Arranque sin fecha cerrada
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció que la Defensoría Jurídica de la Propiedad y contra el Despojo comenzará a operar durante agosto en el Zócalo capitalino, con una base de 100 abogadas y abogados para brindar asesoría jurídica a personas que enfrenten conflictos patrimoniales o posibles casos de ocupación irregular de inmuebles. Sin embargo, la mandataria no precisó la fecha exacta de inicio, pese a afirmar que el gobierno local está “prácticamente listo” para ponerla en marcha.
El anuncio se hizo durante la presentación del Informe de Seguridad de julio de 2026, en un contexto en el que el tema del despojo se ha colocado en el centro de la agenda pública de la capital. Brugada explicó que la instalación de la mesa de abogados permitirá recibir a personas con casos diversos y, en su visión, orientar desde el primer contacto sobre la ruta legal que podrían seguir. La Defensoría se instalará cada ocho días en la Plaza de la Constitución, aunque tampoco quedó definido el día específico en que arrancarán las jornadas.
Una red institucional más amplia
La consejera jurídica y de servicios legales, Eréndira Cruzvillegas, detalló que el equipo estará integrado por 100 abogados del Gobierno capitalino, además de personal y estudiantes de posgrado de la Universidad Iberoamericana y de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como integrantes del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. También participarán representantes de los tribunales de disciplina local y federal, en caso de que surjan anomalías vinculadas con juzgadores, aunque no se precisó qué tipo de atención ofrecerán ni el procedimiento para presentar esas quejas.
Cruzvillegas agregó que habrá personal del ISSSTE y del IMSS para recibir planteamientos relacionados con asuntos jurídicos o pensiones. Pese al despliegue institucional anunciado, la funcionaria no explicó cuáles serán los mecanismos para solicitar la asesoría ni los criterios para determinar qué casos podrán recibir acompañamiento o representación legal. Esa falta de precisión deja abierta una pregunta operativa relevante: la capacidad de respuesta puede ser amplia en recursos, pero dependerá de reglas claras para evitar discrecionalidad en la atención.
La estrategia y sus primeros efectos
Brugada presentó la creación de la Defensoría el pasado 5 de agosto, al detallar una estrategia de prevención, atención y persecución del despojo en la Ciudad de México. En esa ocasión dijo que el servicio estaría dirigido principalmente a grupos prioritarios. La medida cobró relevancia después de que se difundieran denuncias por ocupación de inmuebles en la alcaldía Benito Juárez, entre ellas los casos de la calle Matías Romero, en la colonia Del Valle Centro, y de la propiedad de la familia González Camarena, en Martín Mendalde 928.
La respuesta institucional también incluyó compromisos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Según lo anunciado el 5 de agosto, la dependencia debía asegurar y restituir inmuebles en un plazo máximo de 15 días, y judicializar los casos en 30 días, siempre que existieran elementos suficientes para acreditar la propiedad o posesión y una invasión furtiva o violenta. Esos plazos buscan acelerar la reacción del Estado, pero al mismo tiempo exigen un filtro técnico más riguroso para distinguir entre disputas civiles, ocupaciones irregulares y posibles delitos de despojo.
Durante el informe de este lunes, la fiscal general Bertha Alcalde Luján reportó que, desde el inicio de la estrategia el 6 de agosto, la institución recibió 30 denuncias. De ese total, cuatro fueron clasificadas como casos de reacción inmediata, ocho permanecen en análisis y 18 posiblemente no configuran el delito de despojo. La fiscal subrayó que los cuatro primeros sí se consideran despojos evidentes, mientras que los otros ocho requieren información adicional del Poder Judicial para determinar si existe posesión o propiedad acreditable.
Alcalde Luján añadió que la revisión de los expedientes exige una verificación fina de antecedentes jurídicos antes de ordenar medidas como el aseguramiento de inmuebles. En los 18 asuntos restantes, dijo, “posiblemente no se trata como tal de un despojo”. También informó que, desde la aplicación de la estrategia y de los nuevos plazos, la Fiscalía aseguró cuatro inmuebles en casos en los que consideró contar con evidencia suficiente para intervenir. El balance preliminar sugiere que el gobierno capitalino intenta combinar rapidez con depuración jurídica, una fórmula que será puesta a prueba cuando la Defensoría empiece a recibir casos en el Zócalo y se mida su capacidad real para convertir la asistencia legal en resultados concretos.
