El Ministerio de Hacienda radicará el 20 de julio una nueva reforma tributaria que el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) ya excluyó de su escenario base. El organismo considera que el recaudo proyectado de 30 billones de pesos carece de sustento oficial y no puede incorporarse sin un texto concreto. Esta decisión deja al descubierto un déficit fiscal estimado en 7,4 % del PIB y una deuda neta de 61 % del PIB para 2026, el nivel más alto de la historia reciente.
El CARF advirtió que el simple anuncio de medidas, sin decisiones de política definidas, no restaura la confianza de los mercados. Al descartar esos ingresos, el comité proyecta un desequilibrio estructural que obligará a mayor endeudamiento si el gasto no se ajusta. Esta postura técnica refleja la falta de credibilidad acumulada tras cuatro años de proyecciones que no se cumplieron.
Proyecciones sin sustento técnico
Christian Quiñonez, exsubdirector de Fiscalización de la DIAN, señaló que los cálculos oficiales están mal estructurados y retoman elementos de reformas anteriores rechazadas por el Congreso. Según su análisis, el Gobierno tuvo tres oportunidades para corregir el rumbo fiscal y ninguna de las soluciones aplicadas logró revertir el deterioro. El resultado es un escenario de riesgo que se transfiere al próximo mandato, con el agravante de haber elevado la deuda y reducido el margen de maniobra presupuestal.
Consecuencias para el próximo gobierno
Al radicar una reforma sin respaldo cuantificable, el Ejecutivo actual deja un marco fiscal más estrecho. El CARF ya advirtió que, de aprobarse en los términos actuales, la iniciativa no estabilizará las cuentas sino que agudizará el gasto. El próximo gobierno heredará tanto el déficit como la necesidad de generar credibilidad inmediata para evitar un aumento adicional de la deuda.
