El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, ha reiterado la necesidad de preservar condiciones de certidumbre para las inversiones ante el nuevo esquema de revisiones anuales del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Esta postura refleja una preocupación más amplia que trasciende el ámbito estatal y se inserta en la evolución de las relaciones comerciales norteamericanas.
Antecedentes del marco comercial trilateral
El T-MEC entró en vigor en julio de 2020 como sucesor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Durante las negociaciones originales, Estados Unidos impulsó mecanismos de revisión que permitieran evaluar el cumplimiento de las obligaciones pactadas. Aunque el tratado mantiene vigencia hasta 2036, la introducción de evaluaciones anuales representa un cambio significativo respecto al modelo anterior, que contemplaba revisiones cada seis años. Esta modificación surgió principalmente de tensiones bilaterales en materia de seguridad fronteriza y cooperación en combate al crimen organizado, temas que Estados Unidos vinculó directamente con el acceso preferencial al mercado norteamericano.
Coahuila, con una economía fuertemente orientada a la industria automotriz y metalmecánica, ha atraído inversiones de empresas como General Motors, Fiat Chrysler y Ternium. La entidad reporta uno de los índices más bajos de conflictividad laboral y una infraestructura aduanera consolidada con Texas. Sin embargo, la posibilidad de que cada revisión anual introduzca ajustes regulatorios genera un escenario de planificación a corto plazo que contrasta con los ciclos de inversión industrial, que suelen extenderse entre cinco y diez años.
El factor seguridad como detonante
Las diferencias entre ambos países en materia de seguridad no son nuevas, pero su vinculación explícita con el comercio marca un precedente. Durante 2025, las autoridades estadounidenses expresaron inquietudes sobre el flujo de precursores químicos y el control de puertos de entrada. Estas demandas derivaron en compromisos adicionales que México aceptó incorporar en el marco del T-MEC. Para estados fronterizos como Coahuila, el resultado es un entorno donde las políticas de seguridad federal pueden influir directamente en las condiciones de operación de las empresas exportadoras.
Un caso ilustrativo es el de los proveedores de autopartes que operan en la región sureste de Coahuila. Estas compañías dependen de cadenas de suministro just-in-time que cruzan la frontera diariamente. Cualquier señal de inestabilidad regulatoria derivada de una revisión anual puede traducirse en decisiones de relocalización hacia otros estados mexicanos o incluso hacia el sur de Estados Unidos, donde la percepción de certidumbre contractual es mayor.
Impacto en la competitividad regional
La competitividad de Coahuila se ha construido sobre tres pilares: mano de obra calificada, incentivos fiscales estatales y estabilidad política. La revisión anual introduce un cuarto elemento de riesgo que puede erosionar los dos primeros. Los inversionistas extranjeros suelen aplicar modelos de costo de capital que incorporan primas de riesgo país; una percepción de volatilidad anual puede elevar esa prima y encarecer el financiamiento de nuevos proyectos.
En términos comparativos, entidades como Nuevo León y Chihuahua enfrentan desafíos similares. Sin embargo, Coahuila ha mantenido una estrategia diferenciada al priorizar la coordinación directa con autoridades consulares estadounidenses y la promoción de clústeres industriales específicos. Esta aproximación podría mitigar parcialmente los efectos de las revisiones si logra traducirse en protocolos claros de comunicación que anticipen cambios regulatorios.
Consecuencias para el desarrollo de largo plazo
El requerimiento de certidumbre expresado por el gobernador tiene implicaciones que van más allá de la atracción de capital. Las empresas locales que buscan escalar sus operaciones o diversificar mercados también necesitan reglas estables para tomar decisiones de reinversión. En sectores como el aeroespacial y el de electrodomésticos, donde Coahuila ha registrado crecimiento sostenido, los contratos de suministro suelen firmarse con horizontes de tres a cinco años. Una revisión anual que altere condiciones de origen o requisitos laborales puede obligar a renegociaciones constantes que elevan los costos de transacción.
Además, existe un efecto indirecto sobre el empleo calificado. Los programas de formación dual que vinculan instituciones técnicas con plantas manufactureras requieren continuidad presupuestal y regulatoria. Si las empresas perciben que las condiciones pueden modificarse cada año, es probable que reduzcan su participación en estos esquemas, afectando la acumulación de capital humano en la entidad.
Perspectivas de coordinación binacional
La comunicación que Coahuila mantiene con autoridades estadounidenses representa un canal que podría institucionalizarse. La experiencia de otros tratados comerciales muestra que la creación de comités técnicos conjuntos permite resolver discrepancias antes de que escalen a revisiones formales. Si México y Estados Unidos logran establecer criterios objetivos y transparentes para las evaluaciones anuales, el impacto en la planeación empresarial se reduciría considerablemente.
En última instancia, la estabilidad que Coahuila busca preservar depende tanto de políticas estatales como de la capacidad de los gobiernos federal y estadounidense para separar los temas de seguridad de los compromisos comerciales. La historia del T-MEC demuestra que cuando ambos planos se entremezclan, los estados exportadores pagan el costo en forma de menor predictibilidad y mayor prima de riesgo para sus proyectos de inversión.
