El tipo de cambio oficial del dólar se mantuvo en 6,85 bolivianos al cierre del 29 de junio, sin variación respecto al día anterior. Detrás de esta aparente calma se encuentra un proceso de reforma estructural que el Banco Central de Bolivia impulsa desde comienzos de año. La brecha con el mercado paralelo, que cotiza cerca de 9,64 bolivianos, revela tensiones acumuladas durante 2025 y obliga a examinar cómo la transición afecta la economía real y las expectativas de los agentes económicos.
La decisión de liberar gradualmente el acceso a divisas y publicar valores referenciales diarios cerca de 9,21 bolivianos para la compra y 9,40 para la venta marca un cambio de régimen. Hasta 2025 el país mantuvo un ancla fija que ya no resultaba sostenible ante la escasez de reservas y la presión sobre las importaciones. El anuncio de un financiamiento de 4.500 millones de dólares del BID para el trienio 2026-2028 proporcionó el margen necesario para iniciar la unificación sin un colapso inmediato de la liquidez.
Antecedentes de la distorsión cambiaria
Durante más de una década Bolivia aplicó un régimen de tipo de cambio fijo que permitió contener la inflación importada pero generó un desequilibrio progresivo entre la oferta oficial de dólares y la demanda real de la economía. Las reservas internacionales se agotaron gradualmente mientras el déficit fiscal se mantenía por encima del 8 por ciento del PIB. En 2025 la volatilidad alcanzó niveles sin precedentes y el mercado informal pasó a canalizar la mayor parte de las operaciones comerciales. Esta situación obligó al gobierno a reconocer que el ancla nominal ya no servía como instrumento de estabilización y que era necesario transitar hacia un esquema más flexible.
El contexto internacional también influyó. La caída de los precios de las materias primas redujo los ingresos por exportaciones de gas y minerales, principales fuentes de divisas. Al mismo tiempo, el FMI advirtió que sin control de la emisión monetaria la inflación podría superar el 15 por ciento. El gobierno respondió con un objetivo de déficit fiscal del 7 por ciento y una meta de inflación de hasta el 17 por ciento para 2026, cifras que reflejan el costo esperado de la corrección cambiaria.
Impacto en el sector productivo y el comercio exterior
La unificación gradual altera los costos relativos de manera inmediata. Las empresas que dependen de insumos importados enfrentan un encarecimiento efectivo cercano al 35 por ciento cuando pasan del tipo oficial al referencial del Banco Central. En el caso de la industria farmacéutica boliviana, que importa más del 70 por ciento de sus principios activos, varios laboratorios ya anunciaron ajustes de precios entre el 18 y el 25 por ciento para el segundo semestre. Los exportadores de quinua y castaña, en cambio, ven mejorar su competitividad porque reciben más bolivianos por cada dólar vendido, aunque la demanda externa sigue limitada por la desaceleración regional.
El Banco Mundial proyecta una contracción del PIB del 1,1 por ciento para 2026, mientras la CEPAL estima un crecimiento marginal del 0,5 por ciento. Ambas cifras coinciden en señalar que el ajuste cambiario ocurrirá en un contexto de recesión o estancamiento. Esto implica que las empresas enfrentarán simultáneamente costos más altos y menor demanda interna, una combinación que puede acelerar cierres y despidos en sectores intensivos en importaciones.
Efectos sobre los hogares y la distribución del ingreso
La inflación proyectada de hasta el 17 por ciento golpeará con mayor fuerza a los hogares de menores ingresos, cuyo consumo está concentrado en alimentos y medicamentos importados. Un estudio reciente del Instituto Nacional de Estadística muestra que el quintil más pobre destina el 42 por ciento de su gasto a productos cuya oferta depende del dólar. Si el tipo de cambio referencial se mantiene cerca de 9,40 bolivianos, el poder adquisitivo de ese grupo podría reducirse entre un 12 y un 15 por ciento en términos reales durante el próximo año.
Por otro lado, los tenedores de activos en dólares ven incrementado el valor de sus ahorros en moneda nacional. Este efecto redistributivo favorece principalmente a los sectores urbanos de ingresos medios y altos que pudieron acceder al mercado paralelo en 2025. La brecha entre quienes cuentan con divisas y quienes dependen exclusivamente de ingresos en bolivianos se amplía y genera tensiones sociales que ya se observan en protestas por el precio de la harina y el aceite.
Riesgos y oportunidades de la transición estructural
La publicación diaria de valores referenciales por parte del Banco Central reduce la incertidumbre inmediata, pero no elimina el riesgo de una depreciación adicional si las reservas no se recuperan. El financiamiento del BID ofrece un colchón de liquidez, sin embargo su desembolso está condicionado al cumplimiento de metas fiscales que el gobierno ha tenido dificultades para alcanzar en el pasado. Si la emisión monetaria continúa para financiar el déficit, la inflación podría superar las proyecciones oficiales y erosionar la credibilidad del nuevo régimen cambiario.
A largo plazo, la unificación puede mejorar la asignación de recursos al eliminar la brecha entre el tipo oficial y el paralelo. Sectores que antes operaban con subsidios implícitos deberán competir en condiciones más transparentes, lo que podría fomentar la productividad. No obstante, la transición requiere políticas complementarias de protección social y apoyo a la reconversión productiva que hasta ahora no han sido detalladas. Sin ellas, el costo del ajuste recaerá desproporcionadamente sobre los grupos más vulnerables y la recuperación económica se retrasará varios años.
