La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Colón organizó un foro multisectorial para analizar cómo la extracción minera responsable, la economía naranja y el turismo pueden convertirse en motores de crecimiento para la provincia caribeña. El encuentro reunió a empresarios, ambientalistas y representantes del sector logístico con el objetivo de identificar vías concretas que traduzcan la posición geográfica privilegiada de Colón en bienestar para sus habitantes.
La discusión sobre minería ocupó un lugar central porque en la provincia opera una de las minas de cobre a cielo abierto más grandes del mundo, propiedad de First Quantum Minerals. En noviembre de 2023 la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la Ley 406 que respaldaba el contrato entre el Estado y Minera Panamá, ordenando el cierre de las operaciones. Los fallos de la Corte son inapelables según la Constitución panameña, lo que ha generado un debate persistente sobre el futuro de la actividad extractiva en el país.
Argumentos a favor de una minería regulada
El ambientalista Harry Mitchell sostuvo que la exploración de recursos naturales constituye un derecho de los pueblos y no una actividad prohibida por la Constitución. Recordó que los minerales pertenecen al Estado y que este puede administrarlos mediante empresas públicas, mixtas, concesiones o contratos. Mitchell enfatizó que un fallo judicial interpreta relaciones jurídicas específicas, pero no puede eliminar una actividad contemplada en la Carta Magna. Añadió que las tecnologías mineras han avanzado significativamente y que el sector privado tiene la responsabilidad de innovar para reducir impactos ambientales y generar empleos de mayor calidad.
Esta postura busca diferenciar entre minería responsable y prácticas extractivas sin control. Según Mitchell, países con marcos regulatorios estrictos han logrado compatibilizar la explotación de minerales con estándares ambientales elevados, siempre que exista supervisión técnica y participación comunitaria efectiva.
La realidad económica de la provincia
Lissy Jované, presidenta de la Cámara de Comercio colonense, señaló que Colón cuenta con activos de primer nivel: la Zona Libre más importante de la región, el Canal de Panamá a un costado y dos puertos de clase mundial. Sin embargo, advirtió que estos activos no se han traducido en mejoras sostenidas para la población local. El Casco Antiguo requiere rescate urgente, las pymes enfrentan dificultades para integrarse a las cadenas de valor y la economía provincial sigue dependiendo en gran medida de decisiones tomadas en la ciudad de Panamá o en el extranjero.
Jované insistió en que analizar estos problemas no responde a una actitud quejumbrosa, sino a la convicción de que Colón dispone de herramientas para modificar su trayectoria. Entre ellas mencionó los clústeres logísticos, el turismo, la economía naranja, la minería responsable y la inversión urbana como ejes que podrían combinarse de forma coherente.
Gobernanza y atracción de capital
El empresario Daniel Rojas subrayó que Colón alberga empresas de talla mundial, pero que gran parte de los insumos y servicios que requieren estas compañías provienen de la capital o del exterior. Atribuyó esta situación a la ausencia de una gobernanza adecuada que permita que la derrama económica permanezca en la provincia y beneficie directamente a sus ciudadanos. Rojas consideró que sin mecanismos claros de coordinación entre sector público y privado, las ventajas geográficas seguirán siendo subutilizadas.
Juan Carlos Croston, vicepresidente de Asuntos Corporativos de SSA Marine, coincidió en la necesidad de atraer inversión extranjera directa. Explicó que este tipo de capital aporta tecnología actualizada, nuevas prácticas operativas y transferencia de conocimiento. No obstante, advirtió que la seguridad constituye un requisito previo indispensable: los inversionistas deben percibir que pueden operar en un entorno estable y predecible.
Perspectivas de equilibrio
El foro evidenció que cualquier decisión sobre minería en Colón debe ponderar tanto el potencial de generación de empleo e ingresos fiscales como las preocupaciones ambientales y sociales derivadas del cierre judicial de 2023. Los participantes coincidieron en que la provincia necesita políticas públicas que articulen sus distintos sectores productivos, en lugar de depender de una sola actividad. La discusión dejó en claro que el debate sobre el uso de los recursos minerales continúa abierto y que su resolución requerirá marcos regulatorios claros, supervisión técnica y mecanismos de participación que garanticen beneficios tangibles para la población local.
