Congreso pide suspender hito de garantías

El senador Juan Espinal, presidente de la Comisión Quinta del Senado, pidió al Gobierno nacional suspender de manera temporal el hito de entrega de garantías de cumplimiento de la subasta del cargo por confiabilidad, en medio de la discusión sobre si deben admitirse las garantías a primer requerimiento como mecanismo alternativo de cobertura para asegurar proyectos eléctricos del periodo 2029-2030.

La solicitud, enviada a la ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda; al gerente general encargado de XM, Juan Carlos Morales; y a la directora de la Creg, Adriana Jiménez, busca evitar que las exigencias financieras vigentes excluyan iniciativas de generación consideradas relevantes para la seguridad energética del país. El planteamiento se conoció en Medellín el 9 de agosto de 2026, cuando ya había vencido el plazo fijado para la entrega de contratos de combustible o garantías de cumplimiento.

La subasta de asignación de obligaciones de energía firme (OEF) para el periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2029 y el 30 de noviembre de 2030 fue convocada mediante la Resolución CREG 101 079 de 2025. Este mecanismo es una pieza central del cargo por confiabilidad, diseñado para asegurar que el sistema disponga de oferta suficiente en momentos de estrés operativo o crecimiento de la demanda. En la práctica, la subasta no solo reparte compromisos futuros: también filtra qué proyectos logran demostrar capacidad real de construcción y entrada en operación.

Espinal afirmó que varias empresas pidieron tiempo adicional para presentar garantías financieras tipo Sblc, y sostuvo que la restricción sobre ciertos instrumentos puede traducirse en una barrera innecesaria para proyectos que ya están en el radar del sistema. En su carta insistió en que la discusión no pasa por reducir las coberturas exigidas, sino por ampliar el menú de mecanismos aceptables cuando cumplan las condiciones regulatorias de efectividad, irrevocabilidad, incondicionalidad y exigibilidad inmediata.

En ese punto se ubica el núcleo del debate. La regulación vigente, recordó el congresista, permite que el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales presente a consideración de la Creg nuevas modalidades de garantía o instrumentos alternativos surgidos en el mercado, siempre que respeten los principios definidos en la Resolución CREG 061 de 2007. Desde esa lectura, las garantías a primer requerimiento podrían ser evaluadas como una opción válida si ofrecen protección real frente a incumplimientos y preservan el mismo nivel de respaldo para el sistema.

La petición apunta a una tensión habitual en mercados eléctricos con proyectos de largo plazo: cuanto más estricta es la arquitectura de garantías, mayor es la protección para el sistema, pero también mayor el riesgo de que queden por fuera iniciativas técnicamente viables que no acceden con facilidad a determinados instrumentos financieros. En un contexto de crecientes necesidades de expansión y reposición de capacidad, ese equilibrio tiene efectos directos sobre la competencia de la subasta y sobre la diversidad de tecnologías que finalmente logran entrar.

Espinal, del Centro Democrático, sostuvo que la actuación debe ser preventiva y coordinada entre el Ministerio de Minas y Energía, la Creg, XM y el Asic, para evitar que un problema de forma financiera termine convertido, hacia 2029 y 2030, en un riesgo de suministro. Su mensaje plantea que la discusión regulatoria no debería resolverse solo con la lógica del plazo, sino con una evaluación técnica que mida si la garantía propuesta protege al beneficiario con la misma solidez que los instrumentos hoy aceptados.

La discusión queda ahora en manos de las autoridades sectoriales, que deberán decidir si mantienen el calendario tal como está o si habilitan un margen temporal para revisar la admisibilidad de nuevas coberturas. Lo que está en juego no es únicamente la entrada de algunos proyectos a una subasta, sino el tipo de señal regulatoria que recibirá el mercado sobre cómo se certifica, en Colombia, la capacidad futura para sostener el suministro eléctrico.

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