Canadá activará el próximo martes 8 de septiembre nuevos aranceles de represalia contra productos estadounidenses, después de que fracasaran las negociaciones comerciales del viernes 21 de agosto y de que Donald Trump impusiera durante el fin de semana nuevos gravámenes a bienes canadienses. La medida más visible será la duplicación, hasta 50 por ciento, de los aranceles ya existentes sobre acero y aluminio de Estados Unidos, junto con nuevos cargos de la misma tasa para muebles, ropa, prendas de vestir, consolas de videojuegos, teléfonos inteligentes y otros productos electrónicos fabricados en ese país.

En conjunto, los aranceles alcanzarán importaciones estadounidenses por unos 20 mil millones de dólares al año, una cifra que equivale aproximadamente al valor de las medidas que Trump aplicó el sábado sobre productos canadienses. Eso representa cerca de 6 por ciento de las importaciones de bienes que Canadá realizó desde Estados Unidos en 2025. Además, otros productos, como electrodomésticos, queso, pescado, mariscos y ciertos derivados del acero y el aluminio, quedarán sujetos a aranceles de 25 por ciento, mientras que maquinaria, herramientas industriales y equipos agrícolas fabricados en Estados Unidos pagarán 15 por ciento.
El giro de Mark Carney llega después de que su gobierno intentara durante meses mantener abierta la negociación con Washington. Hace un año, Ottawa había eliminado buena parte de sus aranceles de represalia y había hecho concesiones, en especial en políticas digitales, con la expectativa de sellar un acuerdo. Esta vez, sin embargo, el primer ministro sostuvo que los funcionarios estadounidenses buscaban destruir industrias canadienses clave como el acero, el aluminio y la fabricación de automóviles.
Junto con las represalias, el gobierno anunció un paquete de apoyo de 7 mil 500 millones de dólares canadienses, equivalentes a 5 mil 400 millones de dólares estadounidenses. Ese programa incluye más financiamiento para iniciativas ya existentes, apoyo de liquidez para pequeñas y medianas empresas, subvenciones para acelerar proyectos de compañías afectadas por los aranceles y una ampliación con mayor flexibilidad de los seguros de empleo en los sectores perjudicados.
