El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que el Gobierno elevará el monto destinado a la devolución de saldos de IVA para las pequeñas y medianas empresas. La medida, que comenzaría a implementarse en los próximos días, busca liberar créditos fiscales acumulados y aportar liquidez a un sector que enfrenta elevados costos financieros, dificultades de acceso al crédito y una mayor presión tributaria.
Caputo comunicó la decisión durante una entrevista televisiva con A24. Según explicó, el incremento alcanzará los $50.000 millones y estará dirigido especialmente a las pymes. “Sacamos la moratoria y ahora vamos a aumentar el monto de los reintegros por IVA que muchas pymes tienen”, afirmó el funcionario, quien sostuvo que la iniciativa pretende ofrecer un alivio significativo en el pago de impuestos.
Qué saldos fiscales incluirá el esquema
Una fuente del Ministerio de Economía precisó que el mecanismo contemplará el IVA vinculado con bienes de uso, las operaciones de exportación y los saldos de libre disponibilidad. Dentro de ese universo, la mayor parte de los pedidos correspondería al IVA generado por exportaciones, aunque también quedarían alcanzadas empresas que acumularon crédito fiscal por la compra de maquinarias u otros activos productivos.
El IVA se transforma en un saldo a favor cuando el crédito originado en las compras supera el impuesto que la empresa debe ingresar por sus ventas gravadas. Esa situación puede producirse por una inversión importante en bienes de uso, por un período de baja facturación o por la realización de exportaciones. En este último caso, las ventas al exterior no están alcanzadas por el IVA, pero las compras necesarias para producir bienes o prestar servicios sí generan crédito fiscal.
Por ejemplo, una compañía que exporta servicios puede pagar IVA al adquirir insumos de oficina, productos de limpieza o equipamiento. Como esas compras no se compensan con ventas gravadas dentro del mercado local, el saldo se acumula y no siempre puede utilizarse para cancelar otros impuestos. Para recuperarlo, la empresa debe solicitar la devolución ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
El objetivo: convertir créditos inmovilizados en capital de trabajo
El Gobierno pretende acelerar la salida de fondos que permanecen retenidos en el organismo recaudador. Para las empresas, esos montos representan un activo fiscal, pero mientras no sean devueltos no pueden utilizarse para pagar salarios, comprar insumos, invertir o reducir deudas. En un contexto de financiamiento caro, la demora puede traducirse en una necesidad adicional de crédito y, eventualmente, en mayores costos para la producción.
La decisión también se relaciona con las dificultades que Caputo atribuyó a las pymes. El ministro mencionó como problemas centrales el alto costo financiero y las fiscalizaciones de ARCA y de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA). La devolución de IVA no elimina esas cargas, pero puede aliviar las necesidades de caja de las firmas que cuentan con saldos reconocidos o en proceso de recuperación.
El anuncio se conoció después de la visita a la Argentina de Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional. Durante sus reuniones con funcionarios y empresarios, la titular del organismo manifestó preocupación por la situación de las pymes, consideradas las principales generadoras de empleo formal en el país. Su advertencia puso el foco en la necesidad de sostener la actividad empresarial mientras se busca ordenar las cuentas públicas.
Advertencias sobre los tiempos y los requisitos
El alcance práctico de la medida todavía depende de la reglamentación y de la forma en que se asignen los fondos. Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios, señaló que el anuncio combina procesos con características diferentes. En el caso del IVA de exportación, la normativa no establece un tope presupuestario para el recupero, aunque los trámites pueden demorar. Por eso, interpretó que el Gobierno podría estar destinando recursos adicionales para acelerar los pagos pendientes.
Domínguez consideró menos claro que el mismo esquema se aplique sin distinciones a los saldos originados en bienes de uso. Esos pedidos suelen involucrar menos casos, exigen el cumplimiento de condiciones específicas y pueden implicar riesgos para las empresas si la documentación o la operación no se ajustan a los requisitos fiscales. La diferencia es relevante: una aceleración administrativa para exportadores no necesariamente equivale a una ampliación general del beneficio para todas las pymes con crédito fiscal.
La observación plantea una de las principales incógnitas del anuncio: si los $50.000 millones funcionarán como un refuerzo presupuestario, como una ampliación de los montos autorizados para determinados trámites o como un programa destinado a priorizar expedientes atrasados. También resta conocer los criterios de selección, los plazos de pago y el procedimiento para que las empresas accedan al reintegro.
Un antecedente de demoras en las devoluciones
La medida llega después de un período en el que las devoluciones de IVA mostraron una marcada interrupción. Un informe difundido en marzo señaló que la partida correspondiente a devoluciones registró un valor nulo, mientras que en febrero de 2025 había alcanzado los $50.000 millones. El rubro de reintegros también quedó en cero, frente a un monto de igual magnitud informado un año antes.
Ese freno coincidió con una caída de la recaudación aduanera por IVA. Según los datos citados, el ingreso pasó de $1.720.311 millones en febrero de 2025 a $1.443.987 millones en febrero de 2026, lo que representó una baja interanual del 16,1%. La evolución refleja tanto el menor movimiento de operaciones gravadas como el contexto de contracción que atraviesan distintas actividades vinculadas al comercio y la producción.
La devolución acelerada podría mejorar el flujo de fondos de las pymes exportadoras y de aquellas que realizaron inversiones en equipamiento. Sin embargo, su impacto dependerá de que el mecanismo reduzca efectivamente los tiempos administrativos y no se limite a anunciar mayores recursos sin modificar la gestión de los expedientes. La implementación será, por tanto, el factor decisivo para determinar si el alivio fiscal se convierte en capital de trabajo disponible para las empresas.
