El terremoto de magnitud 7.4 que golpeó a Colombia el pasado lunes entra en una fase decisiva y especialmente delicada. Mientras los equipos de emergencia mantienen la búsqueda en los pocos puntos donde todavía podría haber señales de vida, en otras estructuras comenzaron las labores de recuperación de cuerpos y retiro de escombros. El cambio operativo refleja el deterioro de las posibilidades de hallar sobrevivientes después de cinco días, pero también abre una emergencia de mayor duración: atender a miles de personas desplazadas, restablecer servicios esenciales y evitar que el desastre se convierta en una crisis social y económica prolongada.
El balance reportado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, citado por Reuters, registra 294 personas fallecidas, 3 mil 935 heridas y 320 desaparecidas. Estas cifras todavía pueden modificarse por la continuidad de las labores de búsqueda, la identificación de víctimas y la revisión de registros. La magnitud humana del desastre no se limita, por tanto, al número de muertos. También incluye a quienes perdieron sus viviendas, a los heridos que requerirán rehabilitación, a las familias que buscan información sobre sus desaparecidos y a las comunidades cuya infraestructura quedó parcialmente inutilizada.
El rescate enfrenta una ventana cada vez más estrecha
La existencia de un único punto con una señal que podría corresponder a una persona con vida mantiene abierta una posibilidad de rescate en Cali. Sin embargo, el hecho de que los bomberos hayan pasado a la recuperación en otros sitios indica que se agotaron, sin resultados positivos, varias técnicas de localización: inspección física, equipos especializados, perros de búsqueda, llamados, escucha y evaluación técnica de los materiales. La decisión de cambiar de fase no es automática ni sencilla, porque combina criterios operativos, riesgos para los rescatistas y la necesidad de preservar la dignidad de las víctimas.
La reducción de las probabilidades de supervivencia puede influir además en el ánimo de las familias y de las comunidades. Durante los primeros días, cada señal o rescate exitoso alimenta la expectativa de encontrar a más personas. Cuando las operaciones se concentran en recuperar cuerpos, aumenta la presión para obtener información clara y oportuna sobre los desaparecidos. Cualquier demora, contradicción en los balances o falta de coordinación puede profundizar la desconfianza hacia las autoridades, incluso cuando las condiciones técnicas expliquen la lentitud de las labores.
Las réplicas agregan un riesgo operativo que puede alterar los planes de un momento a otro. El Servicio Geológico Colombiano reportó 269 movimientos posteriores al sismo principal. Aunque no todas las réplicas producen daños visibles, cada una puede modificar el equilibrio de una edificación afectada, desplazar placas de concreto o provocar nuevos colapsos. Por esa razón, acelerar el trabajo con maquinaria pesada puede mejorar la capacidad de remoción, pero también elevar el peligro si no se realiza una evaluación estructural previa y una secuencia de intervención cuidadosamente controlada.
Vivienda, salud y empleo: la emergencia que continúa
La pérdida de viviendas constituye uno de los efectos más amplios y duraderos. Las familias que permanecen en refugios, parques o alojamientos temporales no solo necesitan alimentos y frazadas. Requieren agua segura, atención médica, espacios sanitarios, protección frente a la violencia, información sobre sus propiedades y certezas sobre cuándo podrán regresar o recibir una alternativa habitacional. La permanencia en albergues durante semanas puede aumentar la exposición de niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas a infecciones, estrés y deterioro de sus condiciones de vida.
El daño sanitario puede extenderse más allá de los heridos registrados. Los hospitales y centros de salud afectados deben atender la demanda inmediata mientras recuperan su capacidad normal. A ello se suman las consecuencias psicológicas de haber perdido familiares, presenciado derrumbes o vivido durante días bajo réplicas. Si la atención en salud mental se posterga, el trauma puede traducirse en ansiedad, depresión, problemas de sueño y dificultades para reconstruir la vida familiar y laboral. El impacto también será significativo para los equipos de rescate, expuestos a jornadas prolongadas, escenas de muerte y decisiones de alto riesgo.
La interrupción de carreteras, escuelas, hospitales y redes de servicios puede afectar la economía local. Cali concentra una parte importante de las operaciones de emergencia, pero el terremoto también alcanzó a Pereira, Quibdó, Buenaventura, Manizales y comunidades cercanas al epicentro en Chocó. El cierre de vías dificulta la llegada de ayuda y encarece el transporte de alimentos y materiales. Los comercios ubicados en edificios dañados podrían permanecer cerrados, mientras trabajadores informales y pequeños empresarios enfrentan pérdidas sin contar necesariamente con seguros o reservas financieras.
La reconstrucción puede revelar fallas anteriores
La etapa posterior al rescate obligará a determinar qué construcciones pueden repararse y cuáles deberán demolerse. Esa evaluación será una oportunidad para revisar la calidad de las edificaciones, actualizar mapas de riesgo y corregir deficiencias en los códigos de construcción. La tragedia podría impulsar mejores protocolos de evacuación, sistemas de alerta, capacitación comunitaria y mecanismos de coordinación entre municipios. También puede fortalecer la cooperación internacional y la capacidad técnica de Colombia para responder a futuros desastres.
