La Ciudad de México y el Estado de México se consolidaron como el principal epicentro del despojo inmobiliario en el país, al concentrar 29.3 por ciento de los 17 mil 912 casos registrados a nivel nacional durante el primer semestre, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La incidencia refleja la presión que ejercen la alta densidad habitacional y el valor del mercado inmobiliario en el Valle de México, donde este delito se ha vuelto una vía recurrente para apropiarse de viviendas, terrenos y desarrollos en litigio.
Especialistas consultados advierten que el fenómeno ha crecido con rapidez y que una parte importante de las denuncias sí corresponde a ocupaciones consumadas. Miguel Antonio Saucedo Ramírez, especialista en materia inmobiliaria y socio director de Saucedo Abogados, sostuvo que hoy se presentan alrededor de 4 mil denuncias anuales en la capital, de las cuales al menos 60 por ciento son despojos efectivos. A su juicio, la combinación de procesos legales lentos, falta de recursos de las víctimas y pasividad institucional explica que solo 6 por ciento de los casos logren resolverse.
Una ruta hacia el fraude
Para Saucedo Ramírez, el despojo suele ser el punto de partida de fraudes inmobiliarios más complejos. Explicó que quienes toman posesión de un inmueble con documentos apócrifos después intentan “legalizar” la ocupación mediante falsificaciones, alteraciones, datos falsos o suplantaciones de identidad, hasta obtener una resolución judicial favorable. En otros casos, el acceso a la propiedad se produce por la vía de la violencia, con amenazas o uso de la fuerza, lo que dificulta la reacción inmediata de los propietarios legítimos.
Las cifras recientes muestran que el problema no se limita a la capital. En los primeros siete meses del año, el Estado de México encabezó la incidencia con 2 mil 841 casos, seguido por la Ciudad de México con 2 mil 409; más atrás aparecen Guanajuato con mil 72, Puebla con 960 y Veracruz con 900. Municipios mexiquenses como Tecámac, Ecatepec, Texcoco y Nezahualcóyotl figuran entre los más expuestos, incluso con antecedentes de invasiones en desarrollos habitacionales donde grupos sociales ocuparon más de mil 200 departamentos ya construidos y próximos a venderse.
La respuesta oficial y sus límites
Ante el incremento de reportes, el gobierno capitalino presentó a finales de julio su Estrategia contra el despojo de Inmuebles para la defensa del patrimonio de las familias. El plan contempla reformas al Código Penal de la Ciudad de México para elevar penas hasta 22 años de prisión y la creación de una Unidad Operativa Especializada contra el Despojo. La fiscal general de justicia capitalina, Bertha Alcalde Luján, informó además que en lo que va del año se han asegurado 265 inmuebles por este delito, de los cuales 196 fueron devueltos a sus propietarios, y 94 personas fueron detenidas en flagrancia.
Las medidas buscan enviar una señal de disuasión, pero la magnitud del problema sugiere que el reto no es solo penal. La facilidad con la que se alteran documentos, la lentitud en la verificación registral y la fragmentación de competencias entre autoridades civiles y ministeriales crean un terreno propicio para que los casos avancen antes de ser frenados. En un mercado de alto valor y con fuerte movilidad patrimonial, cada retraso en la defensa legal aumenta el margen de maniobra de quienes buscan apropiarse de un inmueble ajeno.
La fragilidad documental de las víctimas
Diana Sandoval, directora general de Kallify, señaló que una parte importante de los conflictos en la compra-venta nace de irregularidades previas: escrituras incompletas, adeudos de predial, servicios a nombre de terceros o falta de inscripción vigente en el Registro Público de la Propiedad. En su experiencia, 8 de cada 10 operaciones presentan algún inconveniente documental, lo que abre la puerta no solo al despojo, sino también a disputas sucesorias y juicios prolongados.
La especialista agregó que 14 por ciento de las viviendas habitadas en México podrían estar invadidas o inmersas en un juicio sucesorio testamentario, es decir, ocupadas sin sustento jurídico plenamente resuelto. Ese dato ayuda a explicar por qué el delito persiste: una parte del parque habitacional opera con expedientes incompletos o desactualizados, y esa opacidad reduce la capacidad de las familias para acreditar titularidad o reaccionar con oportunidad frente a una ocupación indebida.
Entre las principales recomendaciones para prevenir el despojo están mantener actualizada la situación jurídica del inmueble, verificar que la escritura esté inscrita y que datos como titular, ubicación, superficie y antecedentes coincidan con el folio registral. También se aconseja regularizar compraventas, sucesiones, copropiedades y cancelaciones de hipoteca, activar alertas inmobiliarias o registrales, conservar originales y copias certificadas, revisar la legitimidad de gestores e intermediarios y, en propiedades desocupadas, realizar visitas periódicas y reforzar la vigilancia. Cuando aparece una señal de alerta, la respuesta debe ser inmediata: reunir evidencia, confirmar la situación registral y buscar asesoría especializada antes de que el conflicto se consolide.
