El Ayuntamiento de Puebla realizará un conteo formal de los cajones del programa de parquímetros “Estaciónate Aquí” que han sido ocupados de manera irregular por ambulantes y franeleros en el Centro Histórico, en medio de denuncias por pérdida de ingresos municipales y por la reducción de espacios disponibles para automovilistas.
La medición estará a cargo de la Secretaría General de Gobierno (SGG), encabezada por Francisco Rodríguez Álvarez, y se concentrará en el primer cuadro de la ciudad. El subsecretario de Movilidad, José Antonio Ontiveros Palacios, explicó que la supervisión permitirá distinguir entre los espacios apropiados por comerciantes informales y aquellos que sí son utilizados de forma regular por ciudadanos, con el fin de obtener una fotografía real del funcionamiento del sistema.
Una disputa por espacio y por recaudación
Ontiveros Palacios reconoció que la problemática se concentra en vialidades como las calles 10 y 12 Poniente, donde, según dijo, ambulantes han ocupado cajones destinados al estacionamiento regulado. La intervención del gobierno municipal no solo apunta a liberar esos espacios, sino también a contener una práctica que impacta doblemente: disminuye la disponibilidad para los automovilistas y altera la lógica financiera del programa, que depende de su operación ordenada para sostener su utilidad pública.
En ese contexto, el funcionario subrayó que existe coordinación con la SGG para identificar cuántos cajones han sido invadidos y mantenerlos libres. La precisión del conteo será clave, porque no se trata únicamente de una revisión administrativa, sino de una base para decidir si el programa requiere acciones de control más firmes en zonas de alta demanda. Sin una medición exacta, cualquier respuesta oficial corre el riesgo de quedarse en estimaciones generales sin capacidad real de corrección.
Más de 10 millones de operaciones
El subsecretario recordó que el sistema de estacionamiento público acumula más de 10 millones de operaciones desde su puesta en marcha, cifra que el gobierno municipal interpreta como una señal de aceptación y funcionamiento. Ese dato también sirve para dimensionar el conflicto actual: mientras el programa ha logrado consolidarse como una herramienta de movilidad, su eficacia depende de que los cajones no sean absorbidos por usos ajenos a la regulación municipal.
La discusión se reactivó luego de que se denunciara que franeleros utilizan los parquímetros para después rentarlos a los automovilistas, pese a tratarse de espacios públicos regulados por el Ayuntamiento. El señalamiento coloca al gobierno local frente a un problema de control territorial en el Centro Histórico, donde conviven comercio informal, alta afluencia vehicular y una demanda permanente de estacionamiento. En ese equilibrio, la capacidad de supervisión será determinante para saber si la medida anunciada se traduce en recuperación efectiva de espacios o solo en un diagnóstico más detallado de una práctica ya conocida.
