El debate sobre el gas peruano suele aparecer cuando se discute una tarifa eléctrica, el precio de un balón de GLP o la expansión de las redes domiciliarias. Sin embargo, la advertencia que llega desde Bolivia obliga a mirar un problema más profundo: la seguridad energética no depende solo de tener un gran yacimiento, sino de reemplazar de forma continua las reservas que se consumen. Bolivia pasó en poco más de una década de producir 60,8 millones de metros cúbicos diarios de gas a 27 millones, según cifras de su industria hidrocarburífera. La caída no responde a un accidente aislado, sino a un prolongado déficit de exploración. Perú, que concentra en Camisea buena parte de su abastecimiento, enfrenta una vulnerabilidad estructural comparable, aunque todavía dispone de un margen de maniobra.
La cuestión no es si el gas de Camisea desaparecerá de manera súbita. El problema es que la matriz energética peruana se ha organizado como si la continuidad del recurso estuviera garantizada. Del yacimiento cusqueño proviene alrededor del 96% del gas natural utilizado en los hogares conectados a redes, el 70% del gas asociado al mercado de balones y cerca del 40% de la electricidad nacional. Esa concentración transforma cualquier incidente técnico, demora regulatoria o descenso de producción en un riesgo de alcance nacional. La ruptura de un tramo del sistema de transporte administrado por Transportadora de Gas del Perú, que obligó a racionar suministro y a suspender temporalmente exportaciones en marzo, mostró que no hace falta el agotamiento del campo para que el país experimente una crisis.
Una reserva no es lo mismo que una política de abastecimiento
Las estimaciones citadas por Perupetro sitúan el horizonte de gas confirmado de Camisea entre 13 y 15 años al ritmo actual de consumo. Es una cifra relevante, pero su lectura pública suele ser engañosa. Tener reservas para más de una década no equivale a contar con trece o quince años de tranquilidad. En el negocio del gas, desarrollar una nueva fuente puede requerir aproximadamente diez años entre negociación de contratos, estudios ambientales, consultas, perforación exploratoria, construcción de infraestructura y entrada en producción estable. Si se acepta ese plazo, el colchón real para decidir sobre un proyecto sustituto es de apenas tres a cinco años.
Esta es la primera conclusión que el caso boliviano deja para Perú: la crisis de abastecimiento comienza mucho antes de que se agote físicamente el último metro cúbico. Comienza cuando el calendario de reposición de reservas queda por detrás del calendario de consumo. Bolivia mantuvo durante años su condición de exportador regional pese al deterioro de sus campos, lo que retrasó la percepción del problema. Perú corre el riesgo de cometer una versión propia de ese error: interpretar la producción actual y los precios relativamente competitivos como prueba de suficiencia futura.
Desde finales de 2014 no se han perforado nuevos pozos productores en los lotes 88 y 56 de Camisea. El pozo Kimara 1001, perforado en el Lote 88 en febrero de 2016, tuvo resultado negativo y posteriormente Pluspetrol suspendió de manera indefinida su plan exploratorio. Esto no significa que no haya actividad en el sistema. La inversión anunciada de US$100 millones para el Lote 88 puede contribuir a sostener la producción mediante perforación de desarrollo y mejoras operativas. Pero hay una diferencia decisiva entre explotar mejor un campo conocido y descubrir gas adicional: lo primero ralentiza el declive; lo segundo modifica el horizonte de reservas. Confundir ambas tareas puede producir una falsa sensación de avance.
La dependencia de un solo sistema multiplica el costo de una falla
La segunda conclusión es que el riesgo peruano no es exclusivamente geológico. Es también logístico y eléctrico. Camisea no llega al consumidor por una única cadena simple: depende de pozos, plantas de procesamiento, gasoductos, redes de distribución, centrales de generación y mecanismos de transporte de líquidos. Cuando una parte relevante de esa cadena se interrumpe, la presión se traslada rápidamente al sistema eléctrico, a las industrias intensivas en energía y a los hogares. La emergencia de marzo evidenció esa interdependencia: una falla en infraestructura física derivó en racionamiento y en la paralización de exportaciones, con efectos que superaron al sector extractivo.
Para las familias conectadas al gas natural, la exposición tiene una dimensión distributiva. El gas por red ha permitido reducir costos de cocción y calefacción de agua para millones de usuarios, especialmente en Lima y otras ciudades que han incorporado progresivamente esta infraestructura. Un deterioro del suministro no afectaría a todos por igual. Los hogares que vuelvan a depender del GLP en balones enfrentarían precios más altos, compras más frecuentes y mayor vulnerabilidad ante variaciones de distribución. En zonas sin redes, donde el balón ya es la principal fuente de energía doméstica, la competencia por el producto podría intensificar una desigualdad que la masificación del gas buscaba reducir.
La industria también tiene intereses concretos en juego. Empresas de generación eléctrica, minería, manufactura, transporte y comercio han tomado decisiones de inversión sobre la premisa de un gas competitivo y disponible. Si la oferta doméstica se estrecha, las centrales termoeléctricas pueden verse obligadas a usar combustibles más caros o menos eficientes, encareciendo el costo marginal de la electricidad. La minería, que compite globalmente con operaciones de otros países, podría enfrentar mayores costos operativos. La manufactura, por su parte, trasladaría parte del aumento a precios finales o reduciría márgenes. El gas barato no es solo un beneficio residencial: ha funcionado como un subsidio implícito de competitividad para una parte de la economía peruana.
