La instrucción de Clara Brugada para levantar un censo de unidades habitacionales sin escrituras introduce una variable relevante en la política de vivienda de la Ciudad de México: el problema del despojo deja de tratarse solo como reacción penal o mediática y entra, al menos en el discurso, en el terreno de la prevención estructural. Esa decisión puede tener efectos inmediatos en miles de familias que habitan conjuntos de interés social con títulos incompletos, rezagos sucesorios o documentación irregular, porque pone en evidencia una fragilidad patrimonial que suele permanecer invisible hasta que aparece un conflicto.
En el corto plazo, el valor político y administrativo de ese diagnóstico es claro. Sin una cifra mínima sobre cuántas unidades carecen de escrituras, dónde están y qué tipo de rezago enfrentan, cualquier programa de regularización corre el riesgo de operar a ciegas. El censo podría ordenar la magnitud del problema, separar casos de intestados, compraventas informales, créditos ya pagados sin escriturar o inmuebles con conflictos entre copropietarios, y con ello permitir una respuesta más fina que la simple denuncia pública. También abriría la puerta a una mejor coordinación entre vivienda, notariado, fiscalía y atención ciudadana, que es justamente lo que exige un fenómeno tan disperso.
Pero el anuncio también expone una zona de riesgo considerable: la promesa puede avanzar más rápido que la capacidad real del gobierno para cumplirla. Brugada no fijó plazo, cobertura ni presupuesto, y esos tres vacíos no son menores. Un censo mal diseñado puede generar expectativas difíciles de sostener, especialmente en colonias donde la demanda de certeza jurídica es alta y los antecedentes de trámites lentos han dejado desconfianza. Si la identificación de casos no va acompañada de rutas claras de solución, el levantamiento de información puede terminar como un gesto político sin traducción práctica.
La regularización masiva, además, exige precisión técnica. No todos los inmuebles sin escrituras presentan el mismo origen del problema ni admiten el mismo remedio. Hay propiedades intestadas, herencias disputadas, créditos no concluidos, asentamientos con antecedentes incompletos y unidades habitacionales cuya situación documental depende de varias instancias. Mezclar esos universos en una sola política podría producir atajos administrativos que, en lugar de resolver, generen nuevas controversias. La ciudad tendría que evitar la tentación de convertir la regularización en una operación acelerada que sacrifique revisión jurídica por velocidad política.
El anuncio sí puede modificar el comportamiento de los habitantes. En zonas donde el despojo se volvió un temor tangible, la combinación de asesoría gratuita, presencia de abogados y una vía para escriturar podría alentar denuncias, consultas y regularizaciones que hoy no ocurren por costo o desconocimiento. Eso es positivo porque reduce la asimetría entre quien tiene recursos legales y quien no los tiene. Sin embargo, también puede aumentar el flujo de casos en fiscalía y oficinas de vivienda sin que exista aún una capacidad instalada suficiente para procesarlos. La consecuencia sería un embudo institucional: más demanda de atención, mismos tiempos de respuesta y mayor frustración social.
Otro efecto probable está en el mercado de vivienda social y en la percepción de riesgo sobre la propiedad informal. Si el gobierno capitalino logra ofrecer una ruta expedita para escriturar, eso podría fortalecer la seguridad jurídica de muchas familias y revalorizar patrimonialmente inmuebles que hoy se encuentran en una zona gris. A mediano plazo, una mayor certeza documental también facilitaría herencias, ventas legítimas y acceso a crédito. Pero ese mismo movimiento puede sacar a la superficie conflictos dormidos entre familiares, vecinos, copropietarios o gestores, porque cada escritura regularizada define quién tiene derecho real sobre el bien y quién no. Regularizar no siempre pacifica; a veces ordena el conflicto para volverlo visible.
El componente fiscal tampoco es menor. Brugada habló de exenciones de impuestos federales y locales para destrabar trámites. Si esa vía prospera, el impacto social podría ser amplio, porque el costo notarial suele ser una de las principales barreras para familias de ingresos limitados. Pero aquí aparece un dilema de fondo: una política de exenciones generalizadas puede aliviar a los hogares más vulnerables, aunque también reduce recaudación y exige criterios estrictos para evitar que personas con capacidad de pago capturen beneficios pensados para segmentos rezagados. Sin reglas de elegibilidad claras, la medida puede perder legitimidad y eficiencia.
La estrategia contra el despojo también enfrenta un problema de percepción pública. Después de casos mediáticos en Benito Juárez, el gobierno busca mostrar capacidad de respuesta. Eso es comprensible, pero una política pública no puede quedar definida por la urgencia de los expedientes más visibles. Si el énfasis recae demasiado en las colonias con mayor exposición mediática, otras zonas de la ciudad con rezagos históricos podrían quedar fuera del radar. El desafío para la administración es demostrar que la reacción frente a dos casos emblemáticos no se convertirá en una agenda selectiva, sino en un sistema de atención con criterios verificables.
En términos de gobernabilidad, el censo puede convertirse en una prueba de coordinación interna. Vivienda, fiscalía, seguridad y notariado operan con lógicas distintas, plazos distintos y, en ocasiones, incentivos distintos. Si esa articulación falla, el ciudadano quedará atrapado entre ventanillas. Si funciona, la ciudad podría construir una ruta más sólida para prevenir despojos y destrabar escrituras pendientes. El resultado dependerá menos del anuncio que de la calidad del diseño operativo, de la trazabilidad de los expedientes y de la transparencia con la que se informen avances, límites y casos resueltos.
La medida apunta a una necesidad real: en una ciudad donde la vivienda es patrimonio familiar y también refugio económico, no tener escrituras deja a miles de personas en desventaja frente a fraudes, invasiones y litigios. Pero precisamente por eso el margen de error es pequeño. Un programa exitoso deberá distinguir entre urgencia social y rigor jurídico, evitar simulaciones y sostener una capacidad administrativa suficiente para que la regularización no se quede en promesa. Ahí se definirá si el censo es el inicio de una política durable o solo la respuesta momentánea a una coyuntura de alto costo público.
