El próximo relevo en la presidencia de Colombia genera expectativas de una profunda reestructuración en Ecopetrol, la principal empresa estatal del sector energético. Abelardo De La Espriella, quien asumirá el mando ejecutivo, planea convocar una asamblea de accionistas a mediados de agosto para definir el nuevo liderazgo de la petrolera y remover a varios miembros de la junta directiva vinculados a la administración saliente de Gustavo Petro.
La información, publicada originalmente por el diario El Tiempo, indica que la medida busca imprimir un rumbo distinto a la compañía en medio de cuestionamientos sobre contratos, licitaciones y la continuidad del actual presidente Ricardo Roa. La asamblea se formalizará mediante el primer decreto del nuevo gobierno, una vez que De La Espriella se instale en la Casa de Nariño.
Limitaciones del gobierno corporativo
Las normas internas de Ecopetrol restringen la modificación de la junta directiva a una parte de sus nueve integrantes en una primera etapa. Por ello, el equipo entrante prevé mantener a los miembros independientes Luis Felipe Henao y Ricardo Rodríguez Yee, representantes de los fondos de pensiones minoritarios y de los departamentos productores de petróleo, respectivamente. Ambos se manifestaron en contra de la permanencia de Roa por los riesgos reputacionales y económicos derivados de procesos judiciales en curso.
Henao, quien preside la asamblea, y Rodríguez Yee solicitaron en la última reunión suspender decisiones no esenciales hasta la llegada de la nueva administración. Esta solicitud incluye la paralización de contratos de mantenimiento y adjudicaciones millonarias en las refinerías de Barrancabermeja y Cartagena, pedidos que contaron con el respaldo de la Unión Sindical Obrera (USO).
Salidas previstas y nombres en revisión
La primera salida confirmada en la junta sería la de su presidenta, Ángela María Robledo. Otras figuras alineadas con el proyecto de Petro también figuran en la lista de posibles relevos: Alberto Merlano Alcocer, Hildebrando Vélez Galeano, Carolina Arias y Tatiana Roa. Si los cambios se aplican de forma gradual, el equipo de Petro conservaría apenas tres posiciones, aunque se contempla la posibilidad de renuncias voluntarias en los próximos días.
La reestructuración no se limitará a la sede principal. En las filiales, especialmente ISA donde Ecopetrol tiene mayoría accionaria, se anticipan ajustes tras la salida de Jorge Andrés Carrillo. Mónica de Greiff y Álvaro Torres, exdirectivos de Ecopetrol que ingresaron posteriormente, serían relevados bajo la misma dinámica. Torres enfrenta además una investigación disciplinaria por un contrato legal con la firma Covington & Burling cuyo valor escaló de 875.000 a cinco millones de dólares sin aprobación de la junta.
Contratos bajo escrutinio y presión sindical
Entre los puntos críticos destacan dos acuerdos: contratos de mantenimiento en las principales plantas por más de 150 mil millones de pesos y un contrato tecnológico en la filial Cenit valorado en 400 mil millones de pesos. Ambos están bajo revisión por posibles adjudicaciones anticipadas e irregularidades señaladas por la USO. La presidenta saliente de la junta, Ángela María Robledo, propuso posponer su discusión hasta la toma de posesión de la nueva administración.
La USO ha denunciado intentos de acelerar estos acuerdos antes del cambio de gobierno, lo que añade tensión al proceso de transición. Paralelamente, la nueva administración ha manifestado su intención de reactivar proyectos de exploración y explotación de petróleo y gas, al tiempo que revisa la composición de las juntas en las subsidiarias nacionales e internacionales.
El contexto de estos movimientos incluye cuestionamientos previos a la gestión de Roa y a la continuidad de contratos firmados en los últimos meses. La decisión de acelerar la asamblea responde a la necesidad de alinear la compañía con los objetivos energéticos y de transparencia del nuevo ejecutivo, sin alterar de inmediato la representación de los accionistas minoritarios ni la de las regiones productoras.
Las fuentes consultadas por El Tiempo indican que los cambios se implementarán de manera progresiva para respetar las reglas de gobierno corporativo. Esta estrategia busca minimizar disrupciones operativas mientras se consolida un equipo directivo con menor vinculación al gobierno saliente. El proceso refleja el equilibrio entre las restricciones legales y la urgencia política de definir un nuevo rumbo para la mayor empresa estatal colombiana.
