El informe de la Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito (Tracit) sitúa a Costa Rica y Panamá como los países centroamericanos mejor posicionados en el Índice de Comercio Ilícito 2025, con 51.2 y 49.6 puntos respectivamente. Sin embargo, estos valores siguen por debajo del promedio global de 49.9 y revelan que incluso las economías más estables de la región carecen de herramientas suficientes para frenar el flujo de tabaco, alcohol, agroquímicos y electrónicos falsificados o adulterados.
Puntuaciones del índice revelan brechas regionales
El estudio evalúa 158 economías en seis dimensiones: entorno impositivo, regulación, controles gubernamentales, corrupción y sistemas contra el lavado de activos. Nicaragua, Honduras y Guatemala ocupan los últimos lugares de Centroamérica, con puntuaciones que reflejan mayor vulnerabilidad. La Zona Libre de Colón en Panamá y la de Corozal en Belice aparecen como puntos críticos por el alto volumen de reexportaciones, la escasa transparencia sobre beneficiarios finales y la mínima inspección física de mercancías de alto riesgo.
Estos dos enclaves manejan miles de contenedores diarios con controles aduaneros limitados. La falta de verificación sobre el origen real de los productos permite que cargamentos declarados como tabaco o destilados sean desviados hacia mercados informales sin dejar rastro documental.
Economía informal y lavado de capitales se retroalimentan
Una de las conclusiones originales del análisis es que la robusta economía informal de la región no solo absorbe productos ilícitos, sino que también genera la liquidez necesaria para financiar nuevas operaciones. En Guatemala y Honduras, redes de distribución que operan al margen del sistema bancario formal reutilizan ganancias del contrabando de cigarrillos para adquirir plaguicidas adulterados, cerrando un ciclo que evade tanto controles aduaneros como fiscales.
Este mecanismo explica por qué los esfuerzos nacionales de trazabilidad han tenido impacto limitado. Cuando los intermediarios de la cadena de suministro carecen de registros obligatorios, las autoridades pierden visibilidad sobre el movimiento de bienes una vez que abandonan las zonas francas.
Impacto en salud pública y seguridad alimentaria
Los cigarrillos y bebidas alcohólicas ilegales generan pérdidas fiscales estimadas en cientos de millones de dólares anuales para los gobiernos centroamericanos. Sin embargo, el riesgo más grave proviene de los agroquímicos falsificados que llegan a cultivos de café, banano y hortalizas. Estudios independientes en El Salvador han detectado residuos de sustancias no autorizadas en productos destinados al consumo interno y a la exportación, lo que amenaza la reputación de la agricultura regional ante compradores europeos.
Los medicamentos falsificados, especialmente antibióticos y analgésicos de origen asiático, circulan con mayor facilidad en zonas rurales donde las farmacias carecen de supervisión. Esta situación crea un problema de salud pública que trasciende el ámbito comercial y afecta directamente la confianza en los sistemas sanitarios nacionales.
Perspectivas de gobiernos, empresas y sociedad civil
Los gobiernos centroamericanos han comenzado a reconocer el comercio ilícito como prioridad y han implementado algunos controles adicionales en fronteras. Sin embargo, las empresas formales del sector tabacalero y de bebidas alcohólicas critican que estas medidas se concentran en productos legales mientras las zonas francas permanecen con estándares más laxos. Representantes de la sociedad civil, por su parte, señalan que la corrupción arraigada en aduanas y la falta de intercambio de información entre países impiden avances sostenidos.
Tracit propone declarar formalmente las zonas francas bajo jurisdicción aduanera plena, otorgando facultades de inspección en almacenes y puntos de entrada. Esta recomendación genera resistencia entre operadores logísticos que argumentan que mayores controles encarecerían las operaciones legítimas de reexportación.
Tendencias futuras y riesgos estructurales
Si los países de la región no logran armonizar sus marcos regulatorios con tratados internacionales y establecer sistemas compartidos de trazabilidad, el comercio ilícito podría expandirse hacia nuevos productos como baterías de vehículos eléctricos y componentes electrónicos de alto valor. La creciente digitalización del comercio transfronterizo facilita aún más el uso de facturas falsas y triangulación de rutas.
El principal riesgo radica en la normalización de estas prácticas. Cuando la informalidad se percibe como el canal más eficiente para acceder a bienes de consumo, las empresas formales enfrentan competencia desleal que erosiona su capacidad de inversión en calidad y cumplimiento normativo. Sin una respuesta regional coordinada que combine transparencia en zonas francas, fortalecimiento de controles aduaneros y reducción de la corrupción, el índice de Tracit sugiere que Centroamérica seguirá por debajo del promedio global en capacidad para mitigar el comercio ilícito durante los próximos años.
