La gestión del agua en la franja Tijuana-San Diego sigue condicionada por una cooperación binacional limitada, desigual y todavía insuficiente para enfrentar problemas que se arrastran desde hace décadas. Aunque ambas ciudades comparten una cuenca y padecen presiones ambientales comunes, sus trayectorias hídricas han sido muy distintas: San Diego consolidó desde el siglo pasado una infraestructura amplia y una estrategia de diversificación de fuentes, mientras Tijuana continúa dependiendo de un suministro vulnerable y de un sistema de saneamiento con rezagos persistentes.
La diferencia no es menor. En el lado estadounidense, San Diego logró coberturas prácticamente totales en agua potable y saneamiento, además de estándares altos de calidad. Desde la década de 1990 impulsó una política para reducir su dependencia del agua importada del río Colorado a través del Distrito Metropolitano de Agua de California, lo que le permitió disminuir riesgos y acercarse a una mayor seguridad hídrica. En contraste, Tijuana y su zona metropolitana siguen sujetas a una sola fuente principal de abastecimiento, cuyos volúmenes también resienten los efectos de las Actas 323 y 330 de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, que regulan el uso del Colorado.
Un problema que viene desde la fundación
En Tijuana, los retos no se limitan al abasto. Desde su fundación, la ciudad ha enfrentado dificultades para garantizar agua potable y saneamiento a una población en expansión acelerada. La infraestructura no ha acompañado al crecimiento urbano con la misma velocidad, y eso ha mantenido abierta una brecha estructural en seguridad hídrica. A ello se suma una problemática histórica de descargas residuales hacia el río Tijuana y las playas compartidas, un foco de conflicto con Estados Unidos que se remonta a la década de 1930.
Ese antecedente explica por qué el debate sobre el agua en la frontera no puede reducirse a una cuestión técnica. Las fallas de saneamiento tienen efectos sanitarios, ambientales y diplomáticos. Cada episodio de escurrimientos no tratados reaviva la presión sobre las autoridades de ambos países y muestra que la cuenca funciona como un sistema integrado, aunque las respuestas institucionales sigan fragmentadas.
La cooperación oficial, todavía limitada
Pese a la relevancia del tema, el involucramiento gubernamental de México y Estados Unidos ha sido escaso más allá del trabajo de la CILA-IBWC. San Diego ha puesto el acento, sobre todo, en los impactos que generan las aguas residuales provenientes de Tijuana. Del lado mexicano, el modelo centralizado de la política hídrica federal deja en manos de la Comisión los asuntos vinculados con aguas internacionales, lo que reduce el margen de acción de otros actores públicos en la frontera.
En ese vacío institucional ha cobrado peso la cooperación no gubernamental. Universidades y organizaciones civiles han sostenido durante años una agenda técnica y territorial que ha producido diagnósticos, propuestas y proyectos binacionales. Entre ellos destacan el Ecoparque administrado por El Colegio de la Frontera Norte en Tijuana, el Atlas de la Cuenca del Río Tijuana elaborado por una coalición académica binacional y un plan conceptual de gestión para la cuenca que coloca en el centro la restauración del río y la producción de agua.
El precedente del Acta 320
Ese trabajo acumulado fue decisivo para que se firmara el Acta 320 de la CILA-IBWC, considerada un primer marco general de cooperación binacional en el que participaron actores gubernamentales y de la sociedad civil. El acuerdo no resolvió por sí mismo los problemas de fondo, pero sí abrió una vía distinta: reconocer que la cuenca requiere coordinación más amplia que la estrictamente diplomática y que la solución depende de sumar capacidades técnicas, comunitarias e institucionales.
La experiencia deja una lección clara para Tijuana y San Diego. Mientras persista la brecha entre la gestión del lado estadounidense y las limitaciones estructurales del lado mexicano, la frontera seguirá expuesta a riesgos hídricos y ambientales. La masa crítica construida por académicos y organizaciones en torno a la cuenca del río Tijuana ofrece conocimiento y continuidad, pero su impacto dependerá de que ambos gobiernos asuman una cooperación más sostenida y menos episódica. La seguridad hídrica en la región, hoy, sigue descansando más en esfuerzos dispersos que en una estrategia binacional realmente integrada.
