El director de Estudios Económicos de Banamex, Iván Arias, advirtió que la deuda pública de México llegará al 56% del PIB al cierre de 2027, superando la meta oficial del 55% estimada por la Secretaría de Hacienda. Esta diferencia surge porque el banco considera inviable recortar 1.6 puntos porcentuales del PIB en gasto, tal como plantean los precriterios. El déficit amplio se ubicaría en 4.3% del PIB este año, frente al 4.1% oficial, por menores ingresos petroleros y menor recaudación del ISR.
El análisis de Banamex no solo cuestiona la trayectoria fiscal inmediata, sino que pone en relieve la fragilidad estructural de las finanzas públicas mexicanas ante un crecimiento económico débil y presiones de gasto que difícilmente cederán.
Impacto en la inversión y el crecimiento potencial
Un nivel de deuda superior al previsto reduce el margen de maniobra para responder a choques externos. Si la relación deuda-PIB escala más rápido, los costos de financiamiento pueden subir y desplazar gasto productivo. Sectores que dependen de estabilidad macro, como infraestructura y energía, enfrentan mayor escrutinio de inversionistas institucionales que exigen primas de riesgo más altas.
Empresas que planean proyectos de largo plazo, especialmente en el sector eléctrico, ya evalúan escenarios donde el gobierno no cumpla sus metas de ajuste. Esto genera cautela adicional en decisiones de capital que requieren certidumbre fiscal por más de una década.
Tres perspectivas originales sobre la sostenibilidad
Primero, la brecha entre las proyecciones de Banamex y Hacienda no es meramente técnica: refleja visiones distintas sobre la elasticidad del gasto corriente. Banamex asume que recortes anunciados tropiezan con rigideces políticas y sociales, mientras que Hacienda confía en la capacidad de contención. Esta discrepancia se amplificará si el crecimiento real queda por debajo del 2% anual.
Segundo, el llamado a “acciones más contundentes” para recuperar confianza privada implica que medidas como la reducción de trámites o anuncios de inversión en electricidad resultan insuficientes. Se requiere una señal clara de que el marco regulatorio no cambiará abruptamente, algo que hasta ahora no se ha materializado con la fuerza necesaria para revertir la caída en formación bruta de capital fijo observada desde 2023.
Tercero, la sostenibilidad de la deuda depende más del denominador (PIB) que del numerador. Sin elevar la tasa de crecimiento potencial mediante mayor inversión privada, cualquier ajuste fiscal será efímero. Datos históricos de economías emergentes muestran que cuando la relación deuda-PIB supera el 55% sin crecimiento superior al 2.5%, la probabilidad de episodios de estrés fiscal aumenta significativamente en los siguientes cinco años.
Perspectivas de distintos actores
El gobierno federal prioriza mantener programas sociales y estabilizar Pemex, lo que limita el espacio para recortes profundos. Hacienda defiende que el ajuste de 1.6 puntos es alcanzable mediante eficiencia y mayor recaudación no petrolera. En contraste, analistas de Banamex y otros bancos ven riesgos de incumplimiento por la debilidad del ciclo económico y la dependencia de ingresos volátiles del petróleo.
El sector privado, representado por organismos empresariales, coincide con la necesidad de mayor certidumbre regulatoria. Mientras tanto, organismos multilaterales como el FMI han señalado que México necesita elevar su recaudación tributaria en al menos 3 puntos del PIB para estabilizar la deuda sin sacrificar inversión pública.
Tendencias futuras y riesgos latentes
Si el T-MEC entra en revisiones anuales, la incertidumbre adicional podría restar entre 0.2 y 0.4 puntos porcentuales al crecimiento cada año, según estimaciones de Banamex. Esto agravaría el problema fiscal al reducir la base imponible. En paralelo, un escenario de tasas de interés persistentemente altas encarecería el servicio de la deuda, obligando a mayores superávits primarios que hoy parecen improbables.
El riesgo principal radica en una combinación de bajo crecimiento, rigidez del gasto y deterioro de la confianza inversora. Si estos tres factores convergen, la relación deuda-PIB podría acercarse al 60% antes de 2030, reduciendo el margen para responder a choques como una nueva caída en precios del petróleo o tensiones comerciales con Estados Unidos. La ventana para implementar reformas que eleven el crecimiento potencial se cierra gradualmente.
