El 80 % de los convenios colectivos firmados en 2025 incorpora un complemento que eleva la prestación por incapacidad temporal por contingencias comunes. Esta cobertura alcanza a 2,3 millones de trabajadores y representa una mejora sustancial frente al esquema básico de la Seguridad Social, que deja sin ingreso los tres primeros días y paga el 60 % hasta el día 20. La cifra confirma una práctica consolidada que, sin embargo, genera fricciones crecientes entre empresas, sindicatos y administración.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ya había cuantificado en febrero que el ingreso medio del trabajador en baja alcanza el 80 % de la base reguladora en los primeros días y el 97 % a partir del vigésimo primero. Los datos del Ministerio de Trabajo muestran que esta mejora no es nueva: afecta a convenios sectoriales y de empresa firmados desde 2011, lo que indica estabilidad más que expansión reciente.
Por qué los complementos persisten pese al debate
UGT sostiene que las cláusulas de complemento apenas han variado en los últimos años y que, en muchos casos, se han endurecido. Esta observación desmonta la idea de que una mayor cobertura incentive sistemáticamente el absentismo. Los datos de la AIReF respaldan esta lectura: la proporción de convenios con complementos se mantiene en torno al 50 % en el ámbito sectorial y al 65 % en el de empresa desde hace más de una década. La estabilidad sugiere que los acuerdos responden a una negociación estructural sobre reparto de riesgos laborales más que a una carrera por ampliar prestaciones.
El peso real del coste empresarial
Las patronales argumentan que las empresas asumen más de la mitad del gasto total en bajas, que en 2025 alcanzó los 33 000 millones de euros. Hasta el día 15 la empresa paga la prestación; a partir del 16 interviene la Seguridad Social o las mutuas. Los complementos pactados en convenio trasladan parte de esa carga al empleador desde el primer día. Esta distribución explica la propuesta patronal de que la Seguridad Social asuma también cotizaciones y prestaciones durante los primeros quince días, una medida que alteraría el equilibrio financiero actual.
Perspectivas enfrentadas en la mesa de diálogo
La Seguridad Social mantiene abierta una mesa con patronal y sindicatos donde se discute tanto el reparto de costes como la implantación de altas progresivas tras enfermedades largas. Los sindicatos defienden que los complementos forman parte de la protección social pactada y que su retirada reduciría el poder adquisitivo de los trabajadores enfermos. Las organizaciones empresariales, por su parte, consideran que estos pluses actúan como factor no disuasorio y encarecen la gestión de la plantilla. La discrepancia no es solo económica: toca el núcleo de cómo se distribuye el riesgo de la incapacidad temporal entre el Estado, la empresa y el trabajador.
Tres implicaciones estructurales que suelen pasarse por alto
Primera, los complementos refuerzan la segmentación entre trabajadores cubiertos por convenio y los que carecen de ellos. Aunque 2,3 millones de personas se benefician, la mayoría de la población asalariada sigue dependiendo exclusivamente de la prestación pública. Segunda, la práctica de complementar hasta casi el 100 % del salario reduce el incentivo económico para el alta inmediata, pero también limita el efecto de la baja sobre la renta familiar y, por tanto, sobre el consumo. Tercera, el traslado de costes a las empresas puede acelerar procesos de externalización o robotización en sectores con alta rotación de personal y tasas elevadas de incapacidad temporal.
Riesgos de una reforma mal calibrada
Cualquier modificación unilateral de los complementos podría generar litigiosidad y pérdida de poder adquisitivo en colectivos con mayor incidencia de bajas de larga duración. Al mismo tiempo, mantener el statu quo sin abordar el incremento del gasto total (33 000 millones) expone al sistema a tensiones presupuestarias crecientes. La experiencia de las mutuas en el diagnóstico de patologías musculares y traumatológicas, aún limitada a cinco comunidades, muestra que la colaboración público-privada avanza despacio y con resultados desiguales.
Escenarios probables a medio plazo
Es previsible que la Seguridad Social asuma un mayor protagonismo en los primeros quince días de baja a cambio de que las empresas acepten limitar o condicionar los complementos en los próximos convenios. Las altas progresivas, aún por concretar, podrían convertirse en el mecanismo que permita compatibilizar reincorporación gradual y mantenimiento de ingresos. Sin embargo, si el diálogo social no avanza, el conflicto se trasladará a la negociación colectiva sectorial, donde las empresas con mayor siniestralidad presionarán para endurecer las condiciones de los complementos.
El equilibrio actual entre protección pactada y control de costes resulta frágil. Su evolución dependerá menos de la voluntad de las partes que de la capacidad del sistema para absorber un gasto que ya supera los 33 000 millones y que sigue creciendo.
