Mexicali, B.C. La Secretaría de Educación de Baja California dio a conocer el Programa de Protección Integral Escolar tras más de diez meses de elaboración colectiva. El documento, que sustituye a la anterior Guía Rápida de Actuación en Situaciones de Riesgo, entrará en vigor con el próximo ciclo escolar y busca responder de manera más amplia a las necesidades de seguridad dentro de los planteles.
La secretaria Irma Martínez Manríquez explicó que el cambio de nombre responde a la incorporación de herramientas adicionales y a un alcance mayor que el de la versión anterior. El programa establece protocolos específicos para trece situaciones de riesgo consideradas más frecuentes en las escuelas del estado, junto con medidas de prevención, atención y seguimiento para cada una de ellas.
Construcción participativa desde agosto de 2025
El proceso de redacción comenzó en agosto del año pasado y contó con la coordinación de 58 figuras educativas de los siete municipios. Estas personas recogieron opiniones y sugerencias de aproximadamente 27 mil docentes y personal educativo, quienes participaron a través de sesiones en escuelas y zonas escolares. La representación sindical también formó parte de las revisiones, lo que permitió consensuar el contenido de manera gradual.
Esta metodología de consulta amplia busca reflejar las condiciones reales que enfrentan diariamente las comunidades escolares. Según la funcionaria, el resultado final incorpora observaciones recogidas de manera directa en los planteles, lo que diferencia al nuevo programa de documentos elaborados únicamente por equipos técnicos centrales.
Protocolos para neurodivergencia y protección al personal
Entre las novedades más destacadas figura un apartado dedicado a la atención de estudiantes con condiciones de neurodivergencia. Este apartado establece lineamientos específicos para identificar necesidades y aplicar respuestas adecuadas dentro del entorno escolar. Otro apartado, elaborado con apoyo del área jurídica de la secretaría, se centra en la protección de las y los trabajadores de la educación ante posibles riesgos.
Los trece protocolos abarcan situaciones que van desde conflictos entre estudiantes hasta emergencias de distinta naturaleza. Cada uno detalla las acciones que deben seguir directivos, docentes y personal de apoyo, con el objetivo de reducir tiempos de respuesta y evitar decisiones improvisadas.
Distribución y aplicación a partir del siguiente semestre
El programa ya fue enviado a las escuelas mediante correo electrónico tras su presentación en la sesión más reciente del Consejo Técnico Escolar. Las comunidades educativas tienen ahora la responsabilidad de revisar el contenido y adaptarlo a sus contextos particulares. Martínez Manríquez señaló que el documento podrá actualizarse cuando surjan nuevas necesidades, aunque la versión actual se aplicará de manera obligatoria desde el próximo semestre.
La distribución digital busca agilizar el acceso, aunque también plantea el reto de asegurar que todos los planteles, especialmente aquellos con conectividad limitada, cuenten con copias impresas o formatos accesibles para su estudio.
Implicaciones para la gestión escolar cotidiana
La elaboración por parte de las propias maestras y maestros representa un intento de alinear las políticas con las experiencias reales de las aulas. En estados con contextos de violencia o problemáticas sociales similares, este tipo de instrumentos han mostrado mayor efectividad cuando incluyen la voz del personal que los aplica diariamente.
El énfasis en la prevención y el seguimiento posterior a cada incidente añade una capa de responsabilidad continua que va más allá de la reacción inmediata. Esto podría traducirse en la necesidad de capacitar a equipos escolares en el uso sistemático de los protocolos, así como en la creación de mecanismos de registro que permitan evaluar su aplicación real.
La inclusión de medidas específicas para trabajadores de la educación también marca un reconocimiento de que la seguridad en los planteles no se limita a los estudiantes. Este enfoque integral podría servir como referencia para otras entidades que enfrentan desafíos parecidos en la protección del personal docente.
