La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, llamó a fortalecer la integración de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) como una condición necesaria para mejorar la seguridad, la movilidad, la gestión del agua y el desarrollo económico de una región que concentra a más de 23 millones de habitantes. Durante una sesión realizada en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), sostuvo que los límites administrativos ya no corresponden con la dimensión de los problemas que enfrentan diariamente las comunidades metropolitanas.
Brugada destacó que la ZMVM concentra alrededor de 17 por ciento de la población nacional y genera 28 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de México. Por su peso demográfico, económico y cultural, afirmó que, si se tratara de un país independiente, ocuparía el cuarto lugar entre las economías de América Latina. La referencia buscó subrayar que la zona no sólo representa un espacio urbano continuo, sino también uno de los principales motores productivos del país.
Una región que rebasa las fronteras administrativas
La mandataria capitalina planteó que la coordinación metropolitana debe pasar de los acuerdos políticos generales a mecanismos permanentes de operación. En su diagnóstico, la delincuencia, los desplazamientos laborales, la presión sobre los recursos naturales y la expansión urbana ocurren sin respetar las fronteras entre la Ciudad de México, el Estado de México, Hidalgo y Morelos. Por ello, cualquier política limitada a una sola entidad corre el riesgo de atender únicamente una parte del problema.
En materia de seguridad, propuso crear una Policía Metropolitana con capacidad para compartir inteligencia, coordinar operativos y establecer respuestas conjuntas frente a delitos que tienen presencia en distintos municipios y alcaldías. Esta estructura complementaría al C5 Metropolitano, cuyo objetivo es facilitar el intercambio de información y la atención coordinada de emergencias. La propuesta dependerá, sin embargo, de definir con precisión las competencias de cada corporación, los protocolos de actuación y los mecanismos de supervisión entre los gobiernos involucrados.
La gestión del agua fue otro de los ejes centrales. Brugada argumentó que las entidades comparten una misma cuenca y, por tanto, requieren una gobernanza hídrica con visión regional. El planteamiento contempla proteger las fuentes de abastecimiento, mejorar la coordinación institucional e impulsar soluciones conjuntas ante la sobreexplotación, la contaminación y los efectos de las temporadas de sequía. La dimensión metropolitana del tema también obliga a conciliar las necesidades de consumo urbano con la conservación ambiental y la infraestructura de distribución.
Movilidad, clima y crecimiento urbano
La movilidad constituye uno de los principales vínculos entre las entidades de la zona. De acuerdo con los datos expuestos durante la sesión, más de un millón de trabajadores y 270 mil estudiantes se trasladan cada día entre distintos puntos de la metrópoli. Estos recorridos reflejan la integración económica existente, pero también los costos de una planeación fragmentada: viajes más largos, saturación vial, desigualdad en el acceso al transporte y mayores emisiones contaminantes.
Frente a este escenario, se planteó la elaboración de un Plan Metropolitano de Movilidad y Acción Climática. El objetivo sería articular el transporte público, ordenar las conexiones regionales y vincular las decisiones de infraestructura con la reducción de emisiones y la adaptación al cambio climático. También se propuso avanzar en la reforestación del oriente de la Ciudad de México, una zona que enfrenta presiones urbanas y ambientales estrechamente relacionadas con el crecimiento de los municipios vecinos.
La incorporación del municipio de Huitzilac, Morelos, fue presentada como un paso relevante para ampliar la coordinación institucional. Con esta adhesión, la ZMVM quedó integrada por 84 municipios y demarcaciones de cuatro entidades. La ampliación reconoce que los procesos metropolitanos no se limitan a las áreas de mayor densidad urbana y que localidades con funciones ambientales, habitacionales o de conexión regional también influyen en el equilibrio de la zona.
Acuerdos y retos para convertir la coordinación en resultados
Durante la reunión se aprobaron siete acuerdos considerados prioritarios para fortalecer la planeación regional. Entre los planteamientos se incluyó homologar regulaciones y mejorar los mecanismos de recaudación y pago de impuestos, con el propósito de elevar la calidad de los servicios públicos sin crear nuevas cargas fiscales para la población. La propuesta apunta a reducir diferencias administrativas que pueden dificultar la prestación de servicios, aunque su aplicación requerirá acuerdos técnicos y legislativos entre las entidades.
La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, informó que los trabajos preparatorios para el Programa de Ordenación de la ZMVM acumulan dos años, 175 reuniones y 24 talleres. Ese proceso busca establecer una base común para orientar el uso del suelo, la expansión urbana, la infraestructura y la protección ambiental. La participación de funcionarios federales, gobiernos estatales, autoridades municipales, académicos y representantes de la sociedad civil pretende incorporar perspectivas distintas, aunque el desafío principal será traducir las propuestas en calendarios, presupuestos y responsabilidades verificables.
Los gobernadores del Estado de México, Morelos e Hidalgo respaldaron la coordinación regional como una vía para reforzar la seguridad, la economía y el desarrollo urbano. El respaldo político representa una condición inicial para avanzar, pero la eficacia de las medidas dependerá de la continuidad entre administraciones y de la capacidad para resolver disputas por recursos, competencias y prioridades territoriales.
La sesión evidenció que la ZMVM ya funciona como una unidad económica y social, aunque sus instituciones todavía operan de manera dispersa. Integrar políticas de seguridad, agua, movilidad y ordenamiento puede permitir un uso más eficiente de los recursos y una respuesta más coherente a las necesidades de la población. El reto será construir una coordinación estable que produzca beneficios cotidianos y que, al mismo tiempo, respete las atribuciones legales de cada entidad.
