Carboneras aprueba anular licencia del Algarrobico

El Pleno del Ayuntamiento de Carboneras ha dado un paso decisivo al aprobar la revisión de oficio del expediente que concedió en 2003 la licencia de obras a Azata del Sol para construir un hotel en El Algarrobico. Esta decisión, adoptada en sesión extraordinaria, establece las bases para anular el permiso municipal y marca un punto de inflexión en un proceso que se prolonga más de dos décadas.

El mecanismo jurídico que activa la anulación

La aprobación del acuerdo permite iniciar el procedimiento de revisión de oficio, un instrumento administrativo que examina la legalidad de la licencia original. Al invalidarse el permiso, se elimina el soporte municipal que sostenía el proyecto dentro del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. El texto aprobado no detalla aún las compensaciones económicas, pero deja claro que el consistorio actuará para defender el interés general del municipio.

La sesión duró casi una hora y contó con ocho votos favorables procedentes del alcalde de Ciudadanos, cuatro concejales del PP, dos ediles del PSOE expedientados y un concejal no adscrito vinculado a los socialistas. Esta mayoría ajustada refleja tanto el respaldo institucional a la medida como las divisiones internas que persisten en la corporación.

Las ausencias que configuraron el resultado

Cuatro concejales optaron por ausentarse durante la votación: el edil no adscrito Felipe Cayuela, el portavoz socialista José Luis Amérigo, el concejal expedientado Francisco Capel y la exedil del PP Ángeles Carrillo. También se ausentó la concejala Vanesa Fuentes. Estas ausencias impidieron que se alcanzara una mayoría más amplia y evidenciaron la reticencia de algunos grupos a asumir responsabilidades patrimoniales derivadas de la anulación.

El auto del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía había instado al Ayuntamiento a concluir este trámite tras el aplazamiento del pasado 17 de junio. En aquella ocasión, la mayoría corporativa decidió solicitar nuevos informes sobre el impacto económico y patrimonial antes de pronunciarse. La presión judicial obligó a retomar el asunto sin más dilaciones.

El origen del conflicto y su evolución judicial

El hotel del Algarrobico se proyectó en pleno espacio protegido cuando la normativa urbanística aún permitía ciertas construcciones en la franja costera. Con el tiempo, la declaración del Parque Natural y las sentencias posteriores del Tribunal Supremo declararon ilegal la edificación. Sin embargo, la licencia municipal de 2003 permanecía vigente hasta ahora, lo que impedía avanzar hacia el derribo. La revisión de oficio aprobada elimina ese obstáculo administrativo y alinea la actuación local con las resoluciones judiciales firmes.

El alcalde Salvador Hernández defendió la decisión como cumplimiento de las obligaciones judiciales y reclamó la colaboración del Gobierno central y de la Junta de Andalucía para gestionar las posibles responsabilidades patrimoniales. Subrayó que el Ayuntamiento defenderá el interés general y buscará la salida más favorable para los vecinos de Carboneras, que llevan más de veinte años conviviendo con la incertidumbre del proyecto.

Las consecuencias prácticas y el horizonte del derribo

Una vez anulada la licencia, el siguiente paso lógico es la incoación del expediente de demolición. No obstante, el alcalde advirtió que sin apoyo institucional coordinado este proceso podría prolongarse o incluso frustrarse por cuestiones económicas. La ausencia de un plan conjunto de restauración ambiental y de indemnizaciones deja en suspenso el calendario real de retirada del edificio.

La medida también abre la puerta a que los tribunales evalúen las responsabilidades de cada administración implicada desde 2003. La sentencia del TSJA que impulsó este acuerdo señala que la inactividad municipal ha contribuido a mantener el conflicto abierto. Por tanto, la anulación de la licencia no solo afecta al promotor, sino que obliga a revisar el papel de todas las instituciones que permitieron avanzar la obra en zona protegida.

El resultado de la votación demuestra que, pese a las divisiones internas, existe una voluntad mayoritaria de cerrar este capítulo. El verdadero desafío radica ahora en traducir esa voluntad en acciones concretas que permitan recuperar el paraje sin generar nuevas cargas para el municipio.

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