El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) identificó la tasa cero del Impuesto al Valor Agregado como uno de los mayores costos fiscales que enfrenta el gobierno federal cada año. Según el estudio “Renuncias recaudatorias. Un llamado a su evaluación y pertinencia”, este mecanismo representa una pérdida de recursos públicos que asciende a 471 mil 748 millones de pesos en 2026, equivalente al 1.26 % del producto interno bruto.
Diez renuncias concentran el mayor impacto
El análisis del CIEP detalla que las diez principales renuncias fiscales suman 775 mil 893 millones de pesos, lo que representa 2.0788 % del PIB. De ese total, 536 mil 395 millones corresponden a tratamientos de amplio alcance que benefician a la población sin distinción de nivel de ingreso. La tasa cero aplicada a alimentos, medicinas y agua potable figura entre los rubros de mayor magnitud dentro de este grupo.
El documento distingue además renuncias condicionadas por formalidad o capacidad económica, que alcanzan 210 mil 787 millones de pesos, y tratamientos de coyuntura cuyo costo asciende a 28 mil 711 millones. Estas cifras provienen del reporte oficial de la Secretaría de Hacienda y reflejan el monto que deja de ingresar a las arcas públicas por estímulos o regímenes diferenciados.
Distribución del beneficio sin focalización
El CIEP observa que la tasa cero del IVA opera de manera generalizada, por lo que el ahorro en el precio final se reparte entre todos los hogares independientemente de su capacidad de gasto. Esta característica genera un debate sobre la eficiencia del instrumento como herramienta de política social, ya que no verifica si los recursos llegan de forma proporcional a quienes enfrentan mayores restricciones de ingreso.
La institución considera necesario contrastar el objetivo declarado de apoyar el acceso a bienes esenciales con la evidencia sobre quiénes realmente capturan el beneficio. En ese sentido, plantea la conveniencia de examinar alternativas que permitan una mejor progresividad o una asignación más trazable de los recursos públicos.
Justificación social y necesidad de medición
Los tratamientos de tasa cero se sustentan habitualmente en su vínculo con necesidades básicas y servicios esenciales. Sin embargo, el estudio señala que la falta de evaluación periódica impide determinar si estos esquemas mantienen su pertinencia o si generan efectos no previstos sobre la distribución del ingreso. El CIEP propone incorporar criterios de costo-efectividad y focalización en los análisis presupuestarios futuros.
El reporte también menciona que la devolución del IVA ha registrado incrementos recientes, según declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, aunque el centro de investigación considera que este dato no sustituye una revisión más amplia sobre la efectividad de la tasa cero.
Recomendaciones para la política fiscal
El CIEP recomienda que las renuncias fiscales de alto costo sean sometidas a revisiones sistemáticas que incluyan indicadores de impacto social y económico. Esta práctica permitiría identificar si los tratamientos preferenciales cumplen sus objetivos o si requieren ajustes para alinearse mejor con las metas de equidad y eficiencia del gasto público.
La discusión sobre estas renuncias adquiere relevancia en el contexto de la elaboración del paquete económico para 2026, donde las decisiones sobre estímulos fiscales influyen directamente en los márgenes de maniobra de la hacienda pública.
