Bolivia pasó en una década de una bonanza sostenida por el gas natural a una crisis marcada por la escasez de dólares, la presión inflacionaria y la pérdida de reservas internacionales. Entre 2006 y 2014, el país recibió cerca de 30.000 millones de dólares por exportaciones de hidrocarburos, un ciclo impulsado por los contratos con Brasil y Argentina, los altos precios internacionales y la ampliación del papel del Estado tras la nacionalización decretada en 2006.
Esa etapa de ingresos excepcionales coincidió con crecimiento económico cercano al 6% anual, superávits externos y una fuerte acumulación de divisas. En el punto más alto, entre 2012 y 2014, Bolivia llegó a exhibir la mayor relación de reservas internacionales sobre PIB de la región. Ese margen permitió sostener subsidios, bonos sociales, inversión pública y un tipo de cambio estable. La fotografía actual es la opuesta: reservas reducidas a una fracción de aquel nivel, dificultades para importar combustibles y un desequilibrio fiscal que se volvió persistente.
La curva descendente
Los datos del Instituto Nacional de Estadística, procesados por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior, muestran que las exportaciones de gas tocaron su pico en 2014, con 6.011 millones de dólares, y desde entonces iniciaron un descenso casi ininterrumpido. En 2015 bajaron a 3.770 millones, golpeadas por la caída de precios internacionales; en 2016 cayeron a 2.049 millones; luego subieron de forma parcial en 2017 y 2018, para volver a debilitarse en 2019 y desplomarse a 1.989 millones en 2020 por el impacto de la pandemia. Hubo un alivio temporal en 2022 por la crisis energética global, pero la tendencia volvió a deteriorarse en 2023, 2024 y 2025, cuando las ventas se redujeron a 1.082 millones.
El informe más reciente agrega un nuevo retroceso en el primer semestre de este año: 498,1 millones de dólares, 12,9% menos que en el mismo período de 2025. La caída no responde a un solo factor. Se combina la declinación natural de los campos maduros, la falta de exploración sostenida, la ausencia de nuevos descubrimientos de gran escala y el cambio en la demanda regional, especialmente tras la autosuficiencia alcanzada por Argentina con Vaca Muerta.
El fin del gran contrato argentino
La ruptura más sensible llegó en septiembre de 2024, cuando concluyó el contrato con Argentina, vigente durante 18 años y responsable de entre 40% y 45% del gas exportado por Bolivia. Desde entonces, el país tocó mínimos históricos en sus ventas externas de hidrocarburos. En junio de 2025 se reanudaron algunos envíos marginales bajo contratos interrumpibles con empresas privadas, pero esos volúmenes no compensan la pérdida del principal comprador ni restituyen la escala del mercado anterior.
La contracción del negocio gasífero dejó al descubierto la fragilidad de un modelo apoyado durante años en una sola renta. Durante el auge, esa concentración parecía una fortaleza fiscal; hoy, se convirtió en un límite estructural. La dificultad para generar dólares propios se refleja en toda la economía: encarece las importaciones, tensiona el abastecimiento de combustibles y reduce el margen del Estado para sostener el gasto público sin recurrir a crédito externo o a mayores ajustes.
Una transición todavía incierta
El gobierno de Luis Arce intentó impulsar una política de industrialización y expansión estatal, pero varias empresas públicas operan con déficits y enfrentan recortes o reestructuraciones para evitar una carga mayor sobre el Tesoro. El nuevo gobierno de Rodrigo Paz busca estabilizar las cuentas mediante financiamiento externo y nuevas fuentes de ingreso. Su ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, sostiene que la salida no provendrá de reemplazar un recurso natural por otro, sino de una economía más diversificada, con mayor productividad, inversión privada y desarrollo simultáneo de minería, agroindustria y servicios.
La discusión ya no se limita a descubrir nuevos yacimientos. También involucra una reforma regulatoria que defina incentivos de inversión, seguridad jurídica, control ambiental y mecanismos para repatriar divisas, en un contexto donde diversos especialistas advierten sobre una posible crisis energética entre 2027 y 2028 si no se revierte la declinación productiva. El desafío de fondo es cómo reconstruir una base de crecimiento después del ciclo del gas sin repetir la dependencia que llevó a la actual vulnerabilidad.
