Braskem, el mayor productor petroquímico de Brasil, afronta un plazo de apenas tres días para obtener el respaldo de sus acreedores y cerrar una reestructuración extrajudicial que le permita evitar la recuperación judicial, el mecanismo brasileño equivalente a la protección por bancarrota. La compañía informó que las negociaciones se han intensificado, aunque todavía no existe un acuerdo definitivo, mientras la suspensión de las acciones de ejecución ordenada por un tribunal vencerá el 24 de agosto.
La empresa comunicó el jueves por la noche que recibió propuestas indicativas y no vinculantes de distintos grupos de acreedores. Las alternativas incluyen una posible inyección de capital y la constitución de garantías sobre activos de Braskem. El grupo continúa evaluando esas ofertas y no ha adoptado ninguna decisión sobre los términos de una eventual reestructuración, según precisó en su comunicado.
Una ventana judicial a punto de cerrarse
La urgencia actual se remonta a finales de junio, cuando Braskem solicitó una medida de protección de emergencia ante el estancamiento de las conversaciones destinadas a resolver su creciente endeudamiento fuera de los tribunales. La decisión suspendió durante 60 días las acciones de ejecución que los acreedores podían emprender para reclamar el pago de sus créditos.
Ese periodo de protección no resuelve por sí mismo la situación financiera de la compañía. Su función principal es ofrecer un margen temporal para negociar sin que las reclamaciones individuales aceleren la salida de recursos o comprometan activos esenciales. Con el vencimiento del plazo tan próximo, Braskem debe transformar las conversaciones preliminares en un acuerdo con respaldo suficiente o exponerse a una etapa judicial más amplia y potencialmente más compleja.
Para aceptar una reestructuración extrajudicial bajo la legislación brasileña, Braskem necesita el apoyo de los tenedores de al menos un tercio de su deuda. Si alcanza ese umbral, las partes obtendrían otros 90 días para concluir los términos del acuerdo. La exigencia convierte la negociación en una carrera doble: la compañía debe reunir una base mínima de respaldo antes del vencimiento de la protección y, al mismo tiempo, mantener abiertas las discusiones sobre las condiciones financieras definitivas.
El papel determinante de Petrobras
La participación de Petrobras eleva la importancia del caso más allá de los balances de Braskem. La petrolera estatal controla la compañía junto con IG4 Capital Group, por lo que cualquier solución puede tener consecuencias corporativas y políticas. El proceso se desarrolla además en un año electoral, cuando el Gobierno previsiblemente será examinado por su posición respecto del futuro de empresas consideradas estratégicas para la economía brasileña.
Un grupo de acreedores, entre ellos Elliott Investment Management y Contrarian Capital Management, ha presionado a Petrobras para que asuma un compromiso financiero con Braskem. Personas familiarizadas con las conversaciones señalaron a principios de agosto que algunas propuestas contemplaban una aportación de capital, capital circulante o deuda subordinada. Estas solicitudes reflejan la expectativa de ciertos acreedores de que el accionista estatal participe directamente en la estabilización de la empresa, aunque no implican que Petrobras haya aceptado esas condiciones.
La petrolera también analiza conceder mejores condiciones de pago a Braskem en algunos contratos, de acuerdo con información publicada por Bloomberg. Una modificación de ese tipo podría aliviar las necesidades inmediatas de liquidez sin equivaler necesariamente a una inyección directa de recursos. La diferencia es relevante: mientras el capital nuevo fortalecería de forma inmediata la posición financiera de Braskem, un cambio contractual podría ofrecer oxígeno operativo, pero dejaría intacta una parte sustancial de la deuda acumulada.
Presión financiera dentro y fuera de Brasil
La crisis no se limita a la matriz brasileña. Braskem Idesa, empresa vinculada a Carlos Slim, solicitó esta semana en Estados Unidos la protección por bancarrota preacordada, debido al aumento de la presión financiera y al deterioro de su liquidez. Aunque se trata de una entidad distinta, el movimiento añade complejidad al panorama del grupo y muestra que las tensiones financieras alcanzan operaciones relevantes fuera de Brasil.
La evolución de los mercados de deuda ofrece otra señal del nivel de preocupación de los inversores. El rendimiento de los bonos en dólares de Braskem con vencimiento en 2031 se ha aproximado al 23 por ciento, una tasa asociada habitualmente con deuda en dificultades. Un rendimiento elevado implica que los inversores exigen una compensación mayor por el riesgo de impago o de una reestructuración con pérdidas, y encarece cualquier intento de obtener nuevo financiamiento en condiciones normales.
La cotización de esos bonos no determina por sí sola el resultado de las negociaciones, pero sí condiciona el margen de maniobra de la compañía. Con un costo de financiación tan alto, una solución basada exclusivamente en nueva deuda sería difícil de sostener. Por ello, las propuestas que incluyen capital, garantías sobre activos o apoyo comercial de Petrobras adquieren especial relevancia: combinan distintas fuentes de alivio y pueden repartir el costo de la reestructuración entre accionistas, acreedores y contrapartes comerciales.
Las decisiones que marcarán el desenlace
Braskem debe decidir ahora si las propuestas recibidas ofrecen una base realista para reunir el apoyo requerido o si resulta necesario adoptar nuevas medidas de protección frente a los acreedores. La propia compañía indicó que está evaluando esas alternativas ante la proximidad del vencimiento de la suspensión judicial, sin confirmar por el momento una ruta concreta.
El desenlace dependerá de varios factores: la disposición de los acreedores a aceptar una solución extrajudicial, el nivel de respaldo financiero que Petrobras esté dispuesta a proporcionar y la capacidad de Braskem para demostrar que puede recuperar liquidez y operar de manera sostenible. Si no se alcanza un acuerdo antes del 24 de agosto, la recuperación judicial podría ampliar el proceso, someterlo a supervisión judicial y modificar el equilibrio de poder entre las partes. Por ahora, la empresa mantiene abiertas las negociaciones, pero el margen temporal para evitar ese escenario se reduce con cada jornada.
