El conflicto que estalló el 28 de febrero de 2026 entre Estados Unidos, Israel e Irán interrumpió el tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz, punto por donde pasa el 25 por ciento del comercio mundial de petróleo. Esta disrupción elevó de inmediato los precios del Brent a 86 dólares por barril en el escenario base y abrió la puerta a un escenario extremo de 115 dólares. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe documentó cómo esa variación energética se transmite con distinta intensidad según la estructura productiva y fiscal de cada país.
Dependencia energética y rutas de transmisión
Centroamérica, Haití y República Dominicana presentan un déficit energético comercial cercano al 4,3 por ciento del PIB regional. Todos estos territorios importan hidrocarburos y fertilizantes sin capacidad de compensar el encarecimiento con exportaciones propias. El efecto no se limita al precio del combustible: el aumento de los fletes y de los insumos nitrogenados encarece la producción agrícola y, seis a doce meses después del choque inicial, presiona los precios de los alimentos básicos según estimaciones de la FAO.
La transmisión ocurre también por el canal financiero. El endurecimiento de las condiciones crediticias internacionales, derivado de la mayor aversión al riesgo, encarece el servicio de la deuda en monedas fuertes y reduce el margen de maniobra fiscal de los gobiernos importadores netos.
Desempeño diferenciado en el istmo centroamericano
En el escenario base, Nicaragua registra el mayor deterioro de su balanza comercial con una caída de 1,69 puntos porcentuales del PIB. Honduras le sigue con 1,67 puntos y El Salvador con 1,26. Guatemala, Panamá y Costa Rica muestran pérdidas más moderadas, entre 0,88 y 0,60 puntos. Cuando el precio del barril alcanza los 115 dólares, el deterioro agregado del bloque centroamericano llega a 2,4 puntos del PIB. Estas cifras reflejan la ausencia de producción interna de hidrocarburos y la limitada diversificación de sus matrices energéticas.
La presión inflacionaria acompaña al deterioro comercial. Honduras podría sumar 1,4 puntos porcentuales adicionales a su tasa de inflación; Guatemala, 1,1 puntos; Costa Rica, 0,6 puntos. En el escenario más adverso, esos incrementos se elevan a 3,7, 2,9 y 1,7 puntos respectivamente. Los gobiernos han respondido con subsidios parciales a combustibles y electricidad, pero estos gastos carecen de contrapartida en ingresos tributarios y agravan el déficit fiscal.
Respuestas de política y límites fiscales
Honduras implementó subsidios al precio de los combustibles y la electricidad para contener protestas sociales. Costa Rica y Panamá optaron por esquemas más acotados, restringidos por sus márgenes fiscales ya estrechos. En todos los casos, el gasto adicional se financia con mayor endeudamiento o recortes en otras partidas, lo que reduce la capacidad de inversión pública en infraestructura y capital humano a mediano plazo.
El Caribe no exportador de hidrocarburos enfrenta una situación aún más compleja. Barbados ve su déficit comercial pasar del 14 al 16 por ciento del PIB y su inflación superar el 2 por ciento a pesar de contar con reservas internacionales relativamente sólidas. La prevalencia de hambre en el Caribe alcanza el 17,2 por ciento de la población, tres veces el nivel observado en Sudamérica, lo que amplifica el riesgo de inseguridad alimentaria cuando los precios de los alimentos se eleven entre seis y doce meses después del shock.
Contrastes en América del Sur y México
El panorama varía en el resto del continente. Guyana y Trinidad y Tobago registran mejoras significativas en sus balanzas comerciales gracias a sus exportaciones energéticas. Guyana podría ganar hasta 17 puntos porcentuales del PIB. Ecuador, Colombia y Brasil obtienen ganancias más moderadas. Chile, Paraguay, Uruguay y Perú sufren deterioros entre 1,03 y 0,41 puntos. Para Chile, el alza del precio del cobre actúa como compensación parcial, aunque insuficiente para neutralizar el efecto del petróleo.
México presenta el caso más ambiguo: exporta crudo pero importa el 70 por ciento de su gasolina y el 60 por ciento de su gas natural. El saldo neto resulta levemente negativo. Tras el shock, su inflación pasó de 3,7 a 4,6 por ciento interanual. El gobierno respondió con ajustes semanales al impuesto especial sobre producción y servicios, topes de precios en gasolineras y un paquete antiinflacionario que incrementa la presión sobre el déficit público.
Interdependencia global y riesgos de segunda ronda
El secretario ejecutivo de la CEPAL, José Manuel Salazar-Xirinachs, advirtió que la guerra evidencia la magnitud de la interdependencia económica mundial y la rapidez con que las disrupciones se transmiten entre regiones. Aunque la exposición directa de América Latina al golfo Pérsico es inferior al 1,4 por ciento de sus exportaciones, los precios energéticos, los fertilizantes y el endurecimiento financiero internacional propagan el choque con fuerza desigual.
La proyección de crecimiento regional para 2026 ya fue recortada de 2,3 a 2,2 por ciento, y la inflación promedio se estima en 3 por ciento. Si las tensiones persisten, el riesgo de una inflación persistente con efectos de segunda ronda en alimentos, logística e insumos industriales se materializa con mayor severidad en economías con menor margen fiscal y mayor dependencia de importaciones energéticas. La necesidad de acelerar la diversificación de matrices energéticas y de fortalecer mecanismos regionales de estabilización fiscal aparece como una prioridad que trasciende el ciclo político inmediato.
