La empresa AP American Protective, SA de CV, pidió a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, que pague los 2 millones 17 mil 128.75 dólares que la administración capitalina arrastra desde 1999; si no cumple, el juez podría abrir la vía para un embargo.
El 13 de agosto, el representante legal Ysolino Antón González presentó un escrito ante el Juzgado Cuadragésimo Noveno de lo Civil de Proceso Escrito en la Ciudad de México para exigir que el pago se haga mediante una carta de crédito, como fue ordenado en 2001, o con un pago directo en moneda nacional, calculado en alrededor de 34 millones 215 mil 695 pesos al tipo de cambio vigente.
En su promoción, Antón González recordó que en la sentencia del 20 de agosto de 2001 el entonces Gobierno del Distrito Federal fue condenado a cubrir la deuda por conducto de la entonces Secretaría de Seguridad Pública. Desde entonces, el expediente ha acumulado incidentes y recursos con los que la administración capitalina ha buscado frenar el pago.
El gobierno local ha argumentado que no cuenta con recursos para saldar la obligación porque la partida de la que saldría ese dinero ya fue ejercida en los años noventa por la administración de Alejandro Gertz Manero en Seguridad Pública del DF, o que no puede cumplir en los términos originales porque la carta de crédito debía expedirla Banco Bital, institución que ya desapareció.
Proceso informó en su edición semanal 2381 que el conflicto deriva de un contrato firmado en 1999 por Gertz Manero, entonces titular de Seguridad Pública del DF, para comprar 8 mil 995 chalecos antibalas que serían entregados en enero y febrero de 2000. La empresa dijo haber cumplido con las condiciones, pero no recibió la carta de crédito necesaria para cobrar.
La demanda de la compañía derivó en una resolución favorable en agosto de 2001, confirmada el 15 de noviembre de ese año por la Cuarta Sala Civil de la CDMX. Después, el amparo promovido por el gobierno de Miguel Ángel Mancera fue negado el 22 de marzo de 2002, con lo que el fallo quedó firme.
Desde el 1 de octubre de 2002, el juzgado ha requerido a la administración capitalina entregar la carta de crédito, mientras los litigios han llevado a que se ordene ajustar las condiciones de pago a la realidad actual y a que la institución HSBC absorba la cartera del extinto Bital. En distintas etapas, varias administraciones han sido multadas por incumplir, incluida la encabezada por la hoy presidenta Claudia Sheinbaum.
En enero de este año, un tribunal federal confirmó de manera definitiva una de esas multas. Con la nueva promoción, Antón González busca que Brugada sea obligada a pagar y, de no hacerlo, que el juez permita iniciar la vía de apremio en la que el gobierno capitalino podría ser embargado por la cantidad adeudada.
