La lectura de inflación de julio, en 3.12 por ciento anual, colocó al Banco de México en una posición incómoda pero útil para entender el momento económico del país: la desinflación avanza, aunque todavía no al punto de permitir triunfalismo. La gobernadora Victoria Rodríguez Ceja insistió en que la autoridad monetaria no “canta victoria” porque el descenso reciente responde en parte a factores transitorios, especialmente a la corrección de precios agropecuarios y a choques de oferta favorables que pueden revertirse con rapidez. Esa prudencia no es retórica institucional; es la lección que dejaron los últimos dos años, cuando una mejora parcial en el índice general convivió con presiones persistentes en servicios y en la inflación subyacente.
El dato de julio importa por una razón adicional: marca el nivel más bajo desde mayo de 2020, cuando la economía aún operaba bajo el impacto inicial de la pandemia. En términos macroeconómicos, la comparación es reveladora porque no sólo habla de una inflación más contenida, sino de una economía que ha pasado de los choques extraordinarios de oferta a una fase de normalización incompleta. El relevo entre los precios de alimentos frescos, la energía, los servicios y los bienes duraderos ha sido desigual. El propio Inegi reportó que los productos agropecuarios tuvieron una variación mensual negativa de -1.51 por ciento, y frutas y verduras cayeron -3.11 por ciento. Ese alivio ayuda al consumidor en el corto plazo, pero no resuelve el problema de fondo si los servicios siguen creciendo por encima del objetivo del banco central.
Ahí está el punto central del mensaje de Rodríguez Ceja. La inflación subyacente se ubicó en 3.95 por ciento y la de servicios en 4.36 por ciento, niveles todavía incómodos para una economía que busca anclar expectativas en torno a una meta de 3 por ciento. En la práctica, la inflación de alimentos puede ceder por lluvias favorables, mejores cosechas o una base de comparación alta, pero la de servicios suele reflejar inercias salariales, costos de renta, transporte, restauración y actividades intensivas en mano de obra. Por eso Banxico no puede tomar la mejora de julio como una señal definitiva: si el alivio proviene sobre todo de factores estacionales o meteorológicos, su duración es incierta y su capacidad para reconfigurar expectativas es limitada.
La decisión de mantener una tasa objetivo de 6.5 por ciento debe leerse desde esa tensión. La postura monetaria sigue siendo restrictiva, pero no de forma arbitraria: busca evitar que una relajación prematura reactive presiones inflacionarias justo cuando el proceso de convergencia empieza a consolidarse. En economías como la mexicana, donde los ajustes de tasa operan con rezagos, recortar demasiado pronto puede traducirse en una señal equivocada para mercados, empresas y hogares. Si el crédito se abarata antes de que la inflación subyacente ceda de manera sostenida, el consumo puede repuntar más rápido que la oferta, y el resultado sería una nueva ola de aumentos de precios, especialmente en servicios y bienes no transables.
Ese cálculo tiene implicaciones directas para el sector productivo. Una tasa real todavía relativamente alta encarece financiamiento para pequeñas y medianas empresas, limita la expansión de inventarios y frena proyectos de inversión. Sin embargo, una flexibilización apresurada tendría costos más amplios: desanclaría expectativas, elevaría primas de riesgo y obligaría al banco central a volver a endurecer la política más adelante. La experiencia reciente de América Latina es clara en ese punto. Cuando los bancos centrales cedieron antes de tiempo, la inflación se volvió más persistente y el ajuste posterior fue más costoso en empleo, crédito y confianza. Banxico intenta evitar ese ciclo, aun a costa de preservar condiciones financieras que todavía pesan sobre la actividad económica.
El mensaje también revela una decisión conceptual importante: la autoridad monetaria no juzga la economía por su nivel de actividad, sino por su impacto sobre la inflación. Esa distinción parece técnica, pero es políticamente relevante. En un contexto de desaceleración, aumentan las presiones para que la política monetaria “ayude” al crecimiento. Rodríguez Ceja fue explícita al cerrar esa puerta: la holgura económica importa sólo en la medida en que modifica la trayectoria inflacionaria. En otras palabras, Banxico no usa la tasa de interés para corregir el ciclo productivo, sino para asegurar que la desinflación no se interrumpa por un alivio prematuro de las condiciones financieras.
El efecto más amplio de esta postura podría sentirse en varios frentes. Para los hogares, una inflación más baja y estable preserva el poder de compra, pero el beneficio tarda en consolidarse si la canasta de servicios sigue encareciéndose por encima del objetivo. Para el sistema financiero, la señal de cautela reduce el riesgo de volatilidad cambiaria y refuerza la credibilidad del banco central. Para el gobierno y los legisladores, en cambio, impone una disciplina incómoda: el margen para impulsar crecimiento vía crédito barato seguirá acotado mientras la inflación subyacente no se ubique con claridad en torno a la meta.
Hay además una dimensión de mediano plazo que no conviene perder de vista. Banxico proyecta que la convergencia completa a la meta ocurrirá hacia finales de 2027, lo que sugiere que el retorno a un entorno plenamente benigno será gradual, no inmediato. Esa previsión obliga a empresas y trabajadores a ajustar sus decisiones con un horizonte más largo: contratos, precios, salarios y financiamiento tendrán que seguir incorporando un escenario de desinflación lenta. Si el proceso se mantiene ordenado, México puede recuperar una normalidad monetaria más estable y menos vulnerable a sobresaltos externos. Si se interrumpe por una lectura excesivamente optimista de los datos recientes, el costo no será sólo un repunte de precios, sino una nueva erosión de credibilidad institucional, que es el activo más difícil de reconstruir cuando la inflación vuelve a acelerarse.
