La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) abrió el 1 de agosto la segunda convocatoria de 2026 del programa Becas por Nuestro Futuro. Los guatemaltecos interesados en iniciar, continuar o concluir estudios podrán presentar su solicitud hasta el 30 de septiembre, exclusivamente por medio del portal becasnuestrofuturo.gob.gt.
La nueva ronda llega después de una primera convocatoria que recibió 4,250 solicitudes entre el 16 de abril y el 31 de mayo. De ese total, 2,043 correspondieron a mujeres y 1,624 a hombres, según los datos divulgados por la institución. En junio se informó que 1,033 aspirantes habían sido preseleccionados, mientras que hasta julio el programa reportaba 842 becarios distribuidos en el territorio nacional.
Las cifras reflejan una demanda que crece con mayor rapidez que la capacidad de atención del sistema educativo y de los hogares para financiarla. La segunda convocatoria prevé más de 6,000 aplicaciones y la revisión de alrededor de 2,000 ensayos. El salto proyectado obliga a observar el programa no solo como una ayuda individual, sino como una política pública en expansión, con efectos potenciales sobre la movilidad social, la formación laboral y la gestión estatal.
Una política que busca corregir desigualdades acumuladas
Becas por Nuestro Futuro fue diseñado para ampliar el acceso a la educación de guatemaltecos que enfrentan limitaciones económicas. La convocatoria admite estudios de pregrado —incluidos técnicos y carreras universitarias—, posgrados como maestrías y doctorados, y cursos técnicos vocacionales. La amplitud del esquema es relevante en un país donde las barreras no terminan con la admisión a una institución: transporte, materiales, alimentación, conectividad y pérdida de ingresos familiares también pueden determinar si un estudiante permanece o abandona.
El programa se inserta, además, en un contexto de profundas brechas territoriales y étnicas. Los beneficiarios se concentran en departamentos como Guatemala, Alta Verapaz, Quiché, Chimaltenango, Totonicapán, San Marcos y Sololá. En Alta Verapaz, por ejemplo, ya se contabilizaban más de 85 beneficiarios. El 47 % del padrón pertenecía a la población maya, una proporción superior al 42 % de personas autoidentificadas como mayas en el último censo nacional.
Ese dato no demuestra por sí solo que la desigualdad haya sido resuelta, pero sí indica que el mecanismo está llegando a grupos históricamente excluidos de la educación superior. La población maya ha enfrentado mayores niveles de pobreza y menor escolaridad, de modo que una beca puede producir efectos que exceden al estudiante: elevar el ingreso futuro de un hogar, retrasar la incorporación precaria al mercado laboral y crear referentes educativos en comunidades donde completar una carrera todavía es excepcional.
El cuello de botella está en la selección
La postulación exige crear un registro con el Código Único de Identificación, nombre completo, teléfono, correo electrónico y contraseña; luego se completan formularios y se envía la documentación requerida. Los requisitos básicos son ser guatemalteco, residir en el país y contar con historial académico. Antes de comenzar, los aspirantes deben revisar las áreas académicas priorizadas, porque la carrera elegida tiene un peso importante en la evaluación.
La asignación combina la situación socioeconómica, el nivel de prioridad de la carrera y dos ensayos. En uno, el estudiante expone su historia de vida; en el otro, sus metas. La fórmula intenta equilibrar necesidad, pertinencia académica y proyecto personal. Sin embargo, también puede favorecer a quienes tienen mayor acceso a orientación, conexión estable o apoyo para redactar, incluso cuando otros aspirantes poseen capacidades similares y enfrentan condiciones más adversas.
La selección de carreras prioritarias responde a una lógica de inversión pública: dirigir recursos hacia áreas consideradas estratégicas puede contribuir a cubrir déficits de profesionales y técnicos. Medicina, Veterinaria, Pedagogía, Mecánica e Ingeniería Industrial aparecen entre las opciones más demandadas. En el acumulado de beneficiarios destacan Ciencias Jurídicas y Sociales, Trabajo Social, Ingeniería Agronómica, Medicina y Cirugía e Ingeniería Industrial.
El riesgo consiste en convertir la prioridad sectorial en una restricción indirecta para los jóvenes. Aunque el programa no limita la elección de carreras ni de universidades, una valoración diferenciada puede reducir las posibilidades de quienes optan por disciplinas no incluidas entre las de mayor prioridad. La política deberá explicar con claridad cómo se actualizan esas listas y qué evidencia se utiliza para definirlas, especialmente en un mercado laboral que cambia más rápido que los planes nacionales.
La inteligencia artificial entra en una decisión de alto impacto
El elemento más novedoso del proceso es el uso de herramientas automatizadas. De acuerdo con declaraciones previas del secretario de Segeplan, Carlos Mendoza, un algoritmo revisa las respuestas del cuestionario y un sistema de inteligencia artificial califica los ensayos para acelerar la preselección. La herramienta fue entrenada con la evaluación manual de 400 ensayos y después se compararon sus resultados con la calificación de otros 400 textos realizada por el sistema.
