La reducción de 4.4% en el empleo de las zonas francas salvadoreñas entre 2024 y 2025 no es solo un dato estadístico: es una señal de ajuste en un sector que durante años funcionó como una de las principales puertas de entrada al trabajo formal industrial, sobre todo para mujeres. La pérdida de 3,174 plazas, de acuerdo con el Observatorio Centroamericano de Violencia Laboral de ORMUSA, confirma que el repunte observado en 2024 fue insuficiente para revertir una trayectoria descendente que viene desde 2022. Eso importa porque el régimen de zonas francas no solo mueve exportaciones; también organiza cadenas de suministro, salarios, consumo local y estabilidad laboral en municipios donde la maquila tiene un peso decisivo.
El dato más sensible es territorial. La Libertad y San Salvador concentran dos tercios del empleo bajo este régimen y, precisamente por eso, absorben el golpe con mayor intensidad. Cuando el empleo se contrae en los departamentos con mayor densidad empresarial, el efecto no se limita a los trabajadores despedidos: se enfría la demanda de transporte, alimentación, cuidados y servicios cercanos a los parques industriales. En economías locales muy dependientes de un solo tipo de actividad, una caída de este tamaño puede traducirse en menor circulación de ingresos y más presión sobre hogares que ya operan con márgenes estrechos.
El informe también deja una paradoja relevante: mientras el empleo cae, el número de empresas bajo el régimen aumenta 5.7%. Ese desajuste sugiere que el crecimiento empresarial ya no garantiza más puestos de trabajo, al menos en la misma escala de antes. La explicación puede estar en la automatización, en una mayor eficiencia por planta o en cambios en la mezcla productiva. Ese giro no es necesariamente negativo para la competitividad, pero sí obliga a revisar un supuesto antiguo: más inversión en el sector no siempre se traduce en más contratación. Para una política pública centrada en empleo masivo, esa diferencia cambia por completo el diagnóstico.
La dimensión de género agrava la lectura. Si las mujeres siguen siendo mayoría en la manufactura y la maquila, una contracción del sector impacta con más fuerza a un grupo que ya enfrenta alta rotación, salarios bajos y escaso ascenso ocupacional. La pérdida de empleo formal no solo reduce ingresos; también debilita trayectorias laborales que suelen sostener el gasto del hogar, el cuidado de hijos y la autonomía económica. En ese contexto, cada plaza menos no es un ajuste neutral, sino una presión adicional sobre desigualdades preexistentes.
Competitividad sin empleo estable
El leve aumento de exportaciones de maquila, de 0.4%, introduce una señal ambigua. Por un lado, muestra que el sector mantiene actividad y cierta capacidad de colocación externa. Por otro, el propio informe advierte que ese crecimiento corresponde al valor monetario y no necesariamente al volumen producido. Si la facturación sube mientras el empleo baja, el beneficio puede estar concentrándose en procesos más automatizados, productos de mayor valor o mayor eficiencia logística, sin derrame suficiente hacia la contratación. Para la economía salvadoreña, ese patrón abre una discusión incómoda: un sector puede seguir siendo rentable y, al mismo tiempo, ofrecer cada vez menos oportunidades laborales.
También hay riesgos de mediano plazo. Si la caída del empleo continúa, el país podría enfrentar una erosión gradual de una de sus plataformas de industrialización ligera, justo cuando otras economías de la región compiten por atraer manufactura bajo incentivos similares. La pérdida sostenida de puestos no solo afecta a quienes salen hoy del sistema; también reduce la capacidad del sector para formar mano de obra experimentada y para sostener redes de proveedores locales. En industrias intensivas en rotación, esa pérdida de capital humano puede ser lenta, pero acumulativa.
La lectura no debe quedar en una alarma simplista. El aumento del número de empresas puede indicar confianza de algunos inversionistas, diversificación de operaciones o apertura de nuevas líneas productivas. Si esa expansión se acompaña de mejores salarios, capacitación y movilidad interna, el sector podría evolucionar hacia empleos menos vulnerables. La cuestión es que, con la información disponible, no hay evidencia de que ese salto esté ocurriendo al ritmo necesario. El crecimiento empresarial, sin una estrategia explícita de empleo e inclusión, corre el riesgo de convertirse en expansión sin absorción laboral.
Lo que debería observarse
Las propuestas sindicales apuntan a los puntos correctos: salario, transporte, formación y políticas de igualdad. No son demandas accesorias. En un sector donde el costo del traslado y la permanencia pesa tanto como el salario nominal, subsidios de transporte o esquemas de apoyo pueden marcar la diferencia entre retener personal o perderlo. La capacitación, además, es clave para que la digitalización no expulse de forma automática a las trabajadoras con menos acceso a nuevas competencias. Y las políticas de igualdad no deberían verse como un complemento reputacional, sino como una respuesta a la estructura de empleo que hoy concentra la vulnerabilidad en mujeres jóvenes y hogares de bajos ingresos.
El desafío para el gobierno y para las empresas es evitar dos errores simétricos. Uno sería minimizar la caída y tratarla como una oscilación coyuntural. El otro sería asumir que cualquier expansión exportadora resolverá por sí sola el problema laboral. La evidencia presentada por ORMUSA apunta a algo más complejo: el sector sigue siendo relevante, pero su capacidad de generar trabajo decente se está debilitando. Si esa tendencia se consolida, el costo no será únicamente social; también será productivo, porque una industria que reduce empleo mientras concentra riesgo laboral termina perdiendo legitimidad, estabilidad y base de sostenibilidad a largo plazo.
