El fiscal general de California, Rob Bonta, canceló la reunión de conciliación que tenía prevista este lunes con los ejecutivos de Paramount para abordar un posible acuerdo en la demanda antimonopolio contra la adquisición de Warner Bros. Discovery. Bonta acusó a la dirección de la compañía de filtrar información sobre las conversaciones y de actuar de mala fe.
En un comunicado difundido a primera hora del lunes por Deadline y The New York Times, Bonta afirmó que Paramount había filtrado el “supuesto contenido de las discusiones de un acuerdo”. Según el fiscal general, el conglomerado también tergiversó el alcance de esas conversaciones. Aunque suspendió el encuentro, dejó abierta la posibilidad de retomarlo cuando Paramount “deje de jugar y se involucre sinceramente”.
Paramount no había respondido públicamente a las declaraciones de Bonta. La reunión no estaba destinada necesariamente a resolver de inmediato el litigio, presentado por varios fiscales generales demócratas estatales, pero podía servir para explorar condiciones que permitieran evitar un juicio sobre la operación.
Las condiciones que estaban sobre la mesa
La declaración del fiscal general no identificó las filtraciones concretas a las que se refería. Sin embargo, The Wall Street Journal informó el domingo por la noche que Bonta esperaba pedir a Paramount que vendiera algunas de sus cadenas de cable y que mantuviera separado su estudio cinematográfico de Warner Bros. como parte de un eventual acuerdo.
El diario, citando a una fuente anónima, señaló que los abogados de Paramount y de la oficina del fiscal general se habían reunido la semana anterior para preparar la agenda del encuentro. El informe añadió que la empresa probablemente se opondría a desprenderse de canales de cable rentables o a mantener separado el negocio de estudios de Warner Bros.
Una fuente del sector citada previamente por Deadline describió el enfrentamiento como un juego de “gallina de relaciones públicas”. Según ese informe, el director ejecutivo de Paramount, David Ellison, considera que la empresa podría presionar a Bonta para que abandone su oposición mediante amenazas e intimidación, incluida la posibilidad de trasladar sus operaciones fuera de California. Los estados demandantes también han cuestionado la viabilidad de la promesa de Ellison de estrenar 30 películas en cines cada año.
La presión política en California
El gobernador Gavin Newsom ha dicho que preferiría un acuerdo en la demanda multiestatal, siempre que fuera “un buen acuerdo”. Durante una rueda de prensa la semana pasada, afirmó que el asunto debía trabajarse y expresó preocupación por el impacto que la disputa pudiera tener en la reputación del estado.
Newsom también reconoció que toma en serio la amenaza de Paramount de abandonar California, aunque dijo esperar que ese escenario no se produzca y que la propia empresa tampoco lo desee. Un traslado tendría consecuencias relevantes para Hollywood, aunque el gobernador no planteó esa posibilidad como un hecho consumado.
Xavier Becerra, candidato demócrata a gobernador y exfiscal general de California, se pronunció igualmente a favor de un acuerdo. “Espero que se resuelva antes del juicio. Es más fácil estar en una sala de conferencias y llegar a un acuerdo que estar en una sala de juicio”, declaró durante un acto de Politico a comienzos de agosto. La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, también ha respaldado una solución negociada.
El litigio y el calendario de la fusión
La demanda fue presentada el mes pasado por una coalición de 12 estados, entre ellos California, para bloquear la operación valorada en 110.000 millones de dólares. Al anunciarla, Bonta sostuvo que la fusión podría provocar precios más altos, menor calidad y menos contenido para cine y televisión.
Más tarde, en julio, un juez federal suspendió temporalmente la operación al considerar que los estados habían planteado “serias preguntas” sobre sus efectos. Paramount enfrenta además una tarifa aproximada de 7 millones de dólares diarios, o 650 millones por trimestre, si la transacción no se completa antes de finales de septiembre. Días después de la decisión judicial, la compañía acordó aplazar la fusión hasta junio de 2027 o hasta cinco días después de que el juez resuelva el caso de los estados.
