La discusión sobre cómo cerrar la brecha fiscal mexicana ha vuelto a ocupar el centro del debate público con la propuesta de Mariana Mazzucato de ampliar la tributación sobre la riqueza, en particular mediante un impuesto a las herencias. El diagnóstico de base resulta difícil de refutar: México recauda poco en relación con las necesidades de desarrollo que enfrenta. Sin embargo, la solución planteada —gravar patrimonios y sucesiones— choca de frente con una restricción estructural que ha marcado la historia fiscal del país durante décadas: la limitada capacidad institucional del Estado para convertir bases teóricas en ingresos reales.
Desde la apertura económica de los años noventa y la consolidación del régimen de IVA, la recaudación mexicana se ha apoyado de manera desproporcionada en impuestos al consumo y en retenciones laborales, mientras que el impuesto predial y el ISR de personas físicas de altos ingresos permanecen subexplotados. La idea de un impuesto sucesorio no es nueva; circuló en debates técnicos durante los gobiernos de Calderón y Peña Nieto, y reaparece ahora con el prestigio académico de Mazzucato. Lo que ha cambiado es el contexto: una reforma judicial que debilita la certeza de los tribunales, catastros desactualizados en la mayoría de los municipios y una cultura de planeación patrimonial cada vez más sofisticada entre los grandes tenedores de activos.
La permanencia de la campaña “Septiembre, Mes del Testamento”, impulsada por la Secretaría de Gobernación desde 2003, revela un hecho incómodo. Durante más de veinte años el Estado ha promovido la formalización de la transmisión patrimonial precisamente porque una proporción significativa de la riqueza no se hereda de manera abierta y documentada. Fideicomisos, sociedades familiares, donaciones en vida y protocolos patrimoniales no son anomalías; son herramientas legítimas de continuidad empresarial que, de paso, reducen la base gravable de cualquier impuesto sucesorio. Un ejercicio teórico que estima entre 0.1 y 0.2 por ciento del PIB se desvanece cuando se confronta con la realidad de esos instrumentos.
Raíces de una debilidad institucional acumulada
La incapacidad mexicana para administrar impuestos complejos no surgió de la nada. El predial, quizá el ejemplo más elocuente, ilustra cómo la fragmentación municipal y la falta de actualización catastral convirtieron un impuesto potencialmente progresivo en una fuente marginal. En ciudades como Guadalajara o Monterrey, las bases catastrales llevan años rezagadas respecto a los valores de mercado; en municipios rurales la situación es aún más precaria. Cada intento de modernización choca con resistencias políticas locales y con la ausencia de personal técnico capacitado. El resultado es que el Estado renuncia a ingresos que ya existen en el papel y destina recursos escasos a diseñar figuras nuevas cuya administración exige aún más capacidades.
El ISR de personas físicas presenta un patrón similar. Mientras las retenciones de asalariados funcionan con relativa eficiencia, la fiscalización de profesionales independientes, rentistas y titulares de sociedades de inversión enfrenta barreras de información y de personal. La autoridad tributaria ha concentrado esfuerzos en grandes contribuyentes y en el combate a factureras, pero la base media-alta permanece con márgenes amplios de subdeclaración. Introducir un impuesto sucesorio en este entorno implica destinar notarios, valuadores, jueces y personal del SAT a un proceso que, por su naturaleza, es contencioso y dilatado. Cada peso invertido en esa maquinaria deja de invertirse en mejorar la auditoría del IVA o en actualizar el padrón predial.
La reforma judicial reciente agrava el panorama. Los procedimientos sucesorios ya eran lentos; la incertidumbre sobre la integración y la independencia de los nuevos tribunales introduce un factor de riesgo adicional. Un impuesto cuya recaudación depende de resoluciones judiciales oportunas se vuelve, en la práctica, un impuesto de baja certeza y alto costo de cumplimiento. Los patrimonios más grandes, precisamente aquellos que se pretende gravar, son los que tienen mayor capacidad para litigar y para reestructurar sus activos antes de que la norma entre en vigor.