La institución decidió utilizar la inteligencia artificial de forma exclusiva para revisar los ensayos después de comprobar, según Mendoza, que calificaba “no solo igual, sino que mejor que los humanos”. La afirmación puede explicar la apuesta por automatizar, pero no sustituye la necesidad de auditorías independientes. Una comparación limitada entre muestras no permite descartar sesgos lingüísticos, errores sistemáticos ni desventajas para estudiantes que escriben en contextos educativos de menor calidad.
Un ensayo puede estar correctamente estructurado y, aun así, no representar con precisión la capacidad del aspirante. Los jóvenes de áreas rurales, hablantes de idiomas mayas o personas con trayectorias educativas interrumpidas podrían utilizar formas narrativas distintas a las predominantes en los textos empleados para entrenar el sistema. Si el algoritmo asocia una redacción convencional con mayor mérito, la automatización podría reproducir las desigualdades que la beca pretende reducir.
La respuesta institucional debería incluir criterios públicos de evaluación, mecanismos para solicitar revisión humana, protección de los datos personales y estadísticas periódicas sobre resultados por sexo, departamento, idioma, pertenencia étnica y tipo de institución educativa de origen. La velocidad es valiosa cuando se esperan miles de solicitudes, pero en una decisión que puede cambiar la vida de una persona la eficiencia no puede medirse únicamente por el número de ensayos procesados.
Más que una beca universitaria
La concentración de solicitudes en pregrado revela que la principal presión se encuentra en el acceso inicial a la educación superior. No obstante, el crecimiento de las postulaciones a técnicos no universitarios amplía el alcance económico del programa. El convenio con la Fundación Kinal, institución con más de 65 años de experiencia en formación técnica y vocacional, apunta a una necesidad concreta: preparar trabajadores en áreas como mecánica, enfermería y construcción sin exigir necesariamente una trayectoria universitaria larga.
Esta diversificación puede tener resultados rápidos si los cursos están conectados con empleos formales y con empresas que demandan esas competencias. También puede reducir la idea de que la única ruta de progreso es una licenciatura. Para que el efecto sea duradero, la beca debe acompañarse de prácticas, certificaciones reconocidas y seguimiento laboral. Financiar la matrícula sin verificar la calidad de la formación o las posibilidades de inserción podría trasladar el problema a la etapa posterior a los estudios.
La presencia de 25 becarios en Honduras, Costa Rica, México y Brasil muestra otra dimensión del programa. Las asignaciones para ese grupo sumaban 6 millones de quetzales durante los siguientes cinco o seis años. La formación internacional puede aportar conocimientos especializados y redes profesionales, pero también plantea una pregunta de política pública: cómo lograr que esos graduados regresen, colaboren con instituciones nacionales o transfieran capacidades a sus comunidades.
La meta mensual y la prueba de la sostenibilidad
En una actualización anterior, Segeplan informó la aprobación de 62 nuevos beneficiarios, con lo que el total de jóvenes apoyados en 2024 llegó a 636. Esa expansión se vinculó con una meta acordada con el presidente Bernardo Arévalo de incorporar entre 100 y 150 becas nuevas por mes. El padrón de ese corte tenía 58 % de mujeres y 42 % de hombres, mientras que la franja de 20 a 24 años representaba el 38 % de los becarios.
La continuidad financiera será determinante. Una convocatoria masiva puede generar expectativas legítimas, pero si el presupuesto no acompaña el aumento de solicitudes, la brecha entre aspirantes y beneficiarios será cada vez más visible. También habrá que contabilizar el costo completo de las becas plurianuales, sobre todo en carreras extensas y estudios en el extranjero, para evitar que nuevas asignaciones comprometan apoyos ya prometidos.
El programa enfrenta igualmente un desafío de acceso digital. La postulación es completamente virtual, una modalidad que reduce trámites y permite centralizar la información, pero puede excluir a quienes carecen de internet, equipo o conocimientos para completar formularios. En los departamentos con mayores niveles de pobreza, la igualdad formal ante una plataforma no equivale a igualdad real de oportunidades. Puntos de apoyo presenciales, asistencia telefónica y materiales en idiomas pertinentes serían medidas coherentes con el objetivo territorial del programa.
La segunda convocatoria de 2026 será, por tanto, una prueba en tres frentes: si el Estado puede administrar una demanda superior a la de la primera ronda, si la inteligencia artificial puede emplearse sin opacar la transparencia y si las becas logran traducirse en trayectorias educativas concluidas. Su impacto no se medirá únicamente por la cantidad de formularios recibidos o beneficiarios anunciados, sino por cuántos jóvenes permanecen en sus estudios, consiguen empleos dignos y convierten la oportunidad individual en una mejora sostenible para sus familias y comunidades.
