Un columnista señaló que la violencia, la extorsión y la presencia del crimen organizado han agravado la situación social en Baja California, y cuestionó la capacidad de las autoridades estatales y municipales para garantizar paz y tranquilidad. En su texto, sostuvo que la falta de cumplimiento de las obligaciones de seguridad contribuye a un escenario de desorden e ingobernabilidad que, afirmó, también alcanza al resto del país.
El autor planteó que las corporaciones policiales enfrentan condiciones de vulnerabilidad, pues, según expuso, es posible obtener información básica de los agentes al seguir sus actividades en las ciudades. Esta situación, agregó, puede facilitar actos de intimidación o cooptación por parte de grupos criminales.
La columna también atribuye parte del problema a funcionarios públicos que, de acuerdo con la opinión del autor, habrían extendido actividades ilícitas al asumir cargos gubernamentales. El texto sostiene que la participación de servidores públicos de los tres órdenes de gobierno en conductas delictivas puede fortalecer a organizaciones criminales al proporcionarles condiciones de protección para operar.
Sobre la extorsión, el articulista afirma que su crecimiento está relacionado con la participación de funcionarios. Comparó esa práctica con la llamada “mordida”, término utilizado para describir pagos irregulares destinados a evitar sanciones administrativas. Según el texto, actualmente esas exigencias de dinero pueden realizarse en efectivo, mediante retiros en cajeros automáticos o por transferencias bancarias.
El autor distingue entre presuntas extorsiones atribuidas a policías y posibles irregularidades en dependencias gubernamentales, donde, a su juicio, pueden ocurrir desvíos de mayores recursos. En particular, menciona a los expresidentes municipales de Tecate Javier Urbalejo Cinco y César Moreno, quienes, según la columna, enfrentaron denuncias formales por peculado y otros delitos. El texto sostiene que ambos evitaron ser encarcelados y continúan trabajando en el gobierno, aunque no aporta detalles sobre el estado procesal de esos casos ni posturas de las personas señaladas.
Entre los problemas que enumera se encuentran violaciones a derechos humanos, ejecuciones, desapariciones, venta de drogas ilegales y trata de personas, especialmente de mujeres con fines de explotación sexual. El columnista sostiene que esas conductas delictivas persisten mientras las transgresiones aumentan sin una respuesta suficiente de las instituciones responsables.
Asimismo, cuestionó a exintegrantes del PRI y del PAN que se han incorporado a Morena, a quienes acusa de convertirse en cómplices de la ingobernabilidad. También criticó a los tres diputados de Tecate por priorizar actos de apoyo ciudadano y actividades en colonias, en lugar de promover leyes y denunciar delitos, según su valoración.
La columna menciona de forma particular a la diputada María Teresa Méndez Vélez, a quien acusa de respaldar a los dos exalcaldes referidos para evitar que fueran juzgados por peculado. Estas afirmaciones corresponden a la postura del autor y el texto original no incluye una respuesta de la legisladora ni de los demás diputados aludidos.
Finalmente, el articulista cuestionó el uso de exhortos legislativos, al considerar que suelen carecer de efectos obligatorios. Explicó que estos instrumentos consisten en puntos de acuerdo o recomendaciones dirigidas a otras autoridades para solicitar atención a problemas públicos, pero afirmó que, en la práctica, las autoridades destinatarias no siempre los atienden.
