posible, el diseño debe permitir ajuste, no forzar trayectorias lineales que distorsionen la puja.
La falta de información económica agrava la incertidumbre. Sin precios mínimos ni claridad sobre cargas recurrentes, los participantes no pueden modelar con precisión la rentabilidad de cada región o polígono. Esto no sólo afecta la decisión de entrar o abstenerse; también altera el tipo de proyecto que puede construirse. Un esquema de negocio para una red industrial en un corredor logístico no es equivalente al de una planta minera aislada o a un complejo agroindustrial disperso. Si la autoridad no transparenta los parámetros de costo, la subasta corre el riesgo de atraer ofertas conservadoras, posponer inversiones o terminar con bloques vacíos. La experiencia internacional muestra que la opacidad inicial suele traducirse después en menor competencia efectiva o en adjudicaciones menos ambiciosas de lo esperado.
El impacto más amplio de esta discusión está en la arquitectura futura del mercado mexicano de telecomunicaciones. Si la CRT endurece demasiado las condiciones para los operadores grandes, puede ganar una victoria política de corto plazo a costa de limitar la escala y la calidad de despliegue. Si afloja en exceso las salvaguardas, corre el riesgo de concentrar el espectro y reproducir asimetrías históricas. La salida más consistente parece estar en reglas más finas por región, criterios más cercanos a la demanda efectiva y un modelo económico que privilegie inversión verificable sobre restricciones formales. Lo que se decida en esta subasta no sólo afectará a unos cuantos bloques de 10 MHz; también marcará si la conectividad industrial en México nace como un mercado abierto, competitivo y escalable, o como una pieza regulatoria difícil de ocupar y todavía más difícil de sostener.
