El diagnóstico del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado llega en un momento incómodo para la narrativa oficial: la economía mexicana mostró un repunte en el segundo trimestre de 2026, pero los principales indicadores no sostienen la idea de una recuperación sólida. El organismo vinculado al Consejo Coordinador Empresarial calcula un crecimiento trimestral de 1.5 por ciento y anual de 2.1 por ciento, aunque advierte que ese impulso no exhibe bases suficientes para extenderse en la segunda mitad del año. El propio consenso de especialistas consultado por Banxico sigue siendo prudente y ubica el avance promedio de 2026 en apenas 1.1 por ciento.
La lectura de fondo es más relevante que la cifra puntual. Un trimestre favorable puede aparecer por rebotes estadísticos, compras anticipadas o decisiones pospuestas que luego se liberan de golpe; otra cosa es que exista una trayectoria de expansión. El CEESP subraya que abril fue atípico por el repunte simultáneo de varios indicadores macroeconómicos, pero mayo desmintió la continuidad de ese patrón con una caída mensual de 0.3 por ciento del indicador global de actividad económica. Ese dato importa porque confirma que el crecimiento reciente no responde todavía a una dinámica autosostenida.
La señal más sensible está en la inversión fija bruta. Después de subir 4.1 por ciento mensual en abril, su mejor nivel desde noviembre de 2020, retrocedió 0.4 por ciento en mayo. En términos anuales todavía crece 2.4 por ciento, pero el salto fue mucho menor al 5.2 por ciento del mes previo. Esa desaceleración no es un detalle técnico: la inversión es el canal que define si una recuperación genera capacidad productiva nueva, empleo formal y mayor productividad, o si solo se agota en consumo temporal. Cuando la formación de capital pierde fuerza, el crecimiento futuro se adelgaza antes de que eso se vea en las cifras agregadas.
Ahí aparece el primer hallazgo de fondo: el sector privado no está leyendo una simple pausa, sino una restricción estructural a la decisión de invertir. El CEESP menciona tres factores que pesan de manera simultánea: inseguridad pública, incertidumbre regulatoria y dudas sobre el entorno del T-MEC. Juntos forman un costo país que encarece proyectos, alarga plazos y obliga a descontar escenarios de riesgo antes de comprometer capital. En otras palabras, el problema no es solo cuánto crece la economía, sino qué tan confiable resulta el marco para apostarle recursos de largo plazo.
Este punto afecta de manera distinta a cada actor. Para las grandes empresas con acceso a financiamiento y capacidad de cobertura, la respuesta suele ser diferir proyectos o rediseñarlos por etapas. Para las pequeñas y medianas, el freno es más severo: muchas dependen de cadenas de proveeduría y de condiciones de crédito que se endurecen cuando la percepción de riesgo aumenta. El empleo también siente el golpe con rezago. La inversión fija bruta no crea plazas al instante, pero sí define la cantidad y calidad de trabajos que aparecerán meses después. Si el capital se retrae, la creación de empleo formal queda más expuesta a la informalidad y a salarios bajos.
Hay un segundo ángulo que conviene no subestimar: el contraste entre el repunte del consumo y la debilidad de la inversión. Ese desacople puede dar una falsa sensación de estabilidad. El consumo sostiene actividad comercial y puede amortiguar una desaceleración, pero no reemplaza la capacidad instalada, la logística ni la tecnología que provee la inversión. En economías como la mexicana, muy vinculadas al ciclo manufacturero de Norteamérica, el gasto de los hogares ayuda a suavizar la caída, aunque no alcanza para cambiar la tendencia si la planta productiva no se expande. Por eso un trimestre con consumo firme puede coexistir con expectativas empresariales débiles sin que haya contradicción.
La discusión sobre el T-MEC agrava el problema porque introduce una variable externa sobre una base interna ya frágil. El comercio con Estados Unidos y Canadá ha sido un ancla de certidumbre para la industria exportadora, pero cualquier duda sobre reglas de origen, disputas regulatorias o aplicación jurídica reduce la disposición a invertir en nuevas capacidades. No es casual que las señales de cautela lleguen justo cuando el país necesita capital para aprovechar relocalizaciones, automatización y encadenamientos regionales. Si la ventana de oportunidad existe, depende menos de la retórica y más de la previsibilidad institucional.
La consecuencia probable es una economía más selectiva, con crecimiento desigual entre sectores. Algunas ramas ligadas a exportación y al mercado externo pueden seguir mostrando resistencia, mientras otras dependientes de demanda interna, obra privada o permisos regulatorios verán más presión. El riesgo es que México termine con una expansión insuficiente para absorber fuerza laboral, elevar productividad y sostener ingresos fiscales sin mayores tensiones. Un crecimiento de 1.1 por ciento, como estima el sector privado, luce demasiado bajo para un país con brechas históricas de informalidad, infraestructura y pobreza laboral.
El escenario hacia el cierre de 2026 dependerá de si la mejora de abril y la desaceleración de mayo fueron un bache estadístico o el inicio de una trayectoria más débil. Por ahora, los datos apuntan a lo segundo. Si la inversión privada no recupera tracción, el impulso del segundo trimestre quedará como una anomalía dentro de una economía que aún no resuelve sus inhibidores principales. Y si persisten la inseguridad, la incertidumbre regulatoria y las dudas sobre el entorno comercial, el costo no será solo menor crecimiento: también será una pérdida de confianza difícil de revertir una vez que los capitales decidan esperar fuera del mercado.