El vencimiento de 2028 revela una decisión que no es técnica
La expiración en 2028 del contrato de exportación asociado al Lote 56 será una prueba política y económica. El próximo gobierno deberá decidir qué prioridad asigna al mercado interno, a los ingresos derivados de ventas externas, a la reputación contractual del país y a la necesidad de preservar reservas para el futuro. Presentar esa decisión como una simple elección entre “exportar” o “abastecer a los peruanos” simplifica demasiado el dilema. Los contratos internacionales pueden aportar divisas, incentivar inversión y sostener relaciones comerciales. Pero mantener compromisos externos cuando la disponibilidad doméstica se vuelve más ajustada puede elevar el costo de oportunidad para consumidores e industrias locales.
Existe además una asimetría temporal. La exportación captura beneficios en el corto plazo, mientras que la escasez se manifiesta años después, cuando las reservas declinan y la alternativa más rápida suele ser importar gas natural licuado o combustibles sustitutos. Esa importación no solo puede costar más; también expone al país a precios internacionales, fletes, congestión portuaria y tensiones geopolíticas ajenas a la realidad peruana. Bolivia ilustra precisamente esa transición: una nación que durante años sostuvo ingresos y peso regional como exportadora puede terminar compitiendo con sus vecinos por el combustible que antes colocaba en el exterior.
La discusión, por ello, necesita indicadores públicos más exigentes que el volumen anual producido. Sería útil que el Estado, Perupetro, el regulador y los operadores presenten de manera periódica escenarios de reposición de reservas, capacidad firme de transporte, vulnerabilidades de infraestructura y sensibilidad de tarifas ante interrupciones. La seguridad energética no debería medirse solo por las reservas declaradas, sino por la capacidad de entregar gas de forma sostenida aun cuando falle un componente relevante del sistema. Esa distinción es fundamental en un país donde una sola cuenca y una red troncal sostienen una parte tan alta del consumo nacional.
Candamo y Camisea: explorar no elimina el conflicto territorial
La solución más citada, explorar nuevos horizontes en Camisea o avanzar en zonas como Candamo, está lejos de ser automática. Parte del potencial geológico se ubica en áreas de alta sensibilidad ambiental y social. Las organizaciones indígenas y ambientales advierten que la expansión de actividades hidrocarburíferas puede afectar biodiversidad, fuentes de agua y territorios de pueblos en aislamiento o contacto inicial. Sus objeciones no son un obstáculo administrativo menor: expresan riesgos reales que, si se ignoran, pueden derivar en conflictos, judicialización y proyectos inviables.
Del otro lado, el Estado y los operadores sostienen que abandonar por completo la exploración en estas áreas puede condenar al país a una dependencia externa más costosa. Las empresas, además, enfrentan un problema de señales. Explorar gas en la Amazonía exige capital elevado, tolerancia a resultados inciertos y reglas contractuales estables durante varios años. Un pozo exploratorio negativo, como Kimara 1001, no prueba que no exista recurso; sí muestra que el riesgo geológico es alto. Si a ese riesgo se suman permisos imprevisibles, controversias territoriales sin mecanismos de resolución y cambios regulatorios, el capital tenderá a buscar proyectos menos complejos en otros mercados.
La tercera conclusión es que Perú no debería elegir entre exploración sin salvaguardas y parálisis sin consecuencias. La alternativa razonable exige elevar simultáneamente los estándares ambientales, la calidad de la consulta previa, la fiscalización independiente y la certidumbre regulatoria. Un proyecto que ignore derechos territoriales puede fracasar incluso después de invertir grandes sumas; un Estado que no construya procedimientos claros también prolonga la incertidumbre y encarece la transición. La seguridad energética duradera requiere legitimidad social, no solo reservas en el subsuelo.
El riesgo más probable es un deterioro gradual, no un apagón inmediato
El escenario más verosímil para los próximos años no es que Perú se quede sin gas de un día para otro. Es una combinación gradual de menor holgura de reservas, presión sobre la infraestructura existente, decisiones difíciles sobre exportación y aumento de costos para usuarios vulnerables. La producción puede mantenerse durante un tiempo mediante inversiones de desarrollo, pero sin descubrimientos relevantes la relación entre reservas y consumo seguirá estrechándose. Si la demanda de generación eléctrica, industria y hogares continúa creciendo, el horizonte efectivo podría reducirse más rápido de lo previsto en las estimaciones actuales.
También existe un riesgo de política pública: esperar una señal de escasez evidente para actuar. Cuando la caída de producción se vuelve visible, los gobiernos suelen responder con subsidios, controles de precio, importaciones de emergencia o renegociaciones contractuales. Son medidas útiles para contener un shock, pero no reemplazan una estrategia de exploración, infraestructura y diversificación diseñada con anticipación. La experiencia boliviana sugiere que los ajustes tardíos tienden a ser más caros porque se toman cuando el margen técnico y financiero ya es limitado.
Perú aún conserva ventajas que Bolivia está perdiendo: una base relevante de producción, infraestructura ya operativa, experiencia exportadora y un plazo que permite ordenar decisiones. Pero esas ventajas no son permanentes. El verdadero punto de inflexión no llegará necesariamente en 2040, cuando podrían agotarse las reservas bajo ciertos escenarios, sino en los próximos pocos años, cuando se definirá si existen proyectos capaces de reemplazar parte de lo que Camisea consume. La pregunta ya no es únicamente cuánto gas queda, sino qué país quiere ser Perú cuando ese gas empiece a escasear: uno que administra una transición planificada o uno que descubre demasiado tarde que la autosuficiencia nunca estuvo garantizada.
