CIUDAD DE MÉXICO.- Proteger una vivienda frente al despojo ya no depende solo de cerrar bien la puerta o de mantenerla ocupada. En México, la combinación de escrituras incompletas, trámites irregulares y falta de vigilancia sobre el estatus jurídico de un inmueble se ha convertido en un factor de riesgo creciente, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y análisis de la legaltech Kallify.
Especialistas en materia inmobiliaria coinciden en que la prevención empieza mucho antes de un conflicto. La propiedad debe estar debidamente regularizada, inscrita y monitoreada para reducir la posibilidad de fraudes, ocupaciones irregulares o disputas sobre la titularidad. En ese contexto, notarios y expertos han insistido en que poseer físicamente una casa no equivale necesariamente a tener blindaje legal suficiente.
La cadena de riesgo
El problema se agrava cuando las escrituras no están formalizadas ante notario o cuando el inmueble no aparece inscrito correctamente en el Registro Público de la Propiedad. En esos casos, contratos privados de compraventa, cartas responsivas o acuerdos de palabra pueden servir como antecedentes, pero no sustituyen la titularidad legal. La debilidad documental abre espacio para falsificaciones, ventas simuladas y maniobras de terceros que buscan aprovechar vacíos administrativos.
La situación es todavía más delicada en propiedades heredadas. Si el procedimiento sucesorio no concluye, el bien puede seguir apareciendo a nombre de una persona fallecida o quedar en una especie de limbo jurídico, lo que complica su defensa ante reclamaciones externas. Esa falta de actualización registral, advierten los especialistas, suele ser una de las puertas de entrada más frecuentes para el despojo.
Las cinco medidas de prevención
La primera recomendación es regularizar escrituras y registro legal. La segunda consiste en activar el servicio de Alertas Inmobiliarias que ofrecen los registros públicos de varias entidades, un mecanismo que avisa por correo electrónico o mensaje de texto cuando alguien consulta o intenta modificar el folio de un inmueble. La tercera medida es resguardar las escrituras originales y verificar con cuidado la identidad de gestores o despachos, especialmente cuando exigen pagos en efectivo o prometen trámites fuera de los canales formales.
La cuarta línea de defensa es la supervisión física del inmueble. Si la vivienda no está habitada por su dueño, conviene hacer visitas periódicas, mantener comunicación con vecinos y conservar evidencia de la posesión. Cuando la propiedad se renta, la formalización por escrito del contrato, junto con inventarios y recibos de pago, ayuda a evitar que un arrendatario intente alegar derechos sobre el bien. La quinta medida es acudir de inmediato a asesoría jurídica y denunciar cualquier anomalía ante el Ministerio Público o la fiscalía correspondiente.
Presión institucional y respuesta pública
El Consejo Ciudadano ha informado que, desde 2021, ha recibido más de 234 mil reportes relacionados con despojo, y que 37% de ellos involucran a adultos mayores, un dato que expone la vulnerabilidad de quienes con mayor frecuencia poseen inmuebles heredados o no supervisan de forma cotidiana su patrimonio. En la Ciudad de México, además, las autoridades locales han impulsado iniciativas para elevar las penas por este delito.
En el Estado de México, la restitución de inmuebles se ha apoyado en operativos coordinados con Sedena, Marina, Guardia Nacional y la Fiscalía General de Justicia estatal. Ese despliegue refleja que el despojo ya no se aborda solo como una disputa civil, sino como una combinación de delito patrimonial, irregularidad registral y conflicto de seguridad pública. La prevención, concluyen los especialistas, depende de que el propietario mantenga el control documental y legal del inmueble con la misma disciplina con la que resguarda su ocupación física.
