La decisión del Banco de la República de llevar su tasa de intervención hasta el 12% efectivo anual marca un punto de inflexión en la política monetaria colombiana de 2026. Este ajuste, que se suma a los incrementos previos de enero y abril, responde a un deterioro sostenido del panorama inflacionario y obliga a revisar las expectativas que el mercado había construido sobre un posible alivio en el costo del crédito durante el segundo semestre.
El ciclo alcista y sus detonantes
El viraje comenzó en enero de 2026 cuando la tasa pasó de niveles inferiores al 10% a 10,25%. En abril alcanzó 11,25% y en junio se fijó en 12%, con vigencia desde julio. Detrás de estas decisiones se encuentra una combinación de factores internos y externos: el IPC anual llegó a 5,84% en mayo, con presiones concentradas en restaurantes, hoteles, salud y educación. El dinamismo del mercado laboral y el aumento del salario mínimo han alimentado expectativas de inflación que el emisor considera incompatibles con una política de relajación monetaria.
El economista Alejandro Reyes, de BBVA Research, anticipa que el ciclo podría incluir al menos un incremento adicional, situando la tasa en 12,25%. Esta proyección contrasta con las apuestas iniciales del mercado, que esperaban una reducción del costo del dinero en la segunda mitad del año. Roger Román Sánchez, de Russell Bedford Colombia, señaló que el semestre arranca con la tasa más alta desde 2024 y que cualquier alivio quedó postergado hasta 2027.
Transmisión diferenciada a productos financieros
El traslado de la tasa de intervención a los consumidores no es uniforme. Los créditos comerciales ajustan en semanas, mientras los de consumo tardan entre uno y tres meses y las hipotecas pueden requerir hasta seis meses o más. Esta asimetría explica por qué el impacto más severo aún no se refleja completamente en los extractos de junio. Entre julio y septiembre se materializarán las alzas acumuladas del primer semestre, especialmente en tarjetas de crédito, préstamos de consumo y compras diferidas.
Los datos ya muestran la tendencia. La tasa promedio ponderada de los créditos de consumo pasó de 17,01% a mediados de diciembre de 2025 a 19,71% al cierre de junio. La dispersión entre entidades es notable: Banco Mundo Mujer elevó su tasa de 25% a 28,5%, mientras Itaú la incrementó de 13,43% a 15,04%. La Superintendencia Financiera certificó un interés bancario corriente de 19,19% para consumo y ordinario, con techos cercanos al 28,79%.
El atractivo renovado de los CDT y sus límites
En el lado del ahorro, las entidades financieras han mejorado la remuneración de los depósitos para captar recursos. La tasa promedio ponderada de los CDT a 360 días subió de 9,14% a finales de 2025 a 12,02% en junio. Pibank elevó su oferta desde el 1 de julio de 13% a 13,50%. Esta mejora devuelve atractivo a los instrumentos de bajo riesgo para hogares con liquidez disponible y sin deudas costosas.
Sin embargo, el beneficio no es universal. Quienes mantienen saldos elevados en tarjetas o pagan solo el mínimo verán cómo el costo de su deuda crece más rápido que la rentabilidad de sus depósitos. El rezago en la transmisión genera una ventana de vulnerabilidad durante la cual el endeudamiento se vuelve más oneroso antes de que el ahorro compense parcialmente el efecto.
Impactos sectoriales y sociales
El encarecimiento del crédito afecta directamente al sector inmobiliario. Las hipotecas que se ajustan con mayor lentitud experimentarán incrementos graduales que pueden reducir la demanda de vivienda nueva y usada, especialmente entre hogares de ingresos medios. Esto podría frenar la actividad constructora y, con ella, el empleo en un sector que suele actuar como motor contracíclico.
En el consumo, el encarecimiento de las cuotas de tarjetas y préstamos personales reduce el poder adquisitivo de las familias. Cuando el ajuste coincide con un salario mínimo más alto pero también con inflación persistente en alimentos y servicios, el efecto neto puede ser una contracción del gasto discrecional. Las entidades que cobran tasas cercanas al techo regulatorio, como algunas financieras especializadas, verán un aumento en la morosidad si los ingresos de los deudores no crecen al mismo ritmo.
Consecuencias de mediano y largo plazo
A nivel macroeconómico, la tasa elevada actúa como ancla para las expectativas de inflación, pero también encarece el financiamiento de la inversión productiva. Empresas que dependen de crédito de corto plazo para capital de trabajo enfrentan márgenes más estrechos, lo que puede traducirse en menor expansión de empleo formal. El diferencial entre tasas activas y pasivas se amplía temporalmente, beneficiando la rentabilidad de los bancos mientras penaliza a prestatarios netos.
En el plano social, el mayor costo del endeudamiento tiende a golpear con más fuerza a los hogares de menores ingresos, que suelen depender de crédito de consumo a tasas elevadas. Si el ciclo de alzas se prolonga hasta 2027, la acumulación de riqueza vía ahorro formal podría concentrarse en los deciles superiores, ensanchando brechas de desigualdad patrimonial. Al mismo tiempo, el retorno a instrumentos como los CDT puede incentivar una cultura de ahorro más amplia entre sectores medios que antes preferían el consumo.
El escenario de tasas altas persistentes obliga a repensar estrategias tanto de empresas como de familias. La postergación del alivio crediticio hasta 2027 sugiere que la economía colombiana enfrentará un periodo prolongado de ajuste en el que la prudencia financiera y la selección cuidadosa de productos de ahorro y endeudamiento determinarán la capacidad de cada actor para sortear el nuevo entorno.
