La decisión de California de eliminar las antiguas menciones de “fecha de caducidad” y sustituirlas por un sistema de dos expresiones estandarizadas responde a décadas de interpretaciones erróneas que han convertido millones de toneladas de comida en residuos innecesarios. Desde los años setenta, cuando las etiquetas de caducidad comenzaron a generalizarse en los envases estadounidenses sin una norma federal clara, los consumidores han asociado cualquier fecha impresa con un límite de seguridad, aunque la mayoría de esas fechas solo servían para gestionar el inventario de los comercios. Esta confusión persistente generó que productos perfectamente comestibles fueran descartados en hogares y tiendas, contribuyendo a que el desperdicio alimentario represente cerca del 40 por ciento de la comida producida en el país.
Orígenes de una práctica sin regulación uniforme
Antes de la ley aprobada en 2024, cada fabricante elegía libremente cómo rotular sus productos. Algunas empresas usaban “Sell By”, otras “Expires On” y muchas combinaban términos en inglés y español sin criterio común. Estudios realizados por la Universidad de Harvard y el Natural Resources Defense Council demostraron que entre el 20 y el 30 por ciento del desperdicio doméstico se debía precisamente a esta falta de claridad. En California, donde se cultiva más de la mitad de las frutas y verduras que consume Estados Unidos, el problema adquirió dimensiones especialmente visibles: camiones enteros de productos rechazados por los supermercados terminaban en vertederos mientras organizaciones benéficas carecían de stock suficiente para atender la demanda.
La nueva normativa, que entrará en vigor en julio de 2026, obliga a usar únicamente “Best if Used By” para indicar calidad óptima y “Use By” cuando la fecha esté vinculada a seguridad microbiológica. Esta distinción, respaldada por la Administración de Alimentos y Medicamentos, busca que los consumidores dejen de tirar alimentos por miedo infundado y que los bancos de alimentos puedan redistribuir excedentes con mayor seguridad jurídica.
Impacto inmediato en la cadena de suministro
Los supermercados californianos ya están ajustando sus sistemas de inventario para cumplir con la norma. Cadenas como Safeway y Whole Foods han comenzado a capacitar a su personal de reposición para diferenciar entre productos que pueden donarse y aquellos que deben retirarse por riesgo real. Esta reorganización logística tiene un efecto directo sobre los costos operativos: al reducir el volumen de devoluciones y descartes, los minoristas pueden negociar mejores condiciones con los productores y, eventualmente, trasladar parte de esos ahorros al precio final que pagan las familias.
Al mismo tiempo, las empresas de procesamiento de alimentos enfrentan el reto de reformular sus líneas de envasado. Muchas deberán invertir en nuevas impresoras y software de trazabilidad para garantizar que las dos expresiones aparezcan correctamente según el tipo de producto. Aunque estas inversiones iniciales representan un gasto adicional, el ahorro derivado de menores reclamaciones por productos descartados prematuramente podría compensar el desembolso en un plazo de tres a cinco años, según estimaciones de la California Grocers Association.
Consecuencias ambientales a escala regional
Cuando los alimentos se descomponen en vertederos sin oxígeno generan metano, un gas de efecto invernadero 28 veces más potente que el dióxido de carbono en un horizonte de cien años. California produce aproximadamente seis millones de toneladas de residuos alimentarios anuales; si la nueva etiqueta logra reducir solo un 15 por ciento de ese volumen, se evitaría la emisión equivalente a las de 500 mil automóviles circulando durante un año. Este cálculo, elaborado por el California Air Resources Board, convierte la medida en una herramienta concreta de mitigación climática que complementa las metas estatales de reducción de gases de efecto invernadero para 2030.
Además, al disminuir la necesidad de producir alimentos que nunca se consumen, se reduce la presión sobre recursos hídricos y tierras agrícolas. El cultivo de un kilogramo de tomates requiere en promedio 180 litros de agua; evitar que ese kilogramo termine en la basura equivale a preservar ese volumen para otros usos en una región que enfrenta sequías recurrentes.
Efectos en la seguridad alimentaria y la equidad social
Los bancos de alimentos de Los Ángeles y San Francisco han señalado que, históricamente, hasta un 25 por ciento de las donaciones potenciales eran rechazadas por superar fechas de caducidad tradicionales. Con el nuevo sistema, estas organizaciones podrán aceptar productos cuya calidad sigue siendo óptima, ampliando la cantidad de comidas que pueden distribuir entre poblaciones vulnerables. El condado de Alameda ya ha iniciado un programa piloto que combina la nueva etiqueta con aplicaciones de trazabilidad para que los voluntarios identifiquen rápidamente qué productos pueden redistribuirse y cuáles deben procesarse de inmediato.
Este cambio también modifica la relación entre consumidores de bajos ingresos y el sistema alimentario. Muchas familias que dependen de despensas comunitarias dejarán de dudar sobre la seguridad de los productos recibidos, lo que podría aumentar la tasa de aprovechamiento de las donaciones y reducir la inseguridad alimentaria crónica en barrios históricamente marginados.
Repercusión en la política federal y otros estados
La experiencia californiana está siendo observada con atención en Washington. Una iniciativa bipartidista presentada en el Congreso propone adoptar el mismo modelo de dos expresiones para todo el territorio nacional. Si esta legislación prospera, la industria alimentaria evitaría tener que mantener sistemas de etiquetado diferentes según el estado, reduciendo costos de cumplimiento y simplificando la distribución interestatal. Mientras tanto, Nueva York ha anunciado que evaluará una norma similar en 2027, y legisladores de Massachusetts e Illinois han solicitado estudios de factibilidad basados en los datos que empiece a generar California a partir de 2026.
El caso de la leche de fórmula infantil, el único alimento que ya cuenta con regulación federal específica de fechas, sirve como precedente: su sistema ha demostrado que una etiqueta clara reduce tanto el desperdicio como las retiradas por seguridad. Extender esa lógica al resto de categorías alimentarias podría marcar un punto de inflexión en la forma en que Estados Unidos gestiona uno de sus recursos más valiosos.
La transformación de las etiquetas en California no se limita a un cambio gráfico en los envases. Representa una corrección estructural de una práctica que durante medio siglo ha distorsionado la percepción del consumidor, malgastado recursos naturales y agravado problemas ambientales y sociales. Los resultados que se observen en los próximos cinco años determinarán si este modelo se convierte en el estándar nacional o permanece como una excepción regional con lecciones valiosas para el resto del país.
