El Gobierno de Gustavo Petro expidió el Decreto 0966, que crea una bonificación especial de recreación para los funcionarios y empleados de la Procuraduría General de la Nación. El beneficio equivale a tres días de la asignación básica mensual por cada periodo de vacaciones y también aplicará cuando el descanso sea compensado en dinero.
Aunque la norma rige desde su publicación, tendrá efectos fiscales retroactivos al 1 de enero de 2026. Esa decisión, adoptada a pocos días del relevo presidencial, implica ajustes presupuestales dentro de la entidad y constituye el principal foco de cuestionamientos políticos. Sectores críticos la calificaron como una forma de “comprarle impunidad a su Pacto Histórico”, una acusación que no está respaldada en el decreto por evidencia sobre contraprestaciones o interferencias institucionales.
Una medida con sustento laboral, pero alto costo político
El decreto señala que la bonificación surgió de la negociación colectiva del sector justicia de 2025. El Acuerdo Final suscrito el 22 de agosto y un acta posterior de la mesa sectorial contemplaron extender este tipo de beneficios a empleados de la Procuraduría, en condiciones similares a las de otros servidores públicos.
La suma no será factor salarial: no contará para liquidar prestaciones sociales ni modificará otros componentes de la remuneración. Además, el Departamento Administrativo de la Función Pública queda como única autoridad competente para emitir conceptos salariales y prestacionales, mientras que cualquier disposición contraria carecerá de efectos.
El alcance económico individual es limitado, pero la retroactividad transforma una decisión administrativa en un asunto de oportunidad política. La medida deberá evaluarse frente a los acuerdos laborales que la originaron, la disponibilidad presupuestal y la percepción de imparcialidad de una entidad clave para el control disciplinario. El decreto también mantiene la prohibición de recibir simultáneamente más de una asignación del Tesoro Público, salvo las excepciones legales.
