El Gobierno de la Ciudad de México anunció una estrategia de ocho acciones para prevenir y combatir el despojo de inmuebles, con la meta de que las propiedades sean restituidas en un plazo máximo de 15 días cuando existan elementos suficientes para acreditar el delito. La judicialización de los casos, mediante una orden de aprehensión o una imputación ante un juez, deberá concretarse en un periodo de hasta 30 días, informó la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.
El anuncio ocurre mientras las autoridades capitalinas reconocen que el despojo puede involucrar tanto a particulares con intereses sobre determinados predios como a células vinculadas con organizaciones criminales. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) reportó 46 personas detenidas por hechos relacionados con este delito durante el año en curso, aunque la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) sostiene que la incidencia general se ha mantenido estable desde 2019.
Una respuesta con plazos definidos
Durante la presentación de las medidas, Brugada señaló que uno de los principales objetivos es evitar que las víctimas permanezcan durante meses o años sin recuperar su patrimonio. La restitución en 15 días no aplicará de manera automática a cualquier denuncia, sino a aquellos expedientes en los que la autoridad cuente con elementos suficientes para acreditar que ocurrió un despojo.
La diferencia es relevante porque no todas las denuncias que llegan a las instituciones corresponden, jurídicamente, a ese delito. La titular de la FGJ, Bertha Alcalde Luján, explicó que parte de los reportes se relaciona con disputas entre herederos, incumplimientos de contratos de arrendamiento, controversias entre copropietarios o desalojos derivados de procedimientos judiciales. Estos conflictos pueden ser denunciados como despojo, pero requieren una solución civil o mercantil, no necesariamente penal.
De acuerdo con Alcalde, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registra desde 2019 un promedio de entre nueve y 10 denuncias diarias por despojo en la capital. La funcionaria rechazó que exista un incremento reciente y afirmó que el comportamiento de las cifras ha sido estable durante los últimos años.
Del interés particular a las redes criminales
El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, identificó dos grandes tipos de actores. El primero está integrado por particulares que buscan apropiarse de uno o varios predios y que pueden contratar personas para ocuparlos o ejercer presión. El segundo corresponde a grupos o células delictivas que han incorporado el despojo entre sus actividades, además del tráfico y distribución de drogas o la extorsión.
Entre las organizaciones señaladas por las autoridades aparecen Los Rodolfos, el Cártel de Tláhuac, Los 3AD, La Unión Tepito y la Anti-Unión. Vázquez mencionó las detenciones de Mario Alberto “N”, alias El Minimí, y José Israel “N”, El Pitufo, ambos relacionados con el Cártel de Tláhuac. También citó a Gregory “N”, El Gregory, identificado como líder de La Unión Tepito, y a Adrián “N”, de Las Mojarras, detenidos en junio pasado.
La SSC sostiene que la captura de integrantes de estas organizaciones tiene un efecto preventivo sobre los despojos, al debilitar la capacidad de los grupos para movilizar personas, ejercer violencia o utilizar redes de extorsión. Sin embargo, la relación entre una detención y la restitución de un inmueble dependerá de que las investigaciones conecten de manera específica a los probables responsables con cada predio y con los actos denunciados.
Más casos atendidos que delitos acreditados
El Gabinete contra los Despojos, según datos de la FGJ, ha atendido mil 32 casos. De ese universo, 388 correspondieron efectivamente al delito de despojo. Las autoridades reportaron 185 restituciones y 84 aseguramientos, cifras que muestran la distancia entre el número de asuntos recibidos y aquellos que pueden avanzar por la vía penal con medidas concretas sobre los inmuebles.
Ese filtro institucional será decisivo para cumplir con los nuevos plazos. La promesa de restituir en 15 días puede acelerar la protección de las víctimas cuando exista documentación sólida, ocupación ilegal identificable y una investigación suficientemente integrada. En cambio, los expedientes con derechos contrapuestos, escrituras cuestionadas o litigios civiles requerirán determinar primero quién tiene legalmente la posesión o la propiedad.
Regularizar, registrar y proteger a propietarios
La estrategia contempla impulsar un programa público de regularización, registro notarial, escrituración y sucesión de la propiedad. También prevé crear la Defensoría Jurídica de la Propiedad y Contra el Despojo, elaborar una cartilla de prevención y establecer un protocolo único de atención para homologar la respuesta de las instituciones.
El Gobierno capitalino planea además fortalecer la investigación estratégica y formar un equipo de control interno, auditoría y honestidad para detectar y sancionar posibles actos de corrupción, colusión o complicidad de servidores públicos. Brugada advirtió que ninguna red de despojo podrá operar con protección institucional y sostuvo que quienes utilicen el servicio público para facilitar la pérdida del patrimonio de una familia enfrentarán responsabilidades legales.
El Registro Público descarta una lista de inmuebles vulnerables
El director general del Registro Público de la Propiedad, Héctor Muñoz Ibarra, rechazó que la dependencia tenga una base de datos capaz de identificar viviendas susceptibles de ser invadidas. Explicó que el Registro no almacena información sobre si un inmueble está desocupado o si su propietario vive en él, por lo que técnicamente no puede elaborar un listado de predios vulnerables.
Como parte del blindaje institucional, la dependencia afirmó haber restringido los accesos a su sistema informático, reforzado los controles internos y establecido una validación adicional para revisar la autenticidad de escrituras provenientes de otras entidades federativas. Estas medidas buscan cerrar posibles vías de fraude documental, uno de los riesgos centrales en conflictos de propiedad, aunque su eficacia dependerá de la coordinación con notarías, fiscalías y autoridades judiciales.