Efectos en cascada sobre la arquitectura fiscal
Si el Estado insiste en priorizar un impuesto sucesorio, las consecuencias se extienden más allá de la mera recaudación fallida. En primer lugar, se refuerza la percepción de que la política tributaria se diseña sobre promesas de equidad sin atender la viabilidad operativa. Esa percepción erosiona la legitimidad de futuras reformas y alimenta la resistencia de sectores medios que ya sienten una carga elevada a través del IVA y de las retenciones. En segundo lugar, se distorsiona la asignación de recursos humanos dentro de la administración tributaria. Formar a un valuador de patrimonios complejos o a un litigio especializado en sucesiones toma años; esos mismos perfiles podrían destinarse a fortalecer la fiscalización de operaciones de comercio exterior o a mejorar el cruce de información bancaria para el ISR.
El caso de países con impuestos a la herencia efectivos —Francia, Japón o el Reino Unido— muestra que el éxito depende de registros públicos confiables, de una cultura notarial consolidada y de tribunales ágiles. México no parte de ese piso. Comparar el potencial teórico sin calibrar la capacidad instalada es equivalente a diseñar un sistema de peaje electrónico sin contar con casetas ni con personal de supervisión. El resultado previsible es una norma que genera costos de cumplimiento para quienes intentan acatarla y elusión masiva por parte de quienes pueden reorganizar su patrimonio.
En el plano social, la promesa de gravar “a los ricos” mediante herencias puede generar expectativas de redistribución que luego no se materializan. Cuando la recaudación efectiva resulta inferior a lo anunciado, la frustración se traduce en presión por aumentar tasas de impuestos ya existentes o por crear nuevas figuras igualmente difíciles de administrar. Se abre así un ciclo de reformas sucesivas que consumen capital político sin mejorar de manera sostenida la razón ingresos-PIB. Mientras tanto, las necesidades de infraestructura, salud y educación siguen financiándose con deuda o con recortes en otras partidas.
Trayectorias posibles y el costo de oportunidad
La pregunta relevante no es si un impuesto sucesorio es justo en abstracto, sino cuál es la mejor inversión posible de la capacidad estatal disponible. Fortalecer el IVA implica cerrar brechas de facturación, mejorar el control de devoluciones y ampliar la base de contribuyentes formales en sectores donde la informalidad sigue siendo alta. Actualizar el predial requiere convenios con municipios, inversión en tecnología catastral y, sobre todo, voluntad política para superar el costo electoral de cobrar lo que ya se debe. Ampliar la base del ISR de personas físicas demanda mejor información de terceros y una estrategia de fiscalización diferenciada que no agobie al contribuyente pequeño mientras concentra recursos en los grandes omisos.
Cada una de estas rutas produce un rendimiento neto superior porque opera sobre bases ya existentes, con marcos legales conocidos y con menor espacio para la reestructuración preventiva de patrimonios. Un peso adicional recaudado vía IVA o predial no requiere crear un nuevo andamiaje jurisdiccional; un peso intentado vía herencias sí. Además, el fortalecimiento de estos impuestos genera externalidades positivas: mejor información catastral sirve para planeación urbana; mejor fiscalización del ISR mejora la equidad horizontal entre contribuyentes de ingresos similares.
A largo plazo, la insistencia en figuras de alto costo administrativo y baja certeza puede retrasar la construcción de un Estado fiscal moderno. Los países que lograron elevar su recaudación de manera sostenida lo hicieron primero consolidando la administración de impuestos masivos y simples, y solo después, con capacidades ya instaladas, exploraron gravámenes más sofisticados sobre la riqueza. Invertir el orden —crear primero el impuesto complejo y después intentar construir la capacidad— ha producido en América Latina numerosos ejemplos de normas que existen en el código pero no en la caja. México corre el riesgo de sumar uno más a esa lista.
La verdadera carestía no reside en la falta de instrumentos legales para gravar la riqueza, sino en la escasez de capacidad para hacerlos efectivos. Mientras esa restricción no se enfrente de manera frontal, cualquier reforma que prometa recaudar lo que no se puede administrar terminará siendo, en la práctica, el impuesto más caro de todos: el que consume recursos públicos, genera distorsiones y deja las finanzas en el mismo lugar donde empezaron.