El lado negativo es que la reconstrucción puede convertirse en un proceso desigual. Las zonas con mayor visibilidad mediática y mejores conexiones económicas suelen recibir atención más rápida, mientras comunidades rurales o apartadas pueden quedar relegadas. Chocó, donde se ubicó el epicentro, enfrenta históricamente dificultades de conectividad y acceso a servicios públicos, condiciones que pueden complicar la evaluación de daños y la distribución de recursos. Sin criterios transparentes de priorización, la emergencia podría profundizar brechas territoriales ya existentes.
La velocidad de la reconstrucción tampoco debe confundirse con calidad. Levantar viviendas rápidamente en terrenos inestables, sin estudios geológicos suficientes o sin supervisión adecuada, trasladaría el riesgo hacia el futuro. La presión de las familias por regresar a sus hogares puede chocar con la obligación de impedir nuevos asentamientos en áreas expuestas a deslizamientos, inundaciones o colapsos estructurales. El desafío consiste en ofrecer soluciones habitacionales rápidas sin repetir las vulnerabilidades que contribuyeron a aumentar el daño.
Presupuesto público bajo presión
El gobierno del presidente Abelardo de la Espriella enfrenta su primera gran emergencia apenas una semana después de asumir el cargo. La respuesta pondrá a prueba la coordinación entre el Ejecutivo, las autoridades departamentales, los municipios, las fuerzas de socorro y las organizaciones civiles. En el corto plazo se necesitarán recursos para hospitales, albergues, alimentación, transporte, seguridad y maquinaria. Después llegarán demandas mucho mayores para vivienda, infraestructura vial, escuelas, servicios públicos y compensaciones económicas.
La presión fiscal constituye uno de los principales riesgos. Si el Estado reasigna partidas de otros programas para atender el desastre, podría retrasar inversiones sociales o regionales. Si recurre a un mayor endeudamiento, enfrentará costos financieros futuros. Y si la ayuda se distribuye sin controles suficientes, pueden aparecer sobreprecios, obras incompletas o desvío de suministros. La urgencia no elimina la necesidad de auditoría; al contrario, la cantidad de contratos y donaciones que se movilizarán exige registros públicos, mecanismos de supervisión y comunicación periódica de resultados.
La ayuda ciudadana ofrece una respuesta positiva y rápida, como muestran los centros de acopio instalados en Bogotá y Medellín. Sin embargo, la solidaridad espontánea debe integrarse a una estrategia oficial para evitar duplicaciones, acumulación de bienes innecesarios o dificultades logísticas. Las autoridades deberían publicar listas actualizadas de necesidades, puntos de entrega y protocolos para la recepción de medicamentos y alimentos. La distribución debe priorizar a las comunidades más aisladas y no únicamente a los lugares donde la ayuda llega con mayor facilidad.
Información, confianza y responsabilidad institucional
El caso de Daniela Largo, rescatada con vida unas 36 horas después del sismo y fallecida posteriormente en un hospital, muestra que el rescate no siempre termina cuando una persona sale de los escombros. La atención médica posterior, la disponibilidad de camas, el traslado oportuno y la capacidad de tratar lesiones complejas son partes esenciales de la respuesta. También evidencia la necesidad de comunicar con precisión la condición de los rescatados para evitar falsas expectativas o exposiciones innecesarias del dolor de las familias.
En los próximos días será crucial mantener un registro confiable de desaparecidos y fallecidos. Las cifras pueden cambiar, pero las autoridades deben explicar qué se modifica, por qué y con qué metodología. La identificación de víctimas mediante procedimientos forenses será indispensable para cerrar procesos familiares y legales, además de prevenir errores en la entrega de información. Una comunicación transparente puede reducir rumores y facilitar la cooperación pública; una comunicación fragmentada, en cambio, puede agravar la incertidumbre y politizar cada actualización del balance.
La emergencia todavía puede presentar nuevos escenarios. Las réplicas podrían generar colapsos adicionales; las lluvias podrían complicar el acceso a zonas afectadas; el agotamiento de los rescatistas podría reducir la capacidad operativa; y la permanencia de familias en espacios improvisados podría crear problemas sanitarios. Al mismo tiempo, la cooperación entre instituciones, la movilización ciudadana y la experiencia acumulada durante los primeros días pueden mejorar la respuesta si se convierten en procedimientos permanentes y no solo en acciones de emergencia.
Colombia se encuentra ante una transición entre la búsqueda desesperada de sobrevivientes y una reconstrucción que deberá ser técnica, equitativa y verificable. La prioridad inmediata sigue siendo atender la señal de vida que permanece y recuperar dignamente a las víctimas. Pero el impacto definitivo del terremoto dependerá de lo que ocurra después: de la capacidad para proteger a los damnificados, sostener los servicios básicos, controlar el uso de los recursos y reconstruir con estándares que reduzcan el riesgo. La tragedia no terminará cuando se retire el último escombro; terminará solo cuando las comunidades afectadas recuperen condiciones seguras y sostenibles para vivir.
