Tijuana atraviesa un momento en el que la frontera entre el comercio establecido y las ventas ambulantes se vuelve cada vez más difusa. La Cámara Nacional de Comercio de la ciudad ha decidido reactivar un canal directo con la Dirección de Inspección y Verificación Municipal para canalizar reportes de vendedores que operan sin autorización. El mecanismo, que ya funcionó en el pasado mediante un grupo de mensajería, permite ahora enviar fotografías y ubicaciones precisas para que las autoridades realicen las verificaciones correspondientes.
Por qué el programa regresa justo ahora
El presidente de Canaco, Olivaldo Paz Gómez, sostuvo reuniones con la nueva titular de la dependencia municipal tras los cambios recientes en su estructura. Durante esos encuentros se acordó restablecer el flujo de información que había quedado interrumpido. El primer reporte ya fue enviado un día después de reanudar el contacto y la cámara ha comenzado a difundir el número telefónico entre sus afiliados para que cualquier caso detectado en distintas zonas de la ciudad llegue directamente a las instancias responsables.
La medida responde a una percepción extendida entre los comerciantes formales de que la presencia de vendedores sin permisos afecta sus ventas, sobre todo en zonas de alto tráfico peatonal. Sin embargo, el contexto actual añade una capa adicional: la informalidad ya no se limita a las calles y ha migrado con fuerza hacia plataformas digitales donde muchos vendedores operan sin registro fiscal ni obligaciones tributarias.
La informalidad digital como nuevo frente
Uno de los puntos que Paz Gómez subrayó con mayor énfasis es el crecimiento de ventas a través de redes sociales y aplicaciones sin que los oferentes formen parte de la economía formal. Este desplazamiento complica la labor de inspección tradicional porque las transacciones ocurren en espacios virtuales que escapan al control municipal directo. El programa de reportes, aunque diseñado para el espacio público, podría servir como primer filtro para identificar patrones que luego se trasladen a la esfera digital.
Perspectivas de los actores involucrados
Los comerciantes afiliados a Canaco ven en la reactivación una herramienta para nivelar las condiciones de competencia. Consideran que pagar impuestos, rentas y cumplir normativas los coloca en desventaja frente a quienes operan al margen de esas obligaciones. Por otro lado, muchos vendedores informales dependen de estos espacios para generar ingresos diarios y perciben las inspecciones como una amenaza inmediata a su sustento. El caso de la vendedora de nieves en la calle Octava y Ocampo ilustra esta tensión: pagaba 400 pesos semanales para permanecer en el punto y manifestaba el deseo de regularizarse, pero carecía de orientación sobre cómo hacerlo.
El equilibrio entre supervisión y acompañamiento
La experiencia de esa vendedora revela que la simple aplicación de sanciones no resuelve el problema de fondo. Cuando los emprendedores informales expresan interés por integrarse a la formalidad, el acompañamiento técnico y la información clara sobre beneficios fiscales y de protección social resultan determinantes. Canaco ha señalado que buscará apoyar casos como este, lo que abre la posibilidad de que el programa evolucione más allá de la denuncia hacia esquemas de regularización asistida.
Riesgos de implementación y tendencias futuras
El restablecimiento del canal de comunicación plantea interrogantes sobre la capacidad de respuesta de la autoridad municipal y sobre posibles sesgos en la selección de casos que se atienden. Si los reportes se concentran únicamente en zonas donde operan competidores directos de los afiliados a Canaco, podría generarse una percepción de uso selectivo del mecanismo. Además, el traslado de la informalidad al entorno digital sugiere que las estrategias de inspección deberán incorporar herramientas tecnológicas en los próximos años para mantener relevancia.
En el mediano plazo, la combinación de mayor presión sobre el comercio callejero y la ausencia de programas robustos de formalización podría desplazar aún más actividades hacia plataformas virtuales, donde la trazabilidad fiscal es menor. La efectividad del programa dependerá entonces de que las autoridades municipales logren articular la supervisión con políticas de acompañamiento que reduzcan los costos de entrada a la formalidad, en lugar de limitarse a la aplicación de multas o retiros de mercancía.
